El juez que investiga el caso de los canteranos del Real Madrid identifica a una segunda víctima
El magistrado ha solicitado que se realice un volcado de los cuatro teléfonos móviles requisados por la Guardia Civil
Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas. | Europa Press
El caso que involucra a cuatro jugadores de la cantera del Real Madrid en la supuesta difusión no autorizada de un vídeo de contenido sexual tiene dos posibles víctimas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ya se ha hecho cargo del caso y ha abierto diligencias una vez que la Guardia Civil le ha entregado el atestado con sus indagaciones, que llevaron a la detención la semana pasada de tres jugadores del Castilla y el Real Madrid C en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y a la imputación de un cuarto, en todos los casos por un delito de revelación de secretos.
Los arrestos se practicaron después de que una mujer denunciara en Gran Canaria que se había difundido por WhatsApp un vídeo de contenido sexual de su hija, una adolescente de 16 años, mientras mantenía una relación sexual con un jugador de las categorías inferiores del Real Madrid al que había conocido a principios del verano en un club de playa del sur de la isla.
Esas relaciones sexuales fueron consentidas, pero la afectada no autorizó a que la grabasen y menos aún a que el vídeo se difundiera de móvil en móvil, según la versión de la denunciante. El TSJC precisa este lunes que en el caso hay «dos presuntas víctimas». Fuentes cercanas al caso han señalado a EFE que se trata de una segunda mujer, también afectada por esas imágenes.
La primera decisión adoptada por el Juzgado es que se realice un volcado de los cuatro teléfonos móviles requisados por la Guardia Civil a los denunciados. En paralelo, el juez quiere escuchar el testimonio de las dos mujeres afectadas por esas imágenes. A continuación, añade el TSJC, «es previsible que se proceda a la citación a los denunciados» para que declaren por «delitos contra la intimidad».
