El fantasma de la suspensión planea sobre el juicio a Puigdemont en el Tribunal de Cuentas
El expresidente catalán y una treintena de excargos de la Generalitat serán juzgados a partir del 17 de noviembre
Carles Puigdemont en una rueda de prensa en septiembre. | Europa Press
Una eventual amnistía no impedirá el inminente juicio a Carles Puigdemont en el Tribunal de Cuentas. El expresidente catalán y una treintena de antiguos cargos de la Generalitat serán juzgados a partir del 17 de noviembre en el órgano fiscalizador, que trata de recuperar el dinero supuestamente desviado para pagar el referéndum ilegal del 1-O y promocionar el procés en el extranjero. Las defensas de los acusados barajan solicitar la suspensión de la vista, lo que implicaría demorar su celebración. Con esta artimaña ganarían tiempo hasta que se apruebe la medida de gracia.
El Tribunal de Cuentas fijó para el 17 de noviembre el procedimiento de reintegro por el supuesto desvío de fondos del 1-O y su acción exterior a través de Diplocat. El órgano fiscalizador enjuicia la responsabilidad contable de aquellas personas, como Puigdemont, que gestionan fondos públicos con el objetivo de recuperar el dinero utilizado de forma indebida, pero no tiene capacidad de sancionar ni inhabilitar. Se trata, por tanto, de un procedimiento complementario a la vía civil o penal.
Sociedad Civil Catalana, personada en el caso, reclama el reintegro de 5,3 millones de euros, mientras que la Fiscalía rebaja la cifra a 3,1 millones que deberían pagar de forma conjunta y solidaria una treintena de exdirigentes de la Generalitat de Cataluña, entre los que se encuentran Puigdemont, Oriol Junqueras y Artur Mas. El Ministerio Público calculó que la cantidad desviada superaba los 9,5 millones, pero modificó su demanda inicial.
Puigdemont desde Bélgica
Puigdemont tendrá que declarar a petición de la defensa del expresident Artur Mas. Lo hará a través de videoconferencia desde Bélgica, ya que en caso de pisar España sería detenido en virtud a la orden de detención nacional emitida por el Tribunal Supremo. A diferencia de un procedimiento penal, ninguno de los encausados está obligado a asistir a la vista; basta con que se personen los abogados, lo que dificulta que las defensas puedan solicitar su suspensión en base a una incomparecencia testifical.
El aplazamiento puede pedirlo cualquiera de las partes, aunque de momento no lo han hecho. La solicitud puede realizarse en la misma vista. «Están en su derecho», reconocen las fuentes consultadas en el órgano fiscalizador. Es poco probable que la Fiscalía o Sociedad Civil Catalana vayan a hacerlo.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, afirma a THE OBJECTIVE que ni siquiera han estudiado la posibilidad. La defensa de otros encausados dejan abierta la puerta, aunque no precisan los motivos que alegarían para demorar el procedimiento de reintegro, recogidos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
La última palabra la tiene la consejera encargada de enjuiciar el caso, Elena Hernáez. En la vista celebrada el pasado diciembre ya desestimó el argumento de Puigdemont de que el proceso debía suspenderse por su inmunidad como eurodiputado. La consejera acordó entonces que testificara como elemento de prueba en el juicio. En caso de que la decisión no sea del agrado de las defensas, estas tendrían la posibilidad de recurrirla ante la Sala de Apelación.
Ley de amnistía
Desde el órgano fiscalizador reconocen que será un proceso exprés: apenas durará unas horas y la resolución estará lista en cuestión de días. Los abogados de los encausados son conscientes del contexto. La vista se celebrará apenas 10 días de la fecha límite que tiene Pedro Sánchez para ser investido y evitar unas nuevas elecciones. Para conseguirlo es vital el voto de Junts per Cataluña. El partido de Puigdemont, como ERC, reclama que se promulgue una amnistía para todos los encausados del procés.
Que la medida de gracia esté sobre la mesa no cambia la hoja de ruta, aseguran desde el Tribunal de Cuentas:«No se puede suspender el juicio porque no existe ninguna ley. Esta solo tiene efectos a partir de su publicación». Y no siempre, ya que desde el Supremo se ha deslizado la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional, lo que dejaría su aplicación en stand by. El Tribunal de Cuentas también estudia esa medida, aunque no existen precedentes.
La responsabilidad contable que se dirime en el órgano fiscalizador es un procedimiento complementario a la vía civil o penal. La existencia de una amnistía para Puigdemont y los demás encausados en el procés no implica que se libren del juicio en el Tribunal de Cuentas, ya que van por vías distintas. «Depende del alcance de la ley de amnistía, que debe precisar si deja sin efecto solo las responsabilidades penales o también las contables», precisan fuentes del organismo.
En caso de que la medida de gracia perdone también la presunta malversación, el Estado no podría recuperar los más de 10 millones de euros públicos que presuntamente desviaron los antiguos cargos de la Generalitat para celebrar y promocionar el procés. En ese caso, los expertos sostienen que los juzgados también estarían obligados a devolver las fianzas, que superan los 10 millones. La mayor parte, 7,2 millones, fueron depositados por la Caixa de Solidaritat.
