Ocho vocales del CGPJ denuncian el fin del Estado de Derecho debido a la amnistía

Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado un pleno extrarordinario urgente en rechazo a la ley de amnistía del Gobierno, una norma que la Mesa del Congreso calificará ‘in extremis’ justo a tiempo para cumplir con lo que pide Junts.

Concretamente, los vocales Carmen Llombart Pérez, José Antonio Ballestero Pascual, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, José María Macías Castaño, Nuria Díaz Abad y Maria Ángeles Carmona Vergara solicitan que se convoque el pleno extraordinario dentro de los tres días siguientes a la presentación de esta solicitud.

Según fuentes del CGPJ, está previsto que registren la petición este jueves y el Pleno podría celebrarse el próximo lunes. La fecha exacta dependerá de la decisión que adopte el presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, cuyos miembros cumplirán el próximo mes de diciembre cinco años con el mandato caducado.

Los ocho vocales citados piden reunir al Pleno para debatir una declaración institucional contra la norma que el PSOE está ultimando con ERC y Junts, en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente el Gobierno.

El Estado de Derecho será «una mera proclama formal»

Aunque todavía no se conoce el texto de la futura ley, que está previsto se registre en los próximos días en el Congreso, los vocales conservadores dan por hecho que tendrá efectos de «degradación» para el país, «cuando no de abolición del Estado de Derecho en España». Añaden que cuando se aplique la amnistía a los encausados por el ‘procés’, el Estado de Derecho en España «pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España».

En su escrito, los vocales conservadores explican que han observando «con creciente preocupación» las declaraciones que sobre esta medida han realizado los partidos independentistas en la últimas semanas.

Asimismo, expresan su temor a que ésta afecte no sólo a los acontecimientos relacionados con el referéndum de 2017 sino también a otros anteriores, entre los que habría «delitos de corrupción», y también posteriores, cometidos «para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia».

«Lo que en ningún caso cabe aceptar es una amnistía, y ni tan siquiera un indulto particular de los admitidos genéricamente por la Constitución, con el fundamento real expresado por el presidente del Gobierno en funciones», añaden.

Según detallan, optaron por mantener una «actitud de prudente expectativa» mientras esas declaraciones no fueron respaldadas por el presidente del Gobierno en funciones pero, tras las declaraciones de Sánchez el pasado sábado ante el Comité Federal del PSOE, confesando que la amnistía es necesaria para lograr apoyos a su investidura, consideran necesario un pronunciamiento del CGPJ.

«Confundir el ‘interés de España’ con el interés del Presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política, ínsita en el principio básico de pluralismo político que, según el artículo 1 de nuestra Constitución, es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico», remarcan.

Que se oiga al Consejo

Si la iniciativa se presentase a través de un proyecto del ley del Gobierno sería obligatorio recabar informe del CGPJ pero, como se va a tramitar mediante una proposición de ley de los grupos parlamentarios, este informe no será necesario. Por eso los vocales exigen un pleno extraordinario para dejar clara la opinión del Consejo.

Los firmantes del escrito denuncian expresamente que la ley se vaya a pactar con partidos como Junts, «dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida», en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont.

Es inconstitucional

En este contexto, aspiran a que el Pleno del CGPJ deje clara la inconstitucionalidad de la amnistía, puesto que, según apuntan, iría en contra del principio básico del pluralismo político. También recalcan que exceptuar «la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de Derecho en el que se quiso constituir España y efectivamente se constituyó… al menos hasta ahora».

Para estos vocales, «no es compatible» con el principio de Estado de Derecho ni con el de responsabilidad de los poderes públicos «que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales», cualquiera que sea su naturaleza «para que un aspirante a Presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el gobierno».

«Ello supone degradar y convertir nuestro Estado de Derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal», agregan, antes de añadir que con la amnistía se generaría una «casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos» que contravendría «el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley».

Violenta el tratado de la UE

Además, señalan que con esta medida se «violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico». «Mal puede hablarse de independencia ni de seguridad jurídica cuando unas fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los tribunales», destacan. A su juicio, «la enormidad de las consecuencias» de lo anunciado por Sánchez «es que convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia en suma, en una quimera».

Por último, advierten de que la amnistía no sólo violenta la Constitución sino también los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea «para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial». «El riesgo de que llegue el momento en el que la Unión Europea decida no ser la coartada de un Estado que no cumple con sus principios debiera estar muy presente, en este momento crítico, en la previsión de quienes pretendan realmente actuar en el ‘interés de España'», concluye el escrito de los vocales.