'Caso Colau': piden imputar al 'dos' de Sumar en Barcelona por dar subvenciones a ONG afines
La acusación particular solicita a la Audiencia de Barcelona que autorice investigar la implicación de Gerardo Pisarello
El número dos de la lista de Sumar por Barcelona, Gerardo Pisarello. | Europa Press
El caso Colau acecha a dos de los principales candidatos de Yolanda Díaz al Congreso de los Diputados por Barcelona. Se trata de Gerardo Pisarello y Eloi Badia, personas de máxima confianza de Ada Colau que ocupan, respectivamente, los puestos dos y cinco en la lista de Sumar por esa provincia para las elecciones generales del 23-J. La acusación particular ha solicitado a la Audiencia Provincial que autorice imputar a ambos en la causa en la que se investiga a la exalcaldesa de Barcelona por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones directas a entidades sociales en las que trabajaron la propia Colau, además de Pisarello y Badia.
En un recurso de apelación, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática pide a la Audiencia Provincial de Barcelona que revoque el último auto del juez del caso Colau y ordene practicar una batería de diligencias que hasta el momento han sido rechazadas por el magistrado instructor y la Fiscalía anticorrupción. Entre otras cuestiones, solicitan investigar la implicación de Pisarello, Badia y otros cinco exintegrantes del equipo de gobierno de la exalcaldesa de Barcelona.
Todos ellos formaron parte durante el mandato de Colau de la Comisión de Gobierno que aprobó en 2016, 2018 y 2020 dar subvenciones directas, por un procedimiento extraordinario (sin publicidad ni licitación previa), a cuatro organizaciones sociales donde la exalcaldesa y sus exconcejales trabajaron antes de dar el salto a la política. Se trata del Observatorio DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la organización Enginyeria Sense Fronteres (ESF). Pisarello trabajó como vicepresidente del Observatori DESC cuando la propia Colau era asalariada de dicha entidad. Hasta que en 2014 ambos fundaron el partido Barcelona en Comú y ganaron las municipales un año después.
Pisarello, salpicado por el ‘caso Colau’
«Durante el primer mandato de la investigada (2015-2019), el señor Pisarello fue el primer teniente de alcalde y, por ende formaba parte de la Comisión de Gobierno que aprobó los Convenios de 2016 y 2018 entre el Ayuntamiento de Barcelona y las entidades Observatori DESC, PAG, APE y ESF», indica la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. El recurso busca revertir el reciente auto del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona en el que se rechaza abrir nuevas líneas investigación, como revisar las cuentas de las entidades afines que recibieron los fondos públicos o llamar a declarar como imputados a otros integrantes del equipo municipal de gobierno de Colau.
Eloi Badia, por su parte, fue el responsable de la campaña del agua de ESF entre 2007 y 2015. Ese año, cuando Colau ganó las elecciones municipales, pasó a ocupar diversos cargos como concejal en el gobierno de la ahora exalcaldesa. Entre otros, el número cinco de Sumar por Barcelona para las elecciones del 23-J, se desempeñó como concejal de Presidencia, de Agua y de Energía y, posteriormente, ocupó la concejalía de Emergencia de Climática y Transición Ecológica.
«Como concejal ha formado parte de la Comisión de Gobierno desde 2015 y ha aprobado los convenios de 2016,2018 y 2020. Si bien es cierto que el señor Badia estuvo ausente en durante las sesiones celebradas el 22 de diciembre y el 13 de diciembre de 2018 en las que se aprobaron los convenios de los mismos años, sí estuvo presente en las sesiones de 15 de enero de 2019 y de 11 de febrero de 2021, de aprobación y disposición de gastos relativos a estos proyectos» .
Siete exconcejales de Colau en la mira
Es decir, Pisarello y Badia formaron parte de la Comisión de Gobierno cuando se aprobaron algunos de los convenios para subvencionar durante los años 2016, 2018 y 2020 a las entidades sociales en las que trabajaban antes de dar el salto a la política junto a Colau. Si se cumplen los cálculos de Sumar, ambos obtendrían la condición de aforados tras las elecciones. De ahí que la acusación particular haya pedido ahora a la Audiencia de Barcelona que autorice su imputación.
