El juez de Tsunami libra una comisión rogatoria a Suiza para localizar a la 'número dos' de ERC
Marta Rovira está acusada de terrorismo por los disturbios en Cataluña tras la condena a los líderes del ‘procés’
Marta Rovira vota a favor de la declaración unilateral de independencia en el Parlament. | Jordi Boixareu (Zuma Press)
El juez que instruye el caso Tsunami Democràtic quiere saber dónde se encuentra Marta Rovira. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha emitido una comisión rogatoria a Suiza para localizar a la secretaria general de ERC, acusada junto a otras 10 personas de un presunto delito de terrorismo por los disturbios ocasionados en Cataluña tras la condena a los líderes del procés. La número dos de la formación independentista se encuentra en el país helvético desde 2018, cuando se marchó para eludir a la justicia española.
En el auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el juez de Tsunami solicita a las autoridades suizas información sobre una cuenta bancaria, las tarjetas de crédito y los productos financieros asociados al sospechar que podría pertenecer a Rovira. Demanda también conocer sus titulares, personas autorizadas y vinculaciones, movimientos de la cuenta desde su creación hasta la actualidad, referencias sobre las transferencias recibidas y emitidas así como los préstamos suscritos.
García-Castellón sospecha que esa cuenta podría estar detrás de la financiación de Tsunami Democràtic, la plataforma que organizó los graves disturbios que se registraron en Cataluña tras la condena del Tribunal Supremo a los líderes del procés en octubre de 2019. Las actividades tenían como objetivo desestabilizar a España. Entre los actos que organizaron, una huelga general, el corte de la autopista AP-7 y el bloqueo del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, donde murió un ciudadano francés.
El caso Tsunami, al Supremo
«La anterior información deberá ser aportada en el sistema vigente que impere en Suiza en cuanto a la cooperación de las entidades bancarias con la justicia, especificando detalladamente cuál es este sistema y cuál es la manera de procesar esos datos por la fuerza investigadora, así como su funcionamiento. Además, deberá proveerse las instrucciones necesarias para que pueda ser desarrollado el estudio de estos», ha solicitado el instructor de Tsunami a través de la plataforma Eurojust.
La comisión rogatoria se firmó este martes, el mismo día en que García-Castellón elevaba una exposición razonada al Supremo para pedir que sea este quien continúe con la investigación por presuntos delitos de terrorismo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, Rovira, y otras 10 personas. Así consta en el auto, que afirma que todos los indicios apuntan a que en el vértice de la organización se situaría el expresidente catalán, papel que le conferiría «una posición de autoridad incuestionable».
García-Castellón enumera diferentes reuniones en Ginebra, donde se habría originado Tsunami. En ellas habrían participado tanto Puigdemont como Rovira, por lo que el juez apunta a que existen indicios que permiten inferir su participación en el nacimiento y planificación de las acciones de la plataforma independentista. De hecho, el magistrado sostiene que detrás del seudónimo Matagalls, que interactuaba en las aplicaciones de mensajería encriptada con otros investigados, se encuentra la secretaria general de ERC.
En esos grupos también habrían participado Xavier Vendrell y el informático Jaume Cabaní, investigados por su presunta participación en la financiación irregular de Tsunami. Este último era el titular de la cuenta en Suiza en la que un banquero de ese país se comprometió a donar 6.200 euros para sufragar las protestas, según recoge un informe de la Guardia Civil. En la operación, que no se ha podido constatar, habría intermediado Josep Lluís Alay, secretario de Carles Puigdemont.
Estancia en Ginebra
La decisión del juez García-Castellón de enviar la causa al Supremo, en consonancia con el argumento de la acusación popular que ejerce la Asociación Dignidad y Justicia, está relacionada con que tanto el expresidente catalán, ahora en Bruselas, como el parlamentario de ERC Rubén Wagensberg, están aforados.
El juez de la Audiencia Nacional sostiene que es «público y notorio» que Rovira reside en Suiza, por lo que pide a las autoridades locales que faciliten su localización. Les traslada que está investigada por «un delito de participación en la actividad de una organización o grupo terrorista». Las autoridades helvéticas ya denegaron en diciembre 2019 la información bancaria que solicitó García-Castellón.
La dirigente independentista, que ha defendido en todo momento que no tiene nada que ver con Tsunami, no puede volver porque pesa sobre ella una orden de detención nacional que le llevaría directamente a prisión. En Suiza no puede ser arrestada hasta que exista una euroorden de detención, algo que mantiene en punto muerto Pablo Llarena, juez instructor del procés en el Supremo, hasta que la justicia comunitaria se pronuncie. Hace unos meses, Rovira anunció que no volvería aún «del exilio». «Mi estancia en Ginebra se alarga», indicó en mayo, tras intervenir vía telemática en un mitin electoral en Vic (Barcelona).
La número dos de ERC fue procesada por Llarena por rebelión. El mismo delito que la cúpula del Govern, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los máximos responsables de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente. El auto de procesamiento señalaba que la participación de Rovira en la idea y el impulso parlamentario de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y en la organización del referéndum ilegal del 1-O fue «esencial», como atestiguan las numerosas conversaciones telefónicas aportadas.
