Un sector del CGPJ da por seguro que el TC avalará la ley que maniata al Poder Judicial
La corte de garantías aborda este lunes la reforma que impide al CGPJ cubrir 87 plazas vacantes en la cúpula judicial
Vista de la fachada del Tribunal Constitucional. | Europa Press
Resignación entre varios de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Dan por hecho que el Tribunal Constitucional (TC) avalará este lunes la ley que prohíbe al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras continúe en funciones. Una reforma impulsada por PSOE y Podemos en marzo de 2021 que impide cubrir ya un total de 87 plazas vacantes en la cúpula judicial, 24 de ellas en el Tribunal Supremo, según datos del propio CGPJ.
El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, encabeza el Pleno monográfico en el que se abordarán los recursos de PP y Vox contra esa reforma que maniata al CGPJ. «Nos parece un atropello, pero no habrá sorpresas», indican fuentes del órgano de gobierno de los jueces a THE OBJECTIVE. Dan por seguro que la actual mayoría de la corte de garantías (siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores) se impondrá y avalará la ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer. Un texto que desde el sector conservador del CGPJ consideran «un atropello», y en el que se considera que el artículo 122 de la Constitución da margen suficiente al legislador para regular el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces.
«Lo que se va a hacer es declarar constitucional algo que mantiene atado de pies y manos a uno de los tres poderes del Estado. Se trata de despojar al CGPJ de una de las funciones que le encomienda la Carta Magna, la de realizar nombramientos discrecionales», añaden las mismas fuentes. Auguran que, en esta ocasión, la votación en el TC podría ser más ajustada. Consideran factible que alguno de los magistrados del conocido como sector progresista voten en esta ocasión con la llamada ala conservadora. Y añaden, además, que uno de los magistrados del TC deberían abstenerse de la deliberación.
Abstención de Juan Carlos Campo
En concreto, las fuentes consultadas ponen el foco en el exministro de Justicia Juan Carlos Campo. Desde el CGPJ consideran que el actual magistrado del TC -nombrado el pasado mes de enero- debería abstenerse porque formaba parte del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez cuando se aprobó la reforma que impide hacer nombramientos en al órgano de gobierno de los jueces. La abstención de Campo reduciría la mayoría progresista en el Pleno monográfico de este lunes sobre esa ley que maniata al CGPJ. Serían seis progresistas y cuatro conservadores.
Además, desde el CGPJ ponen el foco en otra de las magistradas del ala progresista, Maria Luisa Segoviano. Creen que podría votar en contra de la ponencia de Balaguer. Hasta octubre de 2022, Segoviano formaba parte y presidía de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, la más afectada por la ley que impide al CGPJ hacer nombramientos estando en funciones. La magistrada era presidenta de una Sala de lo Social en la que actualmente hay seis plazas de magistrado y la presidencia sin cubrir, más del 50% de su composición.
«En privado antes era una persona crítica con esta reforma. Como presidenta de la Sala de lo Social sufría más vacantes que ninguna otra del Tribunal Supremo. Y en esa sala se acaba de jubilar otra magistrada este verano. Quizás sería una incongruencia que votase a favor de prolongar esta situación», indica uno de los vocales del CGPJ consultados.
El voto de calidad en el TC
Sin embargo, añade otra fuente, el voto de calidad de Conde-Pumpido garantiza al sector progresista su victoria en la votación de este lunes, incluso si se produce la abstención de Campo y Segoviano vota en contra de la ponencia de Balaguer. El presidente del TC rompería ese hipotético empate a cinco en la votación de este lunes. El Pleno monográfico de este lunes analizará, no obstante, una segunda ponencia, la del magistrado conservador César Tolosa, que previsiblemente será rechazada por la mayoría de la corte de garantías.
Esta ponencia, según fuentes jurídicas, defiende que el artículo 122 de la Constitución permite al legislador modular el funcionamiento interno del CGPJ, pero no le otorga tanta libertad como para despojarlo de una de las funciones que le encomienda la Carta Magna; es decir, la de realizar nombramientos. Además, el texto del magistrado Tolosa cuestiona la oportunidad política de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por PSOE y Podemos en el Congreso, haciendo hincapié en que, si se quería limitar sus poderes para forzar su renovación, se debería haber hecho cuando venció su mandato, el 4 de diciembre de 2018, y no tres años después.
En el Pleno monográfico del TC, por tanto, se abordarán dos ponencias contradictorias. Pero solo la de Balaguer parece contar con los apoyos necesarios para ser aprobada. El texto de la magistrada, según las mismas fuentes, incide también en que la Constitución expresa claramente que el CGPJ tiene un mandato de cinco años, tras los cuales debe renovarse, por lo que no se contempla un Consejo en funciones. Ese es el principal argumento que defiende la constitucionalidad de que el poder legislativo reformara la LOPJ para limitar las funciones de órgano de gobierno de los jueces. Sobre todo para aquellas que tienen, como el caso de los nombramientos, un carácter discrecional.
