División entre mandos policiales por las cargas en Ferraz: había «amenaza real» de falangistas

La actuación policial contra los manifestantes que se congregaron la pasada noche del lunes en torno a la sede nacional del PSOE en Madrid para protestar contra la amnistía y la negociación para investir a Pedro Sánchez ha creado división entre los mandos de la Policía Nacional. El foco de la polémica está en los botes de humo —o fumígenos— y gases lacrimógenos que los agentes antidisturbios emplearon para disuadir la protesta en Ferraz, a la que acudieron unas 3.800 personas, según datos de la Delegación del Gobierno.

Por un lado, fuentes policiales y mandos defienden que la Policía Nacional actúo con criterios de «proporcionalidad, necesidad y de legalidad» y que, en ningún caso, la decisión de cargar contra los manifestantes obedeció a una orden política, sino a un escenario que los responsables del dispositivo advirtieron a las puertas de Ferraz. Según estas mismas fuentes, había una «amenaza real» de que un grupo de personas afines a Falange entrase a la sede socialista. 

Las fuentes policiales resaltan que los miembros de la organización ultraderechista, situados tras el perímetro de seguridad establecido por los agentes, alentaron a los manifestantes al grito de «¡vamos a quemar Ferraz!». Tras advertirlo, los agentes llamaron a la calma al grupo, pero no cesó en sus proclamas, al igual que otros colectivos radicales que agitaron la protesta. Comenzaron a lanzar objetos contundentes contra los gentes y finalmente trataron de rebasar el vallado colocado por las fueras de seguridad. Fue entonces cuando los responsables del dispositivo, al advertir este escenario, decidieron intervenir con «medios adecuados a las circunstancias» para proteger la zona.  

«No fue una orden política»

Entre los casi 4.000 manifestantes, los agentes desplegados constataron la presencia de unos 200 infiltrados de «estética ultra» y embozados, y detuvieron a tres personas, dos por agredir a policías y una tercera por desobediencia. Además, se incautaron de tres palos de madera, una pala, una barra de hierro y otras tres extensibles. Fuentes policiales, no obstante, resaltan sobre todo la presencia del citado grupo violento que fue cobijándose entre la masa pacífica hasta llegar a las primeras filas de la protesta; y que más tarde, indican estas mismas fuentes, forzaron la intervención de los agentes.  

Mandos policiales consultados por este diario, en cualquier caso, insisten en que los medios «fueron proporcionados» y respondieron a «una riesgo real y objetivo», no a una orden política del Ministerio del Interior o de la Delegación del Gobierno en Madrid, a quien no corresponde tomar ese tupo de decisiones. «Se critica que en Cataluña no se utilizaron gases lacrimógenos, pero no se menciona que sí se usaron de pelotas de goma, que eran más lesivas, y más adecuadas en ese momento». 

La prueba de que los agentes trabajaron correctamente es que «la actuación se desarrolló con el menor impacto posible y sin que nadie resultase herido», concluyen.

«Fue desproporcionado»

Frente a esta posición, otras fuentes policiales, así como algunos mandos intermedios de las Unidades de Intervención Policial (UIP), ponen en duda la actuación que se llevó a cabo el pasado lunes. Resaltan que tanto los fumígenos como los gases lacrimógenos son medios que se emplean de «manera excepcional» y en «escenarios de extrema violencia contra los agentes». Unas circunstancias que no se produjeron en la protestas de Ferraz, a juicio de estas fuentes. 

Prueba de ello, indican, es que en las imágenes «la mayoría de los agentes no lleva casco en ningún momento, lo que implica una señal de baja conflictividad». «No fue la manifestación más violenta. No hubo policías heridos y, por lo general, en todas las manifestaciones se sobrepasa el cordón policial. Eso no implica esa intervención. Que se actuase de ese modo, fue desproporcionado», advierten agentes de dilatada experiencia en las UIP. 

Por otro lado, critican que se autorizase el uso de las armas químicas en esta ocasión, cuando en otras protestas más multitudinarias como las de Cataluña, durante las protestas por la sentencia del procés, o ‘Rodea al Congreso’ no se permitió lanzar gases lacrimógenos. Entre tanto, aseguran que la decisión de cargar contra los manifestaciones «vino de arriba». Y que el Ministerio del Interior debe depurar responsabilidades contra la misma, «ya sea policía o político».

Piden la dimisión del delegado del Gobierno

A lo largo del martes, dos sindicatos policiales pidieron la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid por la actuación que supuestamente autorizó. A juicio de la Unión Federal de Policías (UFP), Interior está utilizando «a la Policía Nacional de una forma partidista para reprimir a ciudadanos que se manifiestan legítimamente». Jupol, en la misma línea, advierte de que las ordenes «fueron recibidas por la cúpula del Gobierno», pero admite que los intentos de romper el cordón policial y el lanzamiento de objetos fueron la causa de una actuación «proporcional a las agresiones que estaban recibiendo los agentes de la UIP». 

Desde la Confederación Española de Policías (CEP) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) también han defendido el trabajo de los agentes, que obedeció a «criterios técnicos». No obstante, estas organizaciones han pedido al ministro del Interior y al delegado del Gobierno en Madrid que comparezcan de manera urgente  para que se den públicamente las explicaciones pertinentes y oportunas sobre la secuencia del desarrollo de los acontecimientos». 

Desde el Sindicato Profesional de Policía (SPP), que representa a los mandos, también defienden el trabajo de los antidisturbios y subrayan que la decisión de cargar contra los manifestantes partió de los responsables del operativo, como ocurren la mayoría de ocasiones. «No es comprensible y menos tolerable que un grupo de personas, por muy indignados que están, rompa un cordón policial. La actuación policial fue, sin duda, imparcial, coherente y ajustada a derecho».