Bolaños se compromete a negociar en enero un acuerdo que ponga fin al conflicto en Justicia
El ministerio descarga la responsabilidad en Hacienda mientras CCOO considera que la propuesta es insuficiente
Protesta de los funcionarios de Justicia el pasado junio. | Diego Radamés (Europa Press)
Los funcionarios de Justicia empiezan a ver la luz al final del túnel. El ministerio se ha comprometido con los sindicatos a iniciar en enero la negociación para poner fin al conflicto. Se organizarán reuniones para abordar asuntos como el reconocimiento de sus funciones, el incremento retributivo y la regulación del teletrabajo. Los representantes sindicales salieron «satisfechos» de la reunión que mantuvieron este miércoles con el número dos de Félix Bolaños, que ha descargado la responsabilidad final de cualquier acuerdo en el Ministerio de Hacienda. CCOO, en cambio, ha tildado la propuesta de «insuficiente».
El departamento de Bolaños convocó a los cuatro sindicatos la semana pasada por separado para «intercambiar pareceres». Le habían dado la bienvenida con la exigencia de reunirse lo antes posible para abordar las mejoras retributivas y organizativas que llevan meses reclamando. Decidieron dar un periodo de gracia al nuevo equipo de Justicia, salvo CCOO, que mantuvo la protesta de la semana pