Golpe a los accionistas del Popular: el Banco de España avala la ampliación de 2012 ante el juez
En un informe remitido a la Audiencia concluye que la operación «fue una buena inversión» y ayudó a sanear la entidad
Imagen de archivo del Banco Popular. | Sergio Pérez (EP)
Golpe a la investigación judicial sobre la ampliación de capital del Banco Popular del año 2012. El Banco de España ha remitido a la Audiencia Nacional un contundente y extenso informe pericial de 210 páginas, solicitado por el juez Santiago Pedraz, que podría provocar un vuelco en la causa. El regulador avala plenamente la operación. Una ampliación de capital de 2.500 millones de euros que se encuentra bajo la lupa del magistrado en un caso abierto en 2022, diez años después de los hechos objeto de la causa judicial.
Se investigan presuntas irregularidades denunciadas por centenares de exaccionistas minoritarios y clientes del Banco Popular que perdieron su dinero cinco años después de aquella ampliación, cuando en 2017, tras caer en picado sus acciones y declararse insolvente, el Santander adquirió esa entidad a precio de saldo pese a contar con un patrimonio de 11.000 millones de euros en activos.
En las conclusiones de su informe enviado al juez Pedraz, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Banco de España describe como un «éxito» la ampliación de capital de 2012 del Popular, presidido entonces por Ángel Ron. Sus autores, Jaime Cidoncha Gallego y Juan Francisco Castro Navarrete, concluyen que no hubo engaño a los inversores, porque la documentación de la ampliación de capital «reflejaba la imagen fiel de la entidad» y su situación financiera.
Sin perjuicio económico
Tampoco aprecian perjuicio económico para quienes suscribieron la ampliación de 2012 y que no se da ningún tipo penal, ya que la operación fue un éxito para los accionistas. Añaden que la operación contribuyó al saneamiento del Banco Popular y a revalorizar la cotización de las acciones durante los tres años siguientes. A pesar de esto último, acreditado ahora por los peritos del Banco de España que firman el informe remitido a Pedraz, el Popular acabaría siendo intervenido tan solo cinco años después, con Emilio Saracho como presidente. El Santander lo adquirió a cambio de un euro.
«En conclusión, y con independencia de la rentabilidad que obtuviera cada uno de los accionistas del BPE, fruto de sus decisiones privadas de inversión, podemos decir que, en general, acudir a la ampliación de capital fue una buena inversión, tal y como lo demuestra la cotización de la acción, con revalorizaciones importantes en casi los tres años posteriores a la ampliación de capital, en gran parte fruto de la mejor situación financiera del banco tras las medidas de capital y saneamiento adoptadas», indica el informe de los peritos del Banco de España.
La ampliación del Popular en 2012
El juez Pedraz abrió el caso en 2022 tras admitir a trámite dos querellas presentadas por antiguos accionistas y exclientes de la entidad. Ante los indicios de irregularidades en la ampliación de capital de 2012, el magistrado ordenó investigar posibles delitos de estafa y falsedad documental. Una semana después, aceptó la personación en calidad de perjudicados, y como acusación particular, de más de 300 antiguos accionistas minoritarios de la entidad. El número de afectados que se han adherido a la causa ha crecido, según fuentes jurídicas.
El caso estaba parado a la espera de este informe pericial del Banco de España solicitado por el juez. El documento elaborado por inspectores del organismo regulador finaliza con contundentes conclusiones que apuntan en sentido opuesto a lo denunciado por los exaccionistas y clientes del Popular agrupados en la causa. Los peritos del regulador no aprecian irregularidades ni falsedades en el folleto de la ampliación de capital de 2012. Al contrario, según las conclusiones del documento, el Banco de España ratifica que la entidad llevó a cabo la operación para evitar tener que ser rescatado por el Gobierno español y para cumplir con las recomendaciones europeas derivadas de los test de estrés a la banca.
«De la revisión de la documentación disponible en esta pericia se desprende que el motivo de ampliar capital tuvo directa relación con el resultado de las pruebas de estrés de Oliver Wyman, y con la decisión de cumplir con los requerimientos de solvencia exigidos por sus propios medios, evitando así recibir ayudas públicas, lo cual hubiera supuesto, probablemente, la pérdida de la total independencia del banco», indican los peritos del Banco de España en el informe enviado al juez Pedraz.
Espaldarazo a Ron y PwC
Ese argumento, avalado ahora por los inspectores del Banco de España, es el que han utilizado como principal estrategia de defensa los principales imputados en esta causa: el expresidente del Banco Popular Ángel Ron, su exvicepresidente Roberto Higuera, la compañía Price Waterhouse Coopers (PwC) y el que fuese socio auditor de esta última, José María Sanz.
El informe del Banco de España avala no solo la ampliación de capital de 2012. Los inspectores del Banco de España concluyen que, «sin duda», aquella operación contribuyó a fortalecer la imagen de la entidad y resultó un «éxito» para los inversores. Estos últimos, por el contrario, denuncian al juez presuntos delitos relacionados con falsedad, estafa y administración desleal.
El informe pericial, que ya está en manos del juez Pedraz, incide en que la ampliación de 2012 contó con la supervisión y el beneplácito del Banco de España. Y que la operación «fue en gran parte fruto de la mejor situación financiera del banco tras las medidas de capital y saneamiento adoptadas» por los responsables del banco y las autoridades implicadas.
La gestión del Banco Popular durante todo el periodo analizado por los peritos del Banco de España estaba a cargo de Ron como presidente y era supervisada por la auditora PwC. Ambos son los principales investigados en la causa que instruye el juez Pedraz.
Tras el espaldarazo del regulador a Ron y PwC, Pedraz tendrá que decidir si solicita nuevas diligencias o si archiva la causa tras analizar el informe del Banco de España. Meses antes, el magistrado también dio portazo a la petición de la acusación particular de imputar a los máximos responsables de la CNMV y el Banco de España como presuntos responsables de los hechos investigados. La Sala de lo Penal de la Audiencia confirmó su decisión y cerró definitivamente la puerta a que los organismos reguladores hubiesen incumplido con su deber de diligencia, al haber autorizado la ampliación de capital de 2012.
