EEUU cuestionó al juez de Tsunami sobre los vínculos entre Puigdemont y el terrorismo

La Audiencia Nacional solicitó al menos en tres ocasiones a Estados Unidos información referente a Tsunami Democràtic. A petición de la Fiscalía y la Guardia Civil, el Juzgado Central de Instrucción número 6 remitió una primera comisión rogatoria a las autoridades estadounidenses en diciembre de 2019 explicando que tenía abierta una investigación por presuntos delitos de terrorismo relacionados con las movilizaciones convocadas por Tsunami Democràtic en protesta a la sentencia del Supremo contra los líderes del procés. El objetivo, según documentos del sumario a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, era dar con las personas o empresas que registraron en EEUU diversos dominios y una plataforma de pagos electrónicos presuntamente dedicada a recabar donaciones para financiar las presuntas actividades delictivas de la plataforma.

Estados Unidos respondió a la primera comisión rogatoria del juez Alejandro Abascal solicitando información adicional y cuestionando la vinculación entre los hechos investigados y tres dirigentes independentistas a los que el magistrado mencionaba en su petición inicial: Carles Puigdemont, Joaquim Torra y Oriol Junqueras. En su primera comunicación, el juez de refuerzo había señalado que los tres habían dado «apoyo directo» en Twitter a Tsunami Democràtic, a la que los investigadores atribuían una «intencionalidad directa de desestabilización y la planificación de acciones subversivas» para «perturbar el orden constitucional», además de «alterar gravemente la cohesión social, la paz pública y la seguridad ciudadana (delito de terrorismo)».

Añadía el juez Abascal que Puigdemont, Torra y Junqueras, «conscientemente» y gracias a su apoyo público a la primera movilización convocada por Tsunami Democràtic, situaron a esta última «en una posición preponderante, dotándola del peso suficiente para actuar como plataforma vehicular y canal oficial de comunicación de las movilizaciones». «La promoción de esta iniciativa por parte de los sectores secesionistas dirigentes, presume su influencia directa en la creación y finalidades de la misma, sin descartarse su directa implicación en términos logísticos o de financiación», agregaba el magistrado en su comisión rogatoria, en la que hacía referencia a la «sofisticada» aplicación creada por los integrantes de Tsunami Democràtic, desarrollada en la plataforma estadounidense Github, para comunicarse y ejecutar de forma anónima «acciones multitudinarias».

EEUU preguntó por Puigdemont y Junqueras

En una primera respuesta, fechada el 7 de febrero de 2020, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EEUU respondió subrayando que la solicitud de información realizada por la Audiencia Nacional suscitaba «dudas con respecto a la Primera Enmienda» de la Constitución estadounidense, que protege el derecho a la libertad de expresión y manifestación. Añadía que, «antes de proceder con la información solicitada», las normas de EEUU exigen que para poder mostrar la información sobre las cuentas de usuario registradas en Github y solicitadas por el juez, la Audiencia Nacional debía demostrar que las manifestaciones convocadas por Tsunami Democràtic estaban dirigidas a «incitar» o «causar» un acto inminente de carácter terrorista y contrario a la ley.

En ese sentido, el Departamento de Justicia de Estados Unidos remitió un total de nueve preguntas a la Audiencia Nacional para que fuese aclaradas. Entre ellas, se hacía referencia a la mención que la comisión rogatoria hacía de los nueve miembros del Equipo de Reacción Táctica (ERT) de los CDR detenidos por presunta posesión de explosivos en septiembre de 2019 y el mensaje de Tsunami Democràtic en Twitter «promovido» por Puigdemont, Torra y Junqueras.

«¿Se trata de alguno de los acusados condenados en relación con las actividades de los miembros de ERT que han mencionado? ¿Qué cuentas se utilizaron para incitar a tal acto?», cuestionaban las autoridades de EEUU a la Audiencia Nacional, exigiendo una respuesta antes del 7 de mayo de 2020. En su respuesta, contenida en una solicitud de ampliación de la comisión rogatoria, el juez Abascal respondió a las cuestiones planteadas por el Departamento de Justicia, reconociendo que hasta el momento no había vinculación directa de Puigdemont, Torra y Junqueras con los miembros de los CDR detenidos.

