La abogacía alerta de las consecuencias jurídicas y sociales de una ley de amnistía

La amnistía centra el debate político. Mientras el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, afirmaba este jueves en el Senado que la medida de gracia era solo el punto de partida, abogados especialistas en Derecho Constitucional y Administrativo alertaban en un foro sobre los efectos negativos de una norma que, a su juicio, va «en contra de la seguridad jurídica y alentaría el sentimiento de impunidad».

Convocados por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) para abordar el encaje jurídico de una posible Ley de amnistía, los especialistas han disertado sobre las consecuencias que podría tener la medida que demandan los nacionalistas catalanes para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En la misma ciudad, casi al mismo tiempo, Aragonès insistía en que «la amnistía no es el punto final, es el punto de partida para que Cataluña vote en un referéndum sobre su futuro político».

Los presidentes de las secciones de Derecho Constitucional y Parlamentario del ICAM, Nicolás Perez-Serrano Jáuregui, y de Derecho Administrativo, Alberto Dorrego, han participado junto al exjuez del Tribunal General de la UE Ignacio Ulloa en un debate moderado por Roberta Poza, diputada de la Junta de Gobierno del ICAM y responsable de Relaciones Institucionales.

La amnistía, una ley de amnesia

Poza, ha puesto en valor el papel del ICAM abriendo espacios de diálogo y análisis en cuestiones clave que afectan al Estado de Derecho. En esta ocasión, el foro versaba sobre uno de los asuntos más candentes de la actualidad política y llevaba por título La Ley de Amnistía bajo el prisma de la Abogacía.

Perez-Serrano, que también es Letrado de las Cortes, reconoce que «no es suficiente una ley orgánica para regular una amnistía, que se asemeja a una ley de amnesia». Este doctor en Derecho y abogado recuerda que «no hay inconstitucionalidades pequeñas». El jurista advierte de los daños al Estado de derecho que podrían derivarse de una norma que traslada la idea de que «lo ilegal sale gratis», generando un sentimiento de impunidad que atenta contra la percepción pública de la Justicia.   

Dorrego, ha explicado las posibles similitudes que pueda tener esta nueva propuesta con la presentada hace dos años en la Cámara baja por los partidos independentistas. Entonces, el PSOE se negó a tramitarla. «En 2021 ya fue rechazada por la Mesa del Congreso una Proposición de Ley de amnistía porque contenía todos los elementos de un indulto general, lo que el artículo 62.1 de la Constitución no permite».

Desde el punto de vista europeo, el que fuera juez del Tribunal General de la UE (TGUE), Ignacio Ulloa, apunta a las consecuencias que tendría la aprobación de esta iniciativa para las arcas nacionales. «No es cuestión menor el hecho de que, en caso de que se valore que la Ley de amnistía vulnera el Derecho comunitario, se pondrían en riesgo los fondos europeos». En particular, subraya el que fuera letrado del Tribunal Constitucional, peligrarían «los fondos Next Generation que, en seis meses, podrían quedar bloqueados o sujetos a un proceso de devolución».

El próximo 24 de octubre, en el marco del Foro Justicia, tendrá lugar la segunda de las dos jornadas de debate que ha organizado el ICAM para debatir sobre las implicaciones jurídicas de una eventual Ley de amnistía. En esta ocasión, las intervenciones correrán a cargo de Pascual Sala, expresidente del Constitucional; Encarnación Roca, exvicepresidenta de la corte de garantías; y Enrique Gimbernat, jurista, catedrático y experto en Derecho Penal. La sesión, que inaugurará el decano Eugenio Ribón, será moderada por la presidenta de ACIJUR, Patricia Rosety.