La Fiscalía reconoce un error judicial en el caso del anciano que mató a un ladrón y pide perdón
El Ministerio Público ha solicitado la nulidad y la repetición del juicio por un fallo con el veredicto del jurado
El fiscal superior de Baleares, Julio Cano. | Europa Press
El fiscal jefe de Baleares, Julio Cano, ha señalado este miércoles que en el veredicto de culpabilidad de Pau Rigo, el anciano que mató de un disparo al ladrón que entró en su casa, ha habido «un evidente error de la Administración de Justicia por el que hay que pedir perdón humildemente a los afectados».
En declaraciones a los medios después del acto de apertura del Año Judicial, Cano ha insistido en que el error «es de tipo procedimental» por lo que se ha solicitado la nulidad y la repetición del juicio. «Todos cometemos errores pero lo importante es que ha sido detectado y que se va a corregir», ha afirmado.
Cano ha lamentado que en el momento en el que el jurado dio su veredicto de culpabilidad por cinco votos a favor y cuatro en contra, nadie se diera cuenta del error ya que eran sietes los votos favorables necesario y ha descargado de responsabilidad a la magistrada presidenta, de quien ha destacado su trayectoria y profesionalidad.
Por otra parte, Julio Cano ha trasladado la preocupación del Ministerio Público por el incremento de agresiones sexuales cometidas por menores, que ha achacado, siguiendo la consideración de fiscales expertos, a la falta de educación afectivo-sexual, al acceso precoz a la pornografía y a contenidos pornográficos que trivializan la violencia y a una percepción errónea de las relaciones.
Sobre esto, ha recordado que la Memoria de la Fiscalía de 2022 apuntó a la existencia de más de 400 delitos de agresión sexual cometidos por menores y aunque esta calificación se incorporaba por primera vez, lo que imposibilita la comparación, sí que ha insistido en que se está dando un importante crecimiento.
También ha explicado que, como novedad en los casos de violencia machista y sexual, se está registrando desde el inicio de los procedimientos si la víctima está en situación irregular en España, atendiendo al miedo entre las personas migrantes a denunciar que son víctimas de delitos por miedo a ser expulsados.
