Los sindicatos de Justicia abren otro frente al exigir que Llop resuelva la promoción interna
UGT pide al Ministerio de Justicia que le explique cómo va a ejecutar una sentencia de la Audiencia Nacional
Pilar Llop en la reunión informal de ministros de Justicia de la UE. | Antonio Muñoz (Europa Press)
El Ministerio de Justicia no gana para disgustos. Tras las huelgas protagonizadas por dos Cuerpos de la Administración y el amago de jueces y fiscales, los sindicatos han abierto un nuevo frente contra el departamento que dirige Pilar Llop. UGT ha remitido un escrito para exigir que se solucione «de forma inmediata» el retraso en la resolución de los procesos selectivos de promoción interna. Además, pide explicaciones sobre cómo va a ejecutar una sentencia de la Audiencia Nacional que modificó las bases que rigen estos procedimientos. De momento no ha obtenido respuesta.
UGT envió la misiva el pasado 21 de julio, dos días antes de celebrarse las elecciones generales. Estaba dirigida a la subdirección general de acceso y promoción del personal de la Administración de Justicia, dependiente del departamento de Llop. El asunto: el retraso injustificado en la resolución de los procesos selectivos de promoción interna. La demora afecta a varios centenares de personas, aunque el sindicato no ha podido precisar la cifra concreta.
El texto, al que ha tenido THE OBJECTIVE, está firmado por Victoria Carrero, responsable federal de Servicios Públicos. «Denunciamos esta situación que no deja de resultar extraña porque nunca había sucedido y por los perjuicios que ocasiona al personal. Las decisiones que se toman por parte del Ministerio de Justicia están dejando abandonados al personal titular causándoles un grave perjuicio en su derecho a la promoción profesional sin ofrecerle al menos alguna explicación».
La prioridad de Llop
El examen de promoción interna y el de libre acceso se celebraron el mismo día, el pasado 8 de octubre. UGT reprocha al subordinado de Llop que hayan decidido dar prioridad a la resolución de los procesos selectivos de turno libre ante los de promoción interna pese a que los segundos son «más fáciles de resolver al ser siempre el número de aspirantes menor y a que el tiempo de resolución es más breve».
Carrero señala en la misiva que esta situación es «inaceptable» porque «tal y como va la cosa se va a demorar un año o más», cuando en otras ocasiones la promoción interna se ha resuelto en apenas unos meses. El texto considera como parte del problema la ejecución de la sentencia 912/2019 de la Audiencia Nacional. El fallo, que no tiene carácter retroactivo, establece que no se puede beneficiar a los aspirantes de la vía interna, a quienes se requiere calificaciones más bajas.
La carta insta al Ministerio de Justicia a adoptar «de manera urgente» las decisiones necesarias para resolver la ejecución de la citada sentencia, ya que está causando «un injusto perjuicio por falta de transparencia y la inseguridad jurídica». UGT sigue esperando una respuesta. Una situación que contrasta con la del sindicato vasco ELA, que realizó una petición similar tras las generales y recibió la réplica en apenas 48 horas. Este diario ha intentado conseguir sin éxito la versión del departamento de Llop.
«Muchas personas se ven perjudicadas porque se tenían que haber resuelto antes los procesos de promoción interna, que es más fácil porque hay menos gente. El ministerio tiene que ejecutar también la sentencia de la Audiencia Nacional, pero en un plano de igualdad», admite Antonio Lozano, portavoz de UGT. Asegura que no desean «hacer sangre» contra el departamento de Llop: «Solo pedimos que se dé una fecha exacta. Sabemos que se trata de un año con muchos conflictos y existen pocos medios».
Conflictos laborales
La sucesión de huelgas ha retrasado más de un millón de juicios y vistas este año. Además ha demorado trámites y escritos. Después de la situación vivida durante la pandemia, Llop se ha encontrado con un diversos conflictos laborales.
El primero cronológicamente, el de los letrados de la Administración de Justicia, que tras dos meses de paros cerraron un pacto el 28 de marzo que le garantizaba un aumento salarial. Una promesa incumplida que les ha llevado hasta los tribunales. Jueces y fiscales también amenazaron con la huelga, aunque desistieron tras una oferta. La que siguen esperando los funcionarios de Justicia.
