Reino Unido impide que España apele la sentencia por los embargos de las renovables
Un laudo obliga a indemnizar a una de las empresas afectadas por la retirada de ayudas con 121 millones de euros
Parque eólico en Las Merindades, en Burgos. | Mikel Bilbao Gorostiaga (Zuma Press)
La cuenta atrás ha comenzado. La orden de embargo que pesa sobre los activos españoles en Reino Unido está cada vez más cerca de ejecutarse. La Corte Suprema británica ha desestimado una nueva solicitud de España para apelar la sentencia que le obliga a indemnizar con 121 millones de euros a Antin Infrastructure Partners, una de las empresas afectadas por la retirada de primas a las energías renovables.
La Corte Suprema rechazó el pasado jueves una nueva apelación contra la resolución favorable a Antin. El juez Peter Fraser considera que España no puede alegar inmunidad soberana para evitar pagar a las empresas de energías renovables afectadas por la retirada de ayudas hace una década. En una resolución a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el magistrado confirma la decisión que tomó a finales de mayo, cuando declinó una petición similar.
Para no pagar, España se aferra a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que data de septiembre de 2021. Los servicios jurídicos del Estado consideran que el fallo, que limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria, crea jurisprudencia.
Embargos inminentes
La Comisión Europea considera ilegales los laudos que son resultado de acuerdos arbitrales entre países miembros por ser contrarios al derecho comunitario y aboga por resolverlos en sus tribunales en lugar del Ciadi. Para ello ya ha solicitado formalmente abandonar el Tratado de la Carta de la Energía, que obliga a los firmantes a garantizar las inversiones extranjeras.
Las fuentes consultadas explican que el Gobierno español aún puede presentar un recurso ante el Tribunal de Apelación. No obstante, precisan que la resolución de la semana pasada no afecta el calendario para ejecutar deudas de terceros, que prevén en enero. Nick Cherryman, socio del bufete neoyorquino Kobre & Kim LLP y abogado de las empresas afectadas, considera que España está dilatando el proceso pero que los embargos deben producirse en los próximos meses.
Los litigios comenzaron con el plan de apoyo a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables que aprobó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Seis años más tarde, el Gobierno de Mariano Rajoy modificó ese régimen perjudicando a las empresas que habían comenzado a recibir las ayudas, ya que la normativa tenía carácter retroactivo.
España acumuló 51 procedimientos en instancias internacionales. Una veintena de los resueltos hasta la fecha han sido favorables a las empresas. Las indemnizaciones reconocidas superan los 1.200 millones de euros. Entre ellos, los 121 que el Estado adeuda a Antin, según un laudo resuelto en 2018 por el Ciadi, una institución dependiente del Banco Mundial que se encarga de dirimir estos pleitos. No obstante, el fondo francés ha vendido a Centerbrigde su arbitraje, lo que allana su OPA a Opdenergy.
Legitimidad de los tribunales
El incumplimiento sistemático de esas resoluciones llevó a varias compañías a elevar sus casos a los tribunales ordinarios. La Corte Suprema del Reino Unido aceptó por primera vez en abril confiscar bienes españoles en ese país para satisfacer los pagos. La resolución incluía el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Londres, sus cuentas bancarias y la sede de la embajada comercial de Cataluña.
El Gobierno recurrió la decisión, pero sus apelaciones fueron rechazadas a finales de mayo. El juez Fraser afeó que se presentara el recurso al considerar que «cuestiona la legitimidad de los tribunales internacionales de arbitraje», de los que España forma parte tras ratificar en los años noventa el Tratado de la Carta de la Energía.
«Al cuestionar la prerrogativa soberana de las partes en el tratado elude el consentimiento de jurisdicción internacional y obliga a las partes a recurrir a la herramienta más contundente disponible», aseguraba la resolución de la Corte Suprema en mayo. Cherryman aseguró entonces que se trataba de un fallo histórico: «España ha fracasado en sus últimos esfuerzos para evitar su responsabilidad de pagar a nuestros clientes».
La estrategia del Gobierno de negarse a pagar los laudos internacionales por la retirada de ayudas a las renovables cuesta a España 248 millones de euros. Esa es la cantidad que ha aumentado la factura por los intereses de demora, según las estimaciones de las empresas afectadas. La cifra corresponde a sobrecostes judiciales e intereses financieros.
