Indignación entre los funcionarios del Ministerio de Justicia por el repentino fin del teletrabajo

Con nocturnidad y alevosía. Esa es la fórmula que, según los trabajadores, ha usado el Ministerio de Justicia para suprimir el teletrabajo en los juzgados y los tribunales. El departamento que dirige Pilar Llop envió una circular el viernes para terminar con esa modalidad tras el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la covid. Los miembros de los Cuerpos afectados están «sorprendidos» e «indignados» con la decisión. Los sindicatos han solicitado regular de modo «urgente» el trabajo remoto, algo que llevan pidiendo sin éxito dos años.

El Consejo de Ministro declaró el pasado 4 de julio el fin de la crisis sanitaria y permitió retornar a la situación anterior a la covid. La circular que firma Manuel Olmedo, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, sostiene que, pese al cese de las medidas, «se está constatando la existencia de diferencias en su mantenimiento en los distintos ámbitos territoriales».

El texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, no precisa la fecha en la que los empleados deben abandonar la modalidad del trabajo a distancia, pero los sindicatos consideran que han de hacerlo «de forma inminente». De lo que no hay duda es de a quienes afecta la decisión. «Deberán acudir a cada centro de trabajo el 100% de los efectivos del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y de los Cuerpos de Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia», indica la misiva.

La circular de Justicia

CSIF considera que la derogación del teletrabajo, al que se han acogido 30.000 de los 50.000 empleados, llega «por sorpresa». Según sus datos, los trabajadores venían desempeñándolo una media de dos días a la semana sin que se viesen afectadas sus labores. El sindicato mayoritario tilda la medida de «arbitraria e injusta». Además, considera que contradice el Plan de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética que aprobó el Gobierno en junio del año pasado, que incluía la posibilidad de teletrabajar.

«Nos ha pillado totalmente por sorpresa. Llevaban un tiempo denegando las nuevas solicitudes de teletrabajo y creíamos que iban a regularlo, pero nos hemos vuelto a equivocar», lamenta Luis Calero, portavoz de CCOO. Su sindicato califa la justificación del departamento que dirige Pilar Llop de «irrisoria», ya que «hace más de dos años que finalizó, con carácter general, la aplicación de las medidas covid».

Calero afirma que en marzo de 2021, siendo ministro Juan Carlos Campo, ahora magistrado en el Tribunal Constitucional, varios sindicatos llegaron a un acuerdo en la Mesa Sectorial para continuar con el trabajo a todo el personal. El pacto establecía las condiciones en la que debía hacerse (un máximo de tres días a la semana), los sitios donde no se podía y cómo debía solicitarse.

«En este tiempo se ha estado haciendo de manera discrecional, sin ninguna regulación, porque se sentían cómodos en esa situación arbitraria», denuncia Calero, que implora al Ministerio de Justicia que aplique el acuerdo suscrito. El representante de CCOO descarta que sea un castigo por las movilizaciones reivindicativas que han desarrollado en el primer semestre del año, sino que es fruto «de la incompetencia de este grupo ministerial».

«Un paso atrás»

José Luis Fernández Alaya, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), considera que el departamento de Llop se vuelve a equivocar porque «no solo no negocia, también lo hace todo sin informar». Afirma que en su organización existe «una sensación de indignación total» y rechaza la justificación del ministerio.

«Hay cosas que no requieren presencia física. Todo lo que no sea atención al público se puede hacer sin problemas a través del teletrabajo», insiste Fernández Alaya. En su opinión, se trata de «un paso atrás», por lo que pide a la Administración que regule el asunto en un reglamento, «como pedimos desde el inicio del covid». El representante de STAJ afirma que esta modalidad ya se lleva a cabo en otros ministerios sin ningún perjuicio.

El artículo 47 bis del Estatuto Básico del Empleado Público contempla la posibilidad de teletrabajar «siempre que las necesidades del servicio lo permitan (…) mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación». Eso sí, la fórmula debe ser autorizada expresamente y compatible con la modalidad presencial. La normativa exige que sea objeto de negociación colectiva, como ha ocurrido en Justicia, aunque por el momento no existe desarrollo reglamentario.

«No entendemos por qué no se ha hecho a pesar de la inversión tan grande en medios tecnológicos que ha realizado el Ministerio de Justicia para conseguirlo. Se trata de una situación insólita», denuncia Juan José Yáñez, portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, otro de los Cuerpos afectados por la repentina supresión del teletrabajo. En su opinión, es compatible con la normativa laboral, que «no dice nada de forma expresa sobre la necesidad de estar en el puesto de trabajo».

Yáñez denuncia que la decisión supone «un agravio suplementario», ya que los letrados de Justicia podrían ser los únicos que se quedarían sin teletrabajar, ya que otros Cuerpos del ramo dependen de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias, 12 en total. Para evitarlo han solicitado una reunión con el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, y van a presentar alegaciones por escrito.