Sánchez necesitaría el aval del Congreso para pagar el uso de las lenguas cooficiales en la UE

Las dudas de los líderes europeos salvaron a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno se comprometió a sufragar el coste del uso de las lenguas cooficiales en la UE pese a estar en funciones. La Ley del Gobierno acota su campo de acción. Los expertos consideran que el Ejecutivo estaría legitimado a realizar el gasto, tasado en 40 millones de euros al año. Para eso debería realizar una modificación de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que necesitaría el aval de las Cortes. De momento, los representantes de los 27 han aplazado la decisión.

El primer paso sería registrar una proposición o un proyecto de ley en el Congreso, donde se debe incluir el gasto para sufragar el uso de las lenguas cooficiales en la UE. Sánchez debería contar con la mayoría de la Cámara para aprobar la propuesta, algo que conseguiría a priori gracias al apoyo de las fuerzas nacionalistas, los principales interesados en que la medida saliese adelante.

«La modificación presupuestaria es la única opción», reconoce Carmen Plaza, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Una opinión que comparten otros expertos consultados por THE OBJECTIVE. Pero no todos, ya que la medida genera dudas al estar el Gobierno en funciones. El Tribunal Constitucional, en una sentencia en 2018, falló que un Ejecutivo en funciones podía ser controlado por el Parlamento.

El compromiso de Sánchez

El artículo 21 de la Ley del Gobierno establece que el Ejecutivo en funciones cuenta con un radio de acción acotado. Su gestión se limita «al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas». Sin embargo, no fija los límites.

Alfredo Arrién, abogado en Paredes & Asociados, sostiene que el Gobierno en funciones pude hacer «todo lo que tenga que ver con decretos legislativos» pero todo lo que sea una ley orgánica no, por lo que debería estudiarse cómo va a presentar Sánchez su propuesta. Miguel Javaloyes, especialista en Derecho Administrativo, prefiere no pronunciarse, aunque advierte de que un compromiso político no tiene relevancia jurídica: «Hay que ver de dónde sale el dinero».

Un reputado experto en Derecho Administrativo que ha pasado por las Cortes reconoce que el asunto del Gobierno en funciones no es sencillo. «El problema deriva de la extensión del Gobierno en funciones. Se trata de una situación anómala, por lo que el asunto jurídico se retuerce. En esas circunstancias puede gestionar asuntos cotidianos, pero también todo aquello que implique un ejercicio cabal de la potestad ejecutiva», insiste este abogado, que prefiere permanecer en el anonimato.

El especialista insiste en que el Gobierno en funciones estaría legitimado a asumir el coste de las lenguas cooficiales en la UE, ya que el trámite solo exige una modificación presupuestaria porque las Cámaras están plenamente constituidas. «Lo que no podría nunca es hacerlo a través de un real decreto ley». Es consciente de que muchos de sus colegas abogan porque el Ejecutivo solo tome decisiones ordinarias que no comprometa a futuros equipos.

Disminuir la acción del Gobierno

«Limitar esa capacidad supone un precedente peligroso. Si la socavo dejo al Ejecutivo en funciones muy disminuido en el futuro. Si hay una catástrofe o declaración de guerra el Gobierno en funciones debe tener potestad para dar una respuesta», subraya el experto. En su opinión, el problema aparece porque cada vez se extiende más el tiempo en el que está el Gobierno en funciones y «el país no puede estar paralizado».

Otro profesor en Derecho Tributario que tampoco desea revelar su identidad explica que las competencias de un Gobierno en funciones son «muy interpretables». Cree que este tipo de gastos serían muy reprochables, primero éticamente y, en segundo lugar, desde un punto de vista jurídico: «Compromete a futuros gobiernos y para eso no basta una modificación presupuestaria».

Como adelantó este diario, el compromiso de Sánchez de asumir el coste del uso de las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) en el Parlamento Europeo podría tener un coste de 40 millones de euros anuales, según fuentes comunitarias. El asunto se abordó el martes en el Consejo de Asuntos Generales de la UE. Los países aplazaron su decisión sine die. Quieren solicitar informes jurídicos y evaluar el impacto antes de pronunciarse. Suecia y Finlandia son quienes más recelo mostraron.

«Algunos han pedido más tiempo para analizar cómo sería el desarrollo y la implementación. Hemos acordado seguir trabajando para dar respuesta y canalizar los comentarios», reconoció el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. En su opinión, el Gobierno cumplió su compromiso, ya que se pone en marcha la reforma del reglamento que afecta al régimen lingüístico de la UE.

«Un día histórico»

La sorpresa llegó cuando Albares, ante las reservas de la UE, optó por priorizar la oficialidad del catalán, aunque negó que se tratara de una forma de discriminación sobre el vasco y el gallego. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, calificó el martes como «un día histórico». No solo porque la Cámara baja iniciaba las sesiones en las lenguas cooficiales, también porque el catalán estaba un paso más cerca de ser una lengua oficial en la UE.

Nogueras reconoció «el esfuerzo» del Gobierno en la defensa de la oficialidad del catalán en Europa, una de las exigencias de la formación de Carles Puigdemont para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. E insistió: «Este proceso ya no tiene marcha atrás. Veremos cuál es la capacidad del PSOE de cumplir con los acuerdos. Nosotros pedimos que se pusiera este asunto sobre la mesa del Consejo Europeo y ningún país de la UE se ha opuesto a ello».