Investigan si cinco ediles electos de EH Bildu pagaron su responsabilidad civil por terrorismo
La Justicia determinará cuál es el grado de ejecución de las responsabilidades, si se ha abonado el pago, si ha prescrito o la situación en la que se encuentran
Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional ha acordado investigar, a petición de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, si cinco de la veintena de candidatos electos de EH Bildu que fueron condenados hace años por delitos de terrorismo han satisfecho el pago de la responsabilidad civil que se les impuso en sentencia.
Esta asociación de víctimas presentó el pasado 8 de junio un escrito en el que constataba que una veintena de candidatos de EH Bildu que resultaron elegidos en los pasados comicios autonómicos y municipales de mayo y en los de 2019 y 2015 habían sido «condenados por delitos de terrorismo», y pedía examinar si tenían abonada la responsabilidad civil que se les impuso o debían hacer frente a la misma con sus bienes, incluidos los sueldos públicos.
En respuesta a ese escrito, el servicio de ejecutorias de la Audiencia Nacional ha realizado una búsqueda para determinar, en primer lugar, a cuántos de los citados candidatos se les impuso responsabilidad civil, y ha acotado la cifra a cinco personas.
Ahora, la Audiencia Nacional determinará cuál es el grado de ejecución de dichas responsabilidades civiles, es decir, si se ha abonado el pago, si ha prescrito o la situación en la que se encuentran, informan a EFE fuentes jurídicas.
Entre esos cinco se encuentran Miren Aranzazu Carrera, que tiene cuatro sentencias en las que se le impuso condena por responsabilidad civil, José Ángel Viguri, Gorka Betolaza, Juan Carlos Arriaga e Iker Isiegas.
Entre los delitos por los que fueron condenados figuran estragos, robo, secuestro, asesinato o transporte de sustancias incendiarias, según consta en el cuadro elaborado por el servicio de ejecutorias.
Por otra parte, de cinco de los candidatos electos mencionados por Dignidad y Justicia en su escrito no se han encontrado registros de sus condenas.
En una diligencia de ordenación dictada esta semana, el servicio de ejecutorias da traslado de esta situación a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía, al Ministerio del Interior o a la Oficina de Víctimas del Terrorismo, a quienes solicitan información como la relación de condenas o los procedimientos de recaudación abiertos.
