Los funcionarios de Justicia sopesan poner fin a la huelga y retomarla tras las elecciones

Los funcionarios de Justicia tendrán la última palabra. El comité de huelga ha convocado este martes a los empleados para que decidan si continúan con los paros indefinidos tras la negativa del Gobierno a negociar. Los trabajadores consultados por THE OBJECTIVE manifiestan que son partidarios de poner fin al conflicto y retomarlo tras las elecciones generales del 23-J. Los sindicatos proponen acciones reivindicativas aunque se acuerde concluir la huelga, entre ellas dos manifestaciones en Madrid antes de los comicios y concentraciones en las sedes y los actos electorales del PSOE.

El comité de huelga (conformado por CSIF, STAJ, CCOO y UGT) acordó el plebiscito el viernes, tras finalizar el encierro de tres días en la sede del Ministerio de Justicia. Los representantes de los trabajadores aprovecharon la reunión con el Gobierno para quedarse en el edificio. Lo hicieron, explican los sindicalistas, como medida de presión para que el secretario de Estado, Antonio Tontxu Rodríguez, volviera a la mesa de negociación tras «abandonarla de forma abrupta».

Los sindicatos pedirán a los trabajadores en las asambleas previstas este martes en toda España que elijan entre dos opciones. La primera, si son partidarios de continuar con la huelga indefinida que iniciaron el 22 de mayo, en plena campaña de las elecciones municipales, teniendo en cuenta «el impacto del periodo de vacaciones». La segunda propuesta supone aplazar la huelga «hasta la constitución del nuevo gobierno».

Acciones contra Justicia

La consigna de los sindicatos es continuar con las movilizaciones, aunque reconocen el hartazgo y la frustración que está causando en gran parte de los 45.000 funcionarios de Justicia «a causa del altísimo coste económico que supone una huelga de tan larga duración (las primeros paros comenzaron el 17 de abril), sin que hasta la fecha se hayan obtenido resultados positivos en la escasa o nula negociación». El comité de huelga se ha reunido hasta en tres ocasiones con los representantes gubernamentales.

«El numero de huelguistas, siendo dispar por territorios, es escaso y con tendencia a la baja en los últimos días», reconocen los sindicatos en un comunicado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En su opinión, el anuncio de elecciones generales para el 23-J «modificó el escenario de la negociación al ser utilizado de forma sistemática por el Ministerio de Justicia para eludir la preceptiva negociación». No obstante, consideran que la convocatoria electoral «no merma la capacidad del Gobierno».

A la vista de «la nula voluntad» de los representantes públicos, y «por el coste del esfuerzo realizado», su intención es poner poner punto y aparte a la huelga hasta que se constituya el próximo gobierno. «Es un factor positivo y un aliado (…) pues las vacaciones no se cubren por personal alguno y nadie realizará las tareas paralizadas. El mes de agosto es inhábil», insisten los sindicalistas. Para contrarrestarlo han lanzado una serie de medidas de presión.

El comité de huelga propone presionar con reuniones a los grupos políticos que puedan conformar mayorías en el próximo gobierno, comunicar a los candidatos socialistas que pedirán a los trabajadores que no les voten, convocar dos nuevas manifestaciones en Madrid, «una antes del 1 de julio y otra en campaña electoral», realizar diferentes movilizaciones por todo el territorio nacional, estudiar medidas de encierro y asistir a protestas y concentraciones en las sedes y los actos electorales del PSOE.

«Darse contra un muro»

Varios funcionarios de Justicia han reconocido a este diario que votarán a favor de posponer la huelga ante la imposibilidad de negociar con el Gobierno. «Es como darse contra un muro», se lamentan. La sensación generalizada es que mantener los paros de forma indefinida no tiene sentido en este momento por la incertidumbre de los comicios.

«El conflicto continúa. No se cierra salvo que los trabajadores se manifiesten de forma unánime en esa dirección», insisten los sindicalistas. El Gobierno se ha comprometido a negociar tras las elecciones. El comité de huelga ya ha reclamado a Pedro Sánchez que debe relevar a Rodríguez al no considerarlo «un interlocutor válido», aunque quizás tengan que hacerlo con un equipo de distinto signo político.

El Sindicato Profesional de Justicia de la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO) también ha remitido un documento a sus afiliados en Andalucía. La organización plantea realizar encierros «abanderados en cada provincia por la Junta de Personal y abiertos a cuantos compañeros quieran unirse». Además, propone que estas medidas se lleven a cabo en dos provincias de forma simultánea.

Tienen la intención de sumar al comité de huelga a la reunión que mantendrán el 15 de junio con el Ministerio de Justicia porque «la unión hace la fuerza». Además, propone que los cuatro sindicatos mayoritarios realicen una nueva manifestación en la capital y llama a realizar escraches en actos públicos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a las ministras de Justicia (Pilar Llop); Hacienda (María Jesús Montero) y Trabajo (Yolanda Díaz).

Escraches a políticos

El departamento que dirige Llop sostiene que Rodríguez trasladó la semana pasada al comité de huelga el compromiso de continuar el diálogo tras las elecciones del 23-J «en un necesario marco de sosiego y estabilidad nacional y autonómica». El secretario de Estado considera que la disolución de las Cortes supone el decaimiento de todos los proyectos legislativos que se encontraban en tramitación parlamentaria. Entre ellos, la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa.

Los funcionarios de Justicia fueron convocados el pasado martes tras anunciar que presentarían una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra la ministra de Justicia por no citarles a negociar. El encuentro comenzó a las 12.30 horas, pero el comité de huelga afeó al secretario de Estado que no presentara ninguna oferta de incremento salarial y se pospuso a la tarde. Los sindicalistas calificaron la oferta como «una burla después de mes y medio de huelga» y exigieron una más concreta por escrito.

Los sindicatos reclaman un aumento salarial de entre 350 y 430 euros al mes y paralizar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa porque «impone nuevas condiciones laborales a 45.000 funcionarios». Las partes volvieron a verse a las 17.00 horas. Los representantes de los trabajadores afirman que en esa reunión el Gobierno les presentó un documento de una página que «ni siquiera traslada los planteamientos que había formulado verbalmente durante la mañana», por lo que decidieron encerrarse en la sede ministerial.