Llop promete subir el sueldo a los funcionarios de Justicia pero evita hacerlo público
Un alto cargo del Ministerio de Justicia llamó hace días a CCOO para informarles de que Hacienda había rectificado
Llop durante la campaña electoral de las municipales en Sevilla. | Joaquín Corchero (Europa Press)
El Gobierno se compromete a subir el sueldo a los funcionarios de la Justicia, pero cuando Pedro Sánchez sea investido presidente. El secretario general del sector en CCOO, Luis Calero, recibió hace unos días la llamada de un alto cargo del Ministerio de Justicia para comunicarle que el departamento de Hacienda había rectificado su posición inicial y accedía al aumento retributivo, aunque no concretó la oferta. El responsable sindical le conminó a oficializarlo o a convocar una mesa sectorial, a lo que el subordinado de Pilar Llop se negó.
La llamada tuvo lugar a principios de mes, días después de que se publicara la subida salarial de los letrados de Justicia en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de octubre el acuerdo para hacer efectiva la subida de 450 euros pactada con estos trabajadores hace siete meses para poner fin a sus protestas. La medida debió entrar en vigor en julio.
El aumento retributivo también favorecerá a jueces y fiscales, que en mayo pactaron con el Gobierno mejorar su situación para evitar la huelga, pero no decía nada de los funcionarios de Justicia. Estos decidieron mover ficha y anunciaron que recurrirían la subida salarial porque, en su opinión, el Ejecutivo vulneró el derecho fundamental de negociación colectiva y se saltó el Estatuto Básico del Empleado Público.
Conflicto en Justicia
El alto cargo del Ministerio de Justicia que llamó a Calero le explicó que Hacienda había rectificado su posición inicial de no permitir la subida retributiva. Ahora está dispuesta a otorgarla para todos los Cuerpos de todos los ámbitos territoriales, transferidos o no transferidos, «vinculada a las leyes de eficiencia». Eso sí, para que suceda es necesario que Sánchez consiga la investidura como presidente del Gobierno.
«Hemos podido corroborar con el Ministerio de Hacienda y Función Pública la comunicación del Ministerio de Justicia, pero ni siquiera se nos ha transmitido ninguna cifra del presupuesto previsto para esta supuesta subida retributiva», lamenta Calero.
Un portavoz del departamento que dirige María Jesús Montero asegura que no le consta la llamada, pero reconoce que está garantizada una subida salarial: la que se acordó con los sindicatos para todos los empleados públicos. En la misma línea se han manifestado desde el Ministerio de Justicia.
Calero afirma a THE OBJECTIVE que la credibilidad de los responsables ministeriales es prácticamente nula. «Falta fiabilidad porque durante el conflicto no se han caracterizado por su transparencia», indica el responsable de CCOO. Para restaurarla, insiste, «no basta con declaraciones abstractas y condicionadas que, como desde el inicio del conflicto, retrasan su solución».
Un aumento de 430 euros
El conflicto comenzó en abril, cuando los funcionarios de Justicia comenzaron a reclamar un aumento salarial de entre 350 y 430 euros al mes «en concordancia» con el incremento retributivo pactado con los letrados. Los paros parciales se convirtieron en una huelga indefinida el 22 de mayo, suspendida apenas mes y medio más tarde por la inminencia de las elecciones generales. No obstante, prometieron retomarla cuando hubiese un nuevo Gobierno.
«No sabemos la intención de esa llamada pero, al coincidir con el aumento del sueldo de los letrados de Justicia, entendemos que puede tener como objetivo calmar a la gente», advierte Calero. El responsable sindical afirma que el conflicto continúa y que retomarán las movilizaciones si el nuevo Gobierno «no negocia de inmediato una subida retributiva generalizada a todos los cuerpos de todos los Cuerpos de todos los territorios».
Los funcionarios de Justicia denuncian una diferencia de trato con el resto de colectivos. A pesar de que ellos estuvieron mes de protestas y que se han reunido en varias ocasiones con el departamento de Llop, de la que solicitaron la dimisión, nunca recibieron propuesta económica alguna. Advierten de que no aceptarán un aumento «que no esté en línea de la acordada para los letrados de la Administraciones de Justicia».
«El Gobierno debe ser consciente y además responsable del tremendo atasco judicial provocado por la huelga y que tiene que resolver inmediatamente el conflicto. De lo contrario, la Administración de Justicia seguirá colapsada porque, sin planes de actuación negociados, los trabajadores no sacarán el trabajo atrasado», manifiesta CCOO en una nota. Según sus cálculos, durante los paros se demoraron un millón y medios de procedimientos.
