La Fiscalía pide 27 años de prisión para los CDR acusados de terrorismo
Los procesados por la Audiencia Nacional pueden beneficiarse de la ley de amnistía si esta termina prosperando
Altercados protagonizados por los CDR en Girona. | Europa Press
La Fiscalía ha solicitado penas de entre ocho y 27 años de prisión a los 12 miembros de los Comités en Defensa de la República (CDR) procesados en la Audiencia Nacional por un delito de pertenencia a organización terrorista. A ocho de los acusados les achaca delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos. El Ministerio Público ha presentado este viernes su escrito de acusación contra los procesados por impulsar el Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una organización que buscaba la secesión de Cataluña con acciones radicales. Todos ellos podrían beneficiarse de la ley de amnistía, en trámite parlamentario.
El Ministerio Público imputa a ocho CDR los delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables o de sus componentes, de carácter terrorista; y estragos de carácter terrorista en grado de tentativa. Pide para todos ellos hasta 27 años de prisión. El fiscal Miguel Ángel Carballo sitúa a otras cuatro personas en un escalón inferior. Les acusa solo de terrorismo, por lo que su pena se rebaja a ocho años.
«Los acusados comparten activismo radical para conseguir la independencia ; su objetivo final como organización era conseguirla empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España», admite la fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Objetivos de los CDR
En las 61 páginas del escrito de acusación, el Ministerio Público presenta a los CDR procesados como miembros de una célula radical que conformó «una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares».
Entre sus objetivos se encontraban la Comandancia de la Guardia Civil en Barcelona, la Delegación de Gobierno en la Ciudad Condal, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) así como miembros, vehículos e instalaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad. No obstante, su plan estrella era asaltar el Parlament el mismo día que se publicara la sentencia del procés contra los líderes del 1-O.
Hace dos semanas, la Audiencia Nacional envió al banquillo a 12 miembros de los denominados CDR. Lo hizo en plena negociación de la amnistía que borrará los delitos vinculados al procés. El pasado 3 de noviembre, la Sala de lo Penal dio por concluido el sumario sobre los piquetes y protestas surgidas en Cataluña tras el 1-O y acordó abrir juicio oral contra los procesados por delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancia o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista.
En un auto los magistrados confirmaron la decisión del juez instructor de la denominada Operación Judas. Los CDR fueron detenidos en septiembre de 2019. Los investigadores sostienen que formaban parte de un grupo radical denominado ERT, de gran radicalidad. Pretendían conseguir la independencia de Cataluña a través de la violencia y planeaban, según la Guardia Civil, atacar infraestructuras de comunicaciones, electricidad y edificios públicos para generar el caos.
La posible amnistía
Está pendiente fijar una fecha para el juicio. El pacto entre el PSOE y las fuerzas independentistas para la investidura de Pedro Sánchez contempla incluir a estos imputados en la ley de amnistía que acaba de iniciar su tramitación en el Congreso, por lo que pone en entredicho el futuro de la causa. El artículo 2 del texto excluye del acuerdo «los actos tipificados como delitos de terrorismo», aunque lo limita a casos en los que exista sentencia firme.
Los 12 miembros de los CDR no se han sentado aún en el banquillo, por lo que quedarían fuera de esa excepción, apuntan las fuentes consultadas por este diario. Hace solo dos días, la portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo, Iratxe García, aseguró durante el debate sobre la ley de amnistía en Estrasburgo que la norma excluía a los casos de terrorismo aún abiertos. La dirigente socialista acusó al líder del PP Europeo, Manfred Weber, de «mentir» por asegurar que en España se perdonarían los delitos de terrorismo.
Carballo, el fiscal que ha presentado el escrito de acusación contra los CDR, es el mismo que descartó el delito de terrorismo de Tsunami Democràtic, la causa que determina la responsabilidad en los disturbios de Cataluña tras la sentencia del procés y en la que se ha citado como imputados al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la número dos de ERC, Marta Rovira. Ambos permanecen fuera de España para eludir la justicia española.
