Los fiscales barajan recurrir ante el Supremo el nombramiento de Dolores Delgado
El plazo para impugnar la decisión es de dos meses. Pueden hacerlo los candidatos que aspiraban al puesto o los vocales del Consejo Fiscal
Dolores Delgado en su etapa como fiscal general. | Emilio Naranjo (EFE)
Los fiscales estudian agotar la última bala contra el nombramiento de Dolores Delgado. Las organizaciones críticas con su designación como fiscal de Sala de Memoria Democrática barajan recurrirla ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, encargada de dirimir los recursos contencioso-administrativos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros, el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), las Cortes y otros órganos de poder. La mayoritaria Asociación de Fiscales debatirá la posibilidad de impugnar la elección de Delgado en la Comisión Ejecutiva que celebrará en los próximos días.
El plazo para interponer un recurso ante el Supremo es de dos meses. Pueden hacerlo los tres candidatos que aspiraban al puesto que ha conseguido Delgado: Juan Calparsoro, Luis Ibáñez y Carlos Castresana. En su defecto, también pueden presentarlo los vocales del Consejo Fiscal. Las asociaciones prefieren ser prudentes y estudiar con detalle esa posibilidad porque las decisiones del fiscal general son discrecionales y las recomendaciones de los miembros del órgano no son vinculantes.
El origen de la polémica está en la decisión que tomó el jueves el fiscal general, Álvaro García Ortiz, al proponer a Delgado para la recién creada plaza de Memoria Democrática. Siete de los 11 vocales que conforman el Consejo Fiscal, órgano meramente consultivo, se negaron a deliberar y votar el nombramiento en señal de protesta. Los miembros críticos pertenecen a la Asociación de Fiscales (seis) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
La incompatibilidad de Delgado
Las dos organizaciones críticas trataron sin éxito de que el Consejo Fiscal abordara las posibles incompatibilidades de Delgado para el cargo, ya que su pareja sentimental, el exjuez Baltasar Garzón, dirige una fundación dedicada a los derechos humanos, que serán objeto de esta nueva Fiscalía. Los vocales sostienen que García Ortiz les hurtó la posibilidad de decidir sobre la idoneidad de Delgado para el cargo, como establece el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
«Es un caso evidente de incompatibilidad», resume a THE OBJECTIVE un miembro de órgano. Los fiscales afirman que la exministra de Justicia incluso ha participado en diferentes actos de la Fundación Internacional Baltazar Garzón (FIGBAR), creada después de que el Supremo condenara al magistrado a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel.
El fiscal general elevó un informe al Gobierno donde ensalza las cualidades de su predecesora, de la que aseguró que cuenta con «brillantez jurídica», una «extensa experiencia» en la investigación y persecución de crímenes contra la humanidad, además de haber sido la encargada de exhumar los restos del dictador Francisco Franco. No obstante, la Asociación de Fiscales y APIF trataron hasta el último momento de evitar la designación, que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Gobierno nombró este martes a Delgado fiscal de Sala de Memoria Democrática a pesar del rechazo de la carrera fiscal. Las dos asociaciones críticas solicitaron el lunes a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que frenara la designación porque fue «nula de pleno derecho». Esta elevó la cuestión a la Abogacía del Estado, que indicó que no tenía margen legal para dejar de elevar la cuestión al Consejo de Ministros.
Advertencia de los fiscales
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales ha acusado al Gobierno de dañar la imagen de la carrera fiscal por no rectificar el nombramiento de Delgado a pesar de sus advertencias. Dexeus subraya en un comunicado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE que estas advertencias «no le importan en absoluto» al fiscal general.
A continuación a vuelto ha dejar abierta la puerta del Supremo al asegurar que la Ejecutiva de la organización «debatirá y reflexionará sobre la posibilidad de impugnarlo vía jurisdiccional».
Pueden no ser los únicos. APIF también está valorando esa vía. De momento, ya ha anunciado que trasladará el caso a la Comisión Europea para que lo incluya en su informe anual sobre el estado de derecho en España. Las próximas conclusiones se publicarán dentro de un mes.
