La Guardia Civil ve como «un aviso» la investigación de Interior por criticar la amnistía

Mandos de la Guardia Civil ven en la investigación que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha iniciado contra Jucil, una asociación profesional del Instituto Armado, por censurar la amnistía, un «aviso para acallar futuras criticas» a la medida que negocian PSOE y Junts «entre las fuerzas de seguridad» y «los sindicatos y organizaciones que les representen», aseguran fuentes del Cuerpo a THE OBJECTIVE. 

El expediente disciplinario que ha iniciado la Dirección General, a petición de Interior, contra la citada organización ha causado enfado entre altos responsables de la Benemérita. «Pensar que porque una asociación se pronuncie sobre la amnistía se está vulnerando el principio de neutralidad política es un sinsentido. Está claro que quieren servilismo, no neutralidad», critican. 

La decisión del Ministerio del Interior ha acrecentado el descontento que existe dentro de la cúpula del Instituto Armado con su titular. No solo por la investigación que sigue contra Jucil, sino porque se trata, indican las fuentes consultadas, «de un desprecio a la institución». «Uno más de la lista que el ministro ha ido cometiendo contra el Cuerpo desde que ocupase su despacho», denuncian. 

«Ceses ilegales de mandos; tres cambios de director general en apenas cuatro meses o ausentarse en actos importantes del Instituto Armado» son solo algunos de los hechos que los mandos reprochan no solo a Grande-Marlaska, sino, en el último caso, también al responsable del Instituto Armado, Leonardo Marcos. Ninguno de los dos, critican las fuentes, por ejemplo, asistió al acto que celebra cada año el Instituto Armado por el día del Pilar. Un evento al que suelen acudir siempre todos los mandos policiales y responsables políticos. 

En el caso de Marcos, las críticas van más allá por la guerra abierta que mantiene contra las asociaciones profesionales de la Guardia Civil desde principios del mes pasado. Las siete organizaciones decidieron abandonar el pleno del Consejo del Instituto Armado, el órgano representativo de todos los agentes de la Benemérita, después de que el director no se hubiese presentado tampoco en ninguna de las reuniones previas.

«Quieren servilismo»

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska anunció el pasado domingo que emprendería «acciones legales» contra Jucil por publicar en la red social X —antes Twitter— un mensaje en el que censuraba la medida que negocia el Gobierno con Junts. Una investigación reservada a la que también ha incluido otros mensajes en los que la organización cuestiona los acuerdos del PSOE con Bildu o la decisión de mantener en 4 el nivel de alerta antiterrorista, en lugar de elevarlo a 5.

Interior tomó la decisión, señalaron fuentes de este área, tras varios meses en los que venía llamando «a la responsabilidad» a «determinadas asociaciones que han sobrepasado reiteradamente los límites de la defensa gremial para creerse una suerte de actores políticos, confundiendo los fines legítimos de su actividad y corrompiendo los valores de la Guardia Civil». 

Ahora, la asesoría jurídica del Instituto Armado evalúa las actuaciones disciplinarias y/o penales que proceda seguir contra la asociación profesional. Fuentes de la Guardia Civil, sin embargo, aclaran que el régimen disciplinario no sanciona a personas jurídicas, en este caso, Jucil. Sólo se aplica a personas físicas, es decir, los agentes de la Benemérita. Por lo que se intuye que, de confirmarse el expediente disciplinario contra esta organización, serían sus responsables quienes acatarían su resolución, explican. Sanciones que irían desde la suspensión de empleo a la expulsión del Cuerpo.

«Despropósito»

Distintos mandos del Instituto Armado insisten en que se trata de «un despropósito»: «¿Si hablar de la amnistía en los términos que lo ha hecho Jucil es faltar a la neutralidad política, se supone que también lo habría sido apoyar la amnistía que propugna el Gobierno? ¿Alguien piensa que si el tweet hubiera ido en ese sentido -desde Interior se estarían estudiando acciones legales?. Esta claro que no. No quieren neutralidad, quieren servilismo y obediencia, pero estamos en el siglo XXI», critican. 

Por otro lado, estas fuentes hacen un paralelismo con las críticas que, en ocasiones, otras asociaciones vierten sobre decisiones del Gobierno, sin que se produzcan consecuencias. «Los jueces y magistrados tienen las mismas exigencias de neutralidad política que los guardias civiles. Conviene ver los posicionamientos de las asociaciones profesionales de jueces sobre cualquier asunto de debate político para ver si lo dicho por Jucil va o no más allá de lo que la APM, Jueces para la democracia o la Francisco de Vitoria suelen manifestar», concluyen.