La respuesta de la Audiencia Nacional

«Los citados no guardan relación directa con los componentes del Equipo de Respuesta Táctica detenidos», señalaba la respuesta de la Audiencia Nacional a Estados Unidos, el 30 de noviembre de 2020, en referencia a los tres líderes independentistas por los que preguntaban las autoridades norteamericanas. En ese documento, el juez Abascal informaba de los cargos que ocupaban los tres y la situación procesal en la que se encontraban.

Además, el magistrado aclaraba que, «para ser más precisos, el mensaje del día 2 de septiembre de 2019, publicado desde la cuenta de la red social Twitter mencionado anteriormente (de Tsunami Democràtic), no fue promovido por los reseñados, sino que los mismos apoyaron dicho mensaje para darle difusión mediante sus perfiles particulares» de la misma red social. No obstante, la Audiencia Nacional insistió en la necesidad de obtener las identidades reales de varios perfiles de usuarios vinculados con Tsunami Democràtic que habían utilizado la plataforma estadounidense Github para desarrollar la app utilizada por el movimiento independentista para comunicarse de forma segura y organizar sus protestas.

Asimismo, se pedía que la empresa Godaddy.com, con sede en Arizona, enviase toda la información en su poder para identificar a las personas físicas o jurídicas que gestionaron con esa firma estadounidense el registro de varios dominios web vinculados con Tsunami Democràtic. También se pedía requerir información a la empresa Stripe, una compañía internacional cuyo «software permite a individuos y negocios recibir pagos por internet, y que habría sido utilizada por la plataforma Tsunami Democràtic para desarrollar una suerte de crowdfunding con el que el movimiento independentista habría logrado sumar 135.818 euros en donativos para emprender nuevas acciones de protesta contra el Estado por la sentencia del procés, según un auto de diciembre de 2019 que figura en el sumario.

Nuevas aclaraciones

Esa primera respuesta del Juzgado Central de Instrucción número 6 no satisfizo a las autoridades norteamericanas. Según figura en un oficio de la Guardia Civil de mayo de 2021, el Departamento de Justicia norteamericano volvió a solicitar información adicional para dar contestación a la comisión rogatoria solicitada por España. En esa nueva batería de preguntas, las autoridades de Estados Unidos ya no hacían referencia a Puigdemont, Torra ni Junqueras. Se limitaban a preguntar por la relación entre los usuarios que desarrollaron la ‘app’ de Tsunami Democràtic en la plataforma de Github, cuya identificación pedía la Audiencia Nacional, y las pruebas en las que se basaba la justicia española para vincular a esas personas con la convocatoria de las manifestaciones en el aeropuerto de El Prat y otros puntos de Cataluña en protesta a la sentencia del procés.

En el mismo oficio, la Guardia Civil insistía en que había quedado acreditado el papel de Tsunami Democràtic «como la plataforma vehicular y canal principal de comunicación de las movilizaciones de los sectores independentistas, con un sistema de telecomunicaciones estructurado, sofisticado y restringido, a través de su aplicación TsunamiD». «Permite el anonimato de sus administradores a la vez que les facilita la información precisa para ejecutar acciones multitudinarias, manteniendo un perfecto control y dirección de las personas congregadas y actuantes», indicaban los investigadores.

«Su intencionalidad directa de desestabilización y la planificación de acciones subversivas han quedado fehacientemente constatadas con el alcance de los graves hechos violentos ocurridos en el aeropuerto de Barcelona y la deriva violenta de los disturbios acontecidos, con ataques reiterados hacia las instituciones, los edificios públicos y los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, poniendo en peligro tanto su integridad física como la de los ciudadanos», agregaba la Guardia Civil.

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