Colau es por el momento la única imputada en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 21 de esa ciudad. Se investigan presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias por la concesión de importantes sumas de dinero, a través de un procedimiento extraordinario (sin publicidad ni licitación previa) a entidades sociales afines. Además, en su recurso, la acusación particular pide a la Audiencia Provincial que también se llame a declarar como investigado al exdiputado Jaume Asens (excolaborador de la PAH y secretario del Observatori DESC antes de ocupar cargos en el Ayuntamiento durante el primer mandato de Colau).
Por haber formado parte de la comisión que tramitó las subvenciones, también se solicita imputar a los exconcejales Janet Sanz, Marc Serra (ex técnico de proyectos y jurista en el Observatori DESC y asesor de la tenencia de la Alcaldía de Barcelona hasta 2019) y Laura Pérez. Completan la lista una exregidora del área de Derechos Sociales del Ayuntamiento y la actual directora del Observatori DESC, «cuya colaboración es necesaria para la comisión de los presuntos delitos que se exponen en la querella y que se investigan en estas diligencias».
Remitir la causa al Tribunal Supremo
En total son siete los miembros de Barcelona En Comù, incluidos los dos que forman parte de las listas de Sumar para el 23-J, a quienes la acusación particular solicita investigar. La petición se ha realizado directamente en apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, después de que el juez instructor dictara recientemente un auto en el que se oponía a ampliar la investigación a otras personas que han formado parte de la tramitación de las ayudas a las entidades sociales afines a Colau.
Ante la posibilidad de que Pisarello y Badia resulten electos como diputados tras el 23-J y adquieran la condición de aforados antes de que la Audiencia Provincial adopte una decisión al respecto de su imputación, la acusación particular pide que el juez instructor se abstenga del caso y «se remitan las actuaciones íntegras a la Sala Segunda del Tribunal Supremo». En el recurso se considera que el instructor no habría motivado de forma suficiente su oposición a citar como imputados a esas ocho personas y a acordar la práctica de nuevas diligencias.
El magistrado Ignacio Sánchez García-Porrero había marcado una línea roja que la acusación particular pretende derribar ahora en otra instancia superior. El juez instructor solo está dispuesto a investigar aquellas cuestiones que «coincidan» con las señaladas por la Audiencia Provincial en el auto del pasado mes de noviembre por el que ordenó reabrir la causa contra la ahora exalcaldesa.
¿Investigación prospectiva?
«Entendiendo esta parte que la Audiencia Provincial no quiso hacer un ‘numerus clausus’ de diligencias de investigación (…) es por ello de interés para esta parte que la ilustrísima Sala revoque el auto recurrido en este punto y acuerde la imputación de las personas mencionadas en los párrafos anteriores», indica la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática en su recurso.
El titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, en línea con lo señalado por la Fiscalía Anticorrupción, consideraba improcedente y con carácter «meramente prospectivo» la petición de imputar al resto de integrantes de la Comisión de Gobierno cuando se aprobaron las ayudas a las entidades vinculadas al Observatori DESC. La Audiencia Provincial ya ordenó en noviembre pasado la reapertura de la causa, que había sido archivada por el juez instructor a instancias del Ministerio Público.
«Lo que se pretende mediante las diligencias solicitadas por esta parte, o las solicitadas por la Asociación de Abogados Constitucionalistas, e inadmitidas por el órgano instructor, no es proceder a una ‘causa general’o ‘investigación prospectiva’ contra la querellada y su equipo de gobierno, a fin de encontrar todas las ‘pequeñas irregularidades administrativas’ de cada expediente tramitado, sino poner de manifiesto que existe, desde una perspectiva global, una situación irregular en la concesión de los expedientes mencionados que, conjuntamente considerados, constituyen una serie de indicios delictivos que merecen ser investigados», concluye el recurso.
