Una trabajadora con trastorno bipolar consigue la incapacidad permanente absoluta
La sentencia del Juzgado de lo Social número 24 de Barcelona abre la puerta a que miles de personas puedan solicitarla
Una trabajadora de 45 años diagnosticada con trastorno bipolar ha conseguido la incapacidad permanente absoluta. El Juzgado de los Social número 24 de Barcelona ha considerado la condición «permanente y previsiblemente definitiva de las lesiones». Se calcula que en España existen entre 700.000 y 715.000 personas que sufren esta enfermedad que se caracteriza por tener cambios de ánimo repentinos y poco comunes, aunque ni la mitad de quienes la padecen han sido diagnosticados. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
«Es una de las enfermedades más diagnosticadas por los psiquiatras. Aun así, casi el 50% de las personas que la sufren no está diagnosticada, o se les ha diagnosticado equivocadamente depresión mayor», explica Ambar Zambrano, letrada de Vosseler Abogados, que representa a la demandante. El trastorno bipolar, que se caracteriza por momentos de extrema felicidad seguidos de otros de extrema depresión, puede disminuir la esperanza de vida entre 13 y 30 años, según diferentes estudios.
La sanidad pública acreditó en 2015 que la mujer padecía un trastorno bipolar y comenzó a hacerle un seguimiento a través del Centro de Salud Mental de Adultos (CMSA). Según recoge la sentencia, la afectada presenta un trastorno bipolar tipo I agravado por un trastorno depresivo mayor con ideas psicóticas de perjuicio en las fases maníacas e incontinencia urinaria.
Incapacitada para trabajar
El INSS considera que estas patologías no limitan funcionalmente a la trabajadora. La juez fundamenta su resolución en las características que definen el concepto legal de invalidez permanente. Estas son: alteración grave de la salud, el carácter objetivable de las reducciones anatómicas o funcionales, la condición permanente o previsiblemente definitiva de las lesiones y la gravedad de las reducciones, que disminuyan o anulen su capacidad laboral.
Para la magistrada, los informes del centro público especializado que realiza el seguimiento de la trabajadora justifican el grado de incapacidad permanente absoluta sin perjuicio «de que en un futuro pueda alcanzar una cierta estabilidad que permita su reingreso en el mundo laboral (y que por lo tanto el INSS revise su situación)».
Hace unas semanas, Vosseler ya consiguió una sentencia pionera en Cataluña. El Juzgado de lo Social número 2 de Girona condenaba a la Seguridad Social a pagar una pensión a un administrativo de 59 años que sufre bulimia, un trastorno alimentario que afecta mayoritariamente a mujeres y adolescentes. La magistrada declaró su situación de «incapacidad permanente en grado de absoluta para todo tipo de trabajo derivada de una enfermedad común».