El Gobierno admite que no tiene la puntuación que obtuvo La Coruña para acoger la sede de IA
Un proceso en que también participó la capital granadina y que fue recurrido por la asociación Juntos por Granada y por el Ayuntamiento de la ciudad
Nadia Calviño (i) y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey (d). | M. Dylan / Europa Press / ContactoPhoto
El Gobierno ha dado traslado de un oficio en que indica que no dispone de la documentación con las tablas de valoración y la puntuación detallada obtenida por las candidaturas presentadas para ser sede física de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), después de que el Tribunal Supremo le requiriera la información del expediente administrativo de la designación de La Coruña en un proceso en que también participó la capital granadina y que fue recurrido por la asociación Juntos por Granada y por el Ayuntamiento de esta ciudad andaluza.
Así lo ha puesto el Supremo en conocimiento de Juntos por Granada en una diligencia de ordenación en el marco de la tramitación del recurso que interpuso tras la designación de la sede de la Aesia en La Coruña, y que incluye este oficio del Ministerio de Política Territorial y en concreto de la comisión consultiva para la determinación de las sedes de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal.
Expone además que el Real Decreto 209/2022 «no prescribe una metodología concreta para la elaboración del informe ni del dictamen de la comisión consultiva, que goza de libertad» para determinar la sede «y los ha realizado cumpliendo el tenor literal del artículo 6» del mismo, «por lo que no ha lugar la exigencia de una valoración numérica o cuantificable para cada criterio, como solicita la parte recurrente».
En este contexto, Juntos por Granada ha presentado un escrito de ampliación del expediente incluyendo la tramitación urgente recogida en la referencia de este pasado martes del Consejo de Ministros para el proyecto de Real Decreto por el que se crea la Aesia y en el que también se aprueban sus estatutos, todo ello después de que la Junta de Andalucía haya pedido la suspensión del proceso y su reactivación desde cero.
