El Supremo ratifica a Llarena y procesa a Puigdemont por desobediencia y malversación
El expresidente de la Generalitat no será juzgado por sedición tras la reforma aprobada en enero por el Gobierno de Pedro Sánchez de la mano de ERC
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. | Marta Fernández (Europa Press)
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la decisión del juez del ‘procés’ Pablo Llarena de procesar al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont por delitos de desobediencia y malversación en el marco de la revisión efectuada tras la entrada en vigor de la reforma penal que derogó el delito de sedición por el que en un principio se investigaba al líder independentista.
La Sala de Apelación constituida en el alto tribunal para resolver los recursos interpuestos por Puigdemont y el resto de rebeldes del ‘procés’ contra las resoluciones de Llarena ha desestimado los argumentos de las defensas y de la acusación popular ejercida por Vox.
Así las cosas, los magistrados han confirmado la resolución que el magistrado instructor dictó el pasado marzo. La decisión ha trascendido este jueves, después de que el pasado 8 de junio se celebrara una vista de apelación en el Supremo.
«Los encausados desplegaron e impulsaron una desobediencia civil y una insurrección institucional orientada a alterar el orden constitucional, sin ninguna llamada a la violencia, no unos desórdenes públicos por medio de la violencia», dice la Sala.
Llarena, ratificado
Los magistrados siguen así la línea fijada por el tribunal que juzgó a los líderes independentistas que hace unos meses rechazó calificar los hechos como desórdenes públicos y explicó que la reforma de la malversación no altera el procesamiento por este delito, ni cabe incluir los hechos en los nuevos subtipos atenuados fijados, que se cometen cuando no existe ánimo de lucro.
En la vista de apelación, la defensa del expresident pidió anular las órdenes nacionales de detención y revocar el procesamiento de Puigdemont y de los exconsellers para «que se adapte el procedimiento a la realidad gestada por el poder ejecutivo y legislativo» porque «ninguno es responsable del desaguisado de una reforma penal deplorable».
En su opinión, el auto de procesamiento había quedado «desfasado» y obsoleto debido al «transcurso del tiempo y algunos hechos» tales como la sentencia del proces y la reforma penal que deroga la sedición y modifica el delito de malversación, que ha situado a este procedimiento en «un escenario de embrollo procesal».
Pero la Fiscalía respondió que lo único que pretendían los rebeldes es «liar más procesalmente el asunto para seguir planteando nuevas batallas» en los tribunales cuando «todo este empantanamiento procesal no ha sido obra del tribunal, ni de la Fiscalía ni de la Abogacía, ha sido obra de los recurrentes».
