El jefe de la oficina de Puigdemont alega que el 'caso Tsunami' carece de relevancia penal
Alay pide al juez que le dé acceso a la causa para demostrar que su imputación por terrorismo vulnera las leyes de la UE
Josep Lluis Alay, jefe de oficina del despacho de Carles Puigdemont en Bruselas. | THE OBJECTIVE
El caso Tsunami Democràtic «carece de relevancia penal alguna» y es contrario al derecho europeo. Lo anterior es lo que ha alegado el jefe de la Oficina de Carles Puigdemont, imputado en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de terrorismo por su papel en las manifestaciones convocadas por Tsunami Democràtic, en un escrito remitido al juez Manuel García Castellón para pedir que se le dé acceso a todas las actuaciones practicadas hasta el momento y denunciar que la causa responde a una supuesta «persecución política» contra todo el independentismo.
En su escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, José Luis Alay asegura que desde junio de 2021 no se le había dado traslado de ninguna de las actuaciones practicadas en la investigación. En esa fecha, el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona se inhibió en favor de la Audiencia Nacional en la causa abierta contra Alay y otras personas vinculadas al independentismo por su presunta relación con Tsunami Democràtic. Desde entonces, según el recurso remitido este martes a la Audiencia Nacional, no habría recibido ninguna notificación sobre las investigaciones.
El jefe de la Oficina de Puigdemont asegura que se ha enterado a través de los medios de comunicación de su imputación por presuntos delitos de terrorismo. Apunta que, de confirmarse lo informado por la prensa, el juez estaría actuando en contra del derecho europeo y podría estar «banalizando» el concepto de terrorismo al investigar por este delito a Alay y otros independentistas a los que se asocia con las manifestaciones convocadas por Tsunami Democràtic en 2019 en protesta a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés.
Contrario al derecho europeo
«Existe un marco común regulatorio e interpretativo que prohíbe presentar como actos terroristas aquellos que no son más que el ejercicio legítimo de derechos fundamentales», indica el escrito presentado por Alay. «Por todo lo anterior, esta parte está solicitando acceder a todo el contenido del procedimiento, ya que de lo publicado en medios de comunicación, se podría estar generando la falsa impresión de que estuviésemos ante un procedimiento contrario al derecho de la Unión», añade.
El escrito ha sido presentado por el abogado Gonzalo Boye, representante legal de Alay y también de Puigdemont. En su auto del lunes, el juez García Castellón señaló la necesidad de tomar declaración como imputados por presuntos delitos de terrorismo al expresidente de la Generalitat, al jefe de su oficina en Bruselas, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras nueve personas que la Guardia Civil vincula con Tsunami Democràtic en un reciente informe.
El abogado de Puigdemont pide acceso a todas las actuaciones practicadas durante la investigación judicial «a fin de corroborar, como no podría ser de otra manera, que las informaciones divulgadas no son ciertas y, por tanto, que podamos trabajar desde ya en el correspondiente sobreseimiento y archivo de estas actuaciones por tratarse de hechos que carecen de relevancia penal alguna».
Puigdemont resucita la ‘persecución política’
En línea con la reacción pública mantenida por el entorno de Puigdemont tras conocerse su imputación, Alay asegura en su escrito que el caso Tsunami Democràtic formaría parte de una estrategia de ‘lawfare’. Es decir, «el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político».
El asesor de Puigdemont asegura que la investigación que dio origen al procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, y por el que ahora se le señala en la Audiencia Nacional, es «una de las distintas causas prospectivas que se han gestado para criminalizar a un movimiento político que, si por algo se ha caracterizado, es por su carácter pacífico». «Parece evidente que el procedimiento del cual trae causa la imputación de mi defendido es lo que en términos anglosajones se denomina ‘lawfare’», indica en el recurso el abogado Gonzalo Boye.
«Bajo un manto de legalidad, se atribuyen conductas tales como malversación, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios, revelación de secretos, delitos informáticos diversos, blanqueo de capitales, prevaricación administrativa y otros», añade el representante legal de Alay y de Puigdemont en el escrito.
«Queremos creer que en el presente procedimiento nada de eso sucedería y que la investigación que versaría sobre un presunto delito de terrorismo enmarcado en el ámbito de la organización de unas determinadas protestas ciudadanas -ejercicio legítimo de derechos fundamentales- y la atribución de un fallecimiento que se habría producido en fechas coincidentes, aunque tal hipótesis venga desmentida por los servicios médicos que atendieron a esa persona, serían en todo caso un error de apreciación, que será corregido en el curso de la tramitación del procedimiento», ha apostillado en representación de Alay.
