Bolaños solivianta a los funcionarios de Justicia por el nombramiento de su 'número dos'
Olmedo fue el interlocutor que negó subirles el sueldo, pero algunos sindicatos abogan por darle un margen de confianza
Félix Bolaños, a su salida de una sesión plenaria en el Congreso. | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
El primer nombramiento de Félix Bolaños ha irritado a los funcionarios de Justicia. El ministro ha optado por una línea continuista promocionando a Manuel Olmedo como número dos. El nuevo secretario de Estado ejerció la pasada legislatura como secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público y fue el interlocutor del Gobierno que les negó el aumento salarial. Los sindicatos están divididos. Unos rechazan su legitimidad para reiniciar unas negociaciones que quedaron aparcadas por las elecciones y otros abogan por otorgarle un margen de confianza porque «entonces defendía la posición de otro equipo».
Bolaños no va a disfrutar de los habituales 100 días de gracia de los que goza cualquier dirigente político. Nada más conocer la decisión de Pedro Sánchez, los sindicatos pidieron al nuevo ministro de Justicia una reunión para abordar el incremento retributivo y las mejoras organizativas que demandan desde hace meses. El socialista recibió la cartera prometiendo diálogo con todos los operadores jurídicos, perfil que cumple Olmedo, según algunas de las fuentes consultadas.
El nuevo secretario de Estado de Justicia fue el encargado de cerrar los aumentos de sueldo que ya disfrutan letrados de la Administración, jueces y fiscales. Ahora será el hombre fuerte de Bolaños para desbloquear el conflicto con los funcionarios de Justicia, que reclaman desde abril un aumento salarial de entre 350 y 430 euros al mes. Los iniciales paros parciales se convirtieron en una huelga indefinida el 22 de mayo, días después de que el Gobierno aceptara subir el salario de jueces y fiscales.
El continuismo de Bolaños
CCOO ha amenazado con retomar a mediados de diciembre las movilizaciones que aparcaron por las elecciones del 23 de julio si el nuevo secretario de Estado no concreta una oferta de negociación «inmediata». El sindicato afirma en una nota de prensa que su nombramiento supone una apuesta de Bolaños por el continuismo, ya que es «uno de los protagonistas en su antigua responsabilidad del clasismo indecente en el anterior equipo del Ministerio de Justicia».
En esa dirección se ha pronunciado el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), que apremia a Bolaños a reunirse antes de que finalice el puente de diciembre. En caso contrario, volverá a movilizarse. Desde su punto de vista, Olmedo impulsó la tramitación de las leyes de eficiencia sin negociar. «Asume el cargo con el conflicto totalmente abierto. Un conflicto del que es responsable en gran parte», denuncia la organización sindical. Considera que el nuevo secretario de Estado tendrá que cambiar «la actitud manifestada por el equipo anterior».
Su problema, según otras fuentes sindicales, es que en la pasada legislatura no poseía competencias para negociar, ya que cumplía órdenes de Tontxu Rodríguez, al que ahora releva en el cargo y culpan algunos de los desencuentros. Uno de los presentes en las tres reuniones convocadas formalmente para desatascar el conflicto recuerda que Olmedo no podía entrar en materia porque afirmaba «no estar autorizado». Ni por sus superiores, ni por Función Pública, que es en última instancia quien debe dar el visto bueno al acuerdo.
«Algún sindicato llegó a pedirle que acudiera quien estuviese autorizado», rememora uno de los participantes. «Aquello no era una negociación, era otra cosa», se lamenta otro de los asistentes a esos encuentros, que acabaron con un órdago de los funcionarios de Justicia. El comité de huelga se encerró varios días en junio en la sede del Ministerio de Justicia después de que el predecesor de Olmedo abandonara la mesa de negociación «de forma abrupta».
La línea de Llop
Uno de los interlocutores del ahora número dos de Bolaños afirma que está en contra de recibirle «con una bofetada». En su opinión, no es lo mismo ser secretario general que secretario de Estado. «Entonces defendía la línea del ministerio, ahora tiene más capacidad para negociar», resalta mientras afea que algunos de sus compañeros se hayan saltado la unidad sindical tras anunciar movilizaciones si en las próximas semanas no se reinician los contactos.
«El panorama ahora ha cambiado. Olmedo ejerce de ministro in pectore porque Bolaños no puede estar en el día a día. Ahora su posición es mucho más relevante», destaca a THE OBJECTIVE un sindicalista con una larga trayectoria. Otro compañero asegura tener la convicción de que se reunirán pronto. Revela que el nuevo secretario de Estado de Justicia les llamó en octubre para comprometerse a subirles el suelto tras la investidura de Sánchez, que tuvo lugar el 16 de noviembre.
Olmedo aseguró a sus interlocutores que el Ministerio de Hacienda había rectificado su posición inicial y accedía al aumento retributivo, aunque no concretó la oferta. Algunos, como Luis Calero, de CCOO, le conminó a oficializarlo o a convocar una mesa sectorial, a lo que se negó el entonces subordinado de Pilar Llop.
El conflicto se originó hace más de un año, cuando los sindicatos se sintieron desplazados en la negociación colectiva del proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público, uno de los planes estrella de Llop, predecesora de Bolaños. Los sindicatos denuncian que la norma, que no llegó a aprobarse, se remitió a las Cortes por el anterior equipo, del que formaba parte Olmedo, «sin haber sido negociado a pesar de afectar de forma directa a nuestras condiciones laborales».
«Injustamente atacados»
Las posiciones se enconaron a partir de abril, cuando los funcionarios de Justicia comenzaron a reclamar un aumento salarial de entre 350 y 430 euros al mes «en concordancia» con el incremento que el ministerio pactó con los letrados de la Administración apenas unas semanas antes. Los paros parciales se convirtieron en una huelga indefinida el 22 de mayo, días después de que el Gobierno aceptara subir los sueldos de jueces y fiscales, que amenazaron con ir a la huelga.
La concesión, que no contó con el visto bueno de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), soliviantó a los funcionarios de Justicia, que se sintieron «injustamente atacados» por el equipo de Llop. Esperan que en la nueva era, con Bolaños al frente, Olmedo pueda cumplir los compromisos que deslizó en las conversaciones con los sindicalistas.
