Los funcionarios de Justicia echan un pulso al Gobierno y se encierran en cinco sedes
Los trabajadores amenazan con continuar el órdago hasta que el departamento que dirige Pilar Llop convoque al comité de huelga para negociar
Los funcionarios de Justicia echan un nuevo pulso al Gobierno. Grupos de trabajadores han aprovechado las asambleas celebradas este miércoles en toda España para encerrarse en cinco sedes judiciales. Amenazan con continuar el órdago hasta que el departamento que dirige Pilar Llop convoque al comité de huelga para negociar, después de tres reuniones infructuosas y 66 días en lucha. El Ejecutivo no tiene intención de retomar los contactos para finalizar el conflicto hasta que se celebren las elecciones generales del 23-J.
Los trabajadores se han negado a abandonar las sedes de Madrid, Barcelona, Murcia, Cartagena y Pamplona tras las asambleas. Siguen la estela de los cinco compañeros que se atrincheraron durante tres días a principios de junio en el Ministerio de Justicia tras reunirse con el secretario de Estado, Tontxu Rodríguez. Los sindicatos le acusaron de abandonar la mesa de negociación «de forma abrupta» y reclamaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cambiara de interlocutor.
«Desde Cartagena vamos a seguir esta huelga indefinida porque esta lucha la vamos a ganar», explica uno de los participantes en el encierro de la ciudad murciana. Sus compañeros gritan lemas como «ministra escucha, Justicia está en la lucha» o «jueces y letrados ya están apañados», en referencia al acuerdo que el Gobierno cerró con ambos colectivos.
Escraches al Gobierno
Los encierros en las sedes judiciales han sido seguidos por decenas de personas. El más numeroso, el que han protagonizado los funcionarios de Justicia en Madrid. Unas 70 personas según las fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE tomaron el salón de actos de los juzgados de Plaza Castilla coreando al unísono consignas como «Aquí estamos y no nos vamos». «Ha sido una decisión espontánea», reconoce Luis Calero, portavoz de CCOO.
«Sánchez no hace nada, Justicia está parada», han clamado los profesionales confinados en Murcia. Los sindicatos calculan que desde el comienzo de los paros el pasado 17 de abril (se convirtieron en indefinidos en plena campaña electoral de las municipales) se han suspendido 1,5 millones de actuaciones, entre vistas, juicios, citaciones, notificaciones, declaraciones y diligencias de embargo.
El comité de huelga, conformado por CCOO, CSIF, STAJ y UGT, había convocado este miércoles asambleas en toda España para informar de las medidas de presión acordadas. Entre ellas, manifestaciones en Madrid y en las capitales de provincia, contactos con los partidos políticos y escraches a los dirigentes del PSOE. Un grupo de funcionarios de Justicia ya irrumpió el pasado domingo en un acto de Sánchez en Dos Hermanas (Sevilla).
Tras las asambleas de este miércoles, algunos trabajadores han decidido permanecer en las sedes judiciales «de forma continuada e indefinida como una nueva medida de presión en el conflicto», destacan los sindicatos. Calero ha reconocido su preocupación por cómo van a poder alimentarse, ya que hace semanas el departamento de Llop se negó a facilitar comida a los compañeros que se encerraron en el ministerio. También le inquieta si las fuerzas de seguridad van a expulsarles.
Pausa hasta el 23-J
Es justo lo que ha pasado en la Ciudad Judicial de Barcelona poco antes de las 22.00 horas de este miércoles. «Nos acaban de echar los mossos. No teníamos opción porque no podíamos quedarnos con esterillas, ni con comida, sino con lo puesto y apoyados en una columna», reconocía uno de los participantes mientras abandonaba el recinto. Otro aseguraba en redes sociales que la juez decana, Cristina Ferrando, había ordenado el desalojo y «nos echan».
Los sindicatos reclaman un aumento salarial de entre 350 y 430 euros al mes y paralizar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa porque «impone nuevas condiciones laborales a 45.000 funcionarios». El Gobierno sostiene que la normativa ha decaído con la disolución de las Cortes y que el incremento económico debe negociarse tras el 23-J. En una entrevista con este diario, el secretario de Estado de Justicia insistió en que «será el próximo gobierno el que negocie sus condiciones salariales».
Hace dos semanas, el comité de huelga planteó a los funcionarios de Justicia la posibilidad de poner fin a los paros y retomarlos tras el 23-J. La respuesta fue mantener el pulso. Los sindicatos proponían continuar con las movilizaciones, aunque reconocían el hartazgo y la frustración que estaba causando en gran parte de los trabajadores «a causa del altísimo coste económico que supone una huelga de tan larga duración sin que hasta la fecha se hayan obtenido resultados positivos en la escasa o nula negociación».
El comité de huelga se ha reunido en tres ocasiones con los representantes gubernamentales. La primera vez el 20 de abril, aunque ambas partes acordaron verse cuatro días más tarde.
Los contactos se retomaron el 6 de junio, aunque los sindicatos denuncian que en «una actitud incomprensible, irresponsable e ilegal del Ministerio de Justicia» que amparada por Sánchez «está demostrando que no les importa ni la prestación del servicio ni las condiciones laborales del personal». Días antes de esa reunión, denunciaron a Llop ante el Tribunal Supremo por bloquear la negociación.
