El juez procesa por terrorismo al jubilado que envió cartas bomba a Sánchez y otros órganos

El envío de seis cartas bomba tuvo en vilo a España en noviembre. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha procesado este martes por delitos del terrorismo al jubilado que las envió. Una de ellas iba dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También remitió paquetes explosivos a la ministra de Defensa, la Embajada de Ucrania en España y varias instituciones, como el centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. El magistrado sostiene que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo al presunto autor de los ataques, Pompeyo G.P.

Calama también atribuye al acusado delito de fabricación y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista, según el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Calama explica que, aunque no hay indicios de que pertenezca a un grupo terrorista organizado, las acciones que se le imputan a Pompeyo, de 74 años, el contexto en que se produce (la guerra de Ucrania), la viabilidad de que los artefactos estallaran (como ocurrió en la Embajada de Ucrania, donde hubo un herido) y los destinatarios evidencian que está «presente el objetivo de alterar la paz pública».

Calama entiende que con esos envíos transmitió el mensaje de que nos encontramos ante unas acciones efectuadas  por personas vinculadas a Rusia como represión hacia los intereses de España y Estados Unidos como consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa, «como obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa».

Pruebas de ADN

En su resolución, el magistrado detalla todos los indicios que sitúan al investigado como autor del envío de los explosivos, entre ellos la entrada y registro en su casa, en Burgos, donde fue detenido a finales de enero. En la vivienda se hallaron varias varillas cilíndricas que pueden corresponder con el mismo tipo que alojaban en su interior el pistón incendiario de los artefactos explosivos caseros, diferentes tornillos junto con muelles similares al percutor que se utilizó en esos artefactos y taladros con brocas de precisión similares a las empleadas.

El auto revela que en los restos de ADN encontrados en los artefactos aparece un mismo perfil genético correspondiente a un varón. Los investigadores establecieron un dispositivo de vigilancia sobre Pompeyo y recogieron sus muestras de una bolsa de residuos que depositó en un contenedor cercano a su domicilio. La Policía Científica realizó un análisis que constató que «el ADN extraído de los vestigios abandonados coincide con el perfil genético recogido en los sellos y en las diferentes partes internas de los artefactos explosivos».

Calama precisa que los sobres de cartón dirigidos al Ministerio de Presidencia, a la Embajada de EE.UU, y a la base de Torrejón de Ardoz, que no explosionaron, se encontraron matasellados de forma parcial por el Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Valladolid. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de este centro pusieron de manifiesto que los siguientes artefactos habían sido procesados allí.

Una vez efectuada la trazabilidad de estos sobres en sentido inverso hasta los camiones de reparto, las rutas seguidas han permitido constatar que los envíos podrían haber partido de diferentes buzones exteriores de Burgos. Además, el análisis de los sellos estampados ha determinado que las dos únicas expendedurías donde se pudieron comprar eran dos estancos sitos en las calles San Pablo y Sombrerería.

Compras online

Otro de los indicios apunta que las características de los sobres utilizados para los envíos conducen a una página web que comercializa su venta online. De la información solicitada a esta empresa comercializadora sobre todas aquellas personas físicas y jurídicas que adquirieron ese tipo de sobres aparece Pompeyo, que adquirió 25 sobres de estas características.

La investigación también llevó a solicitar a Amazon información sobre las compras efectuadas por el presunto autor de los envíos. Las adquisiciones han puesto de manifiesto que, entre los meses de junio y julio, Pompeyo adquirió un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores y filamentos de cobre y bombillas incandescentes. Y que, entre los meses de octubre y noviembre, también compró pegatinas adhesivas, tornillos, brocas de precisión y plantillas para dibujar los números y las letras.

El juez de la Audiencia Nacional destaca que la comparación y análisis científico de estos productos adquiridos y los utilizados en la confección de los sobres y cajas que contenían las sustancias explosivas permite constatar que las etiquetas autoadhesivas de color blanco adquiridas son del mismo tipo que las que se coloraron en el dorso de los sobres donde se anotó el destinatario y su dirección. Calama considera que los hechos son constitutivos de un delito de terrorismo y otro de fabricación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.

Ambos delitos se atribuyen al procesado en su modalidad agravada al tener en cuenta que los envíos se dirigieron expresamente al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa con su nombre y primer apellido. Dicha circunstancia, aclara el juez, permite incardinar los hechos en el tipo agravado del párrafo segundo del art. 573 bis del Código Penal, conforme al cual las penas se impondrán en su mitad superior si los hechos se cometieran contra «los miembros del Gobierno».

En cuanto al delito de terrorismo, Calama recoge la doctrina del Tribunal Constitucional y del Supremo, en la que se señala que es posible considerar una acción como terrorista aunque no aparezca vinculada a la existencia de una banda organizada cuando, por su naturaleza, tenga la entidad suficiente para alterar gravemente la paz pública, es decir, la capacidad de crear en la población la situación de alarma o inseguridad configurará la acción como terrorista.