Los letrados de la Justicia reactivan su demanda contra el Gobierno ante el Supremo
La presentarán de forma «inminente» para exigir a Sánchez que cumpla el acuerdo que firmaron el 28 de marzo
Funcionarios de Justicia durante una concentración frente al ministerio. | A. Pérez Meca (Europa Press)
Tras la resaca electoral, vuelta a la realidad. Los letrados de la Justicia van a presentar de forma «inminente» una demanda en el Tribunal Supremo para exigir que el Gobierno cumpla el acuerdo que firmó el pasado 28 de marzo. La posibilidad de que Pedro Sánchez continúe en La Moncloa les ha llevado a intensificar la vía judicial. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE reconocen que el texto se está ultimando y que se registrará en los próximos días ante el Alto Tribunal, el órgano competente para revisar las actuaciones del Ejecutivo.
Los letrados y el Ministerio de Justicia firmaron hace cuatro meses un acuerdo que incluía una subida salarial de hasta 450 euros brutos mensuales. De esa forma se ponía fin a una huelga que se había alargado durante dos meses. La disputa comenzó a finales de enero, cuando los trabajadores públicos solicitaron mejoras salariales para compensar la carga de trabajo que dicen haber asumido en los últimos años.
El límite para ejecutar el pacto finalizaba este mes. El último Consejo de Ministros celebrado antes de las elecciones del 23-J tampoco aprobó el incremento retributivo acordado con los letrados de la Justicia, lo que llevó a los funcionarios a anunciar nuevas medidas de presión y activar la vía judicial.
El acuerdo con Justicia
Las asociaciones que representan a estos profesionales acudieron a un prestigioso despacho de abogados que ya tiene casi lista la demanda. La presentará ante el Supremo en los próximos días, algo que no impedirá retirarla en caso de que el Consejo de Ministros dé luz verde al incremento salarial.
«El Gobierno tiene capacidad para aprobarlo aunque esté en funciones», sostiene Juan José Yáñez, portavoz de los letrados de la Justicia. En su opinión no se debe demorar la acción judicial, aunque no cierra la puerta a un cambio de escenario si hay relevos en el Ministerio de Justicia. «No cumplir lo que se acuerda no tiene sentido», insiste el dirigente de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ).
Los letrados de la Justicia tienen la intención de recuperar las medidas de presión y no descartan nuevos paros. No es la opción prioritaria, ya que consideran que supondría perjudicar a los ciudadanos. Durante los dos meses que duró la huelga se cancelaron 360.000 juicios y vistas, se quedaron sin tramitar más de 420.000 demandas y se bloquearon 1.300 millones de euros de la cuenta de consignaciones.
Fuentes gubernamentales aseguran que los incrementos salariales «no corren ningún peligro» y que el acuerdo se cumplirá porque es vinculante. El pacto desató un efecto dominó. Jueces y fiscales amenazaron con acudir a la huelga si no se mejoraba también su retribución. El Gobierno les ofreció 46 millones para evitarlo, esto es, otros 450 euros por persona, pero tampoco han visto reflejado aún el aumento en sus nóminas.
Los funcionarios de Justicia han corrido peor suerte, ya que ni siquiera han recibido una oferta, por lo que mantienen las protestas. En la última campaña protagonizaron varios escraches a los candidatos socialistas. El pasado 20 y 21 de julio un nutrido grupo de estos trabajadores estuvo presente en Logroño, donde se celebró la cumbre de ministros de Justicia e Interior en la que participó Llop. De esa manera, defienden sus representantes, dieron una dimensión europeísta al conflicto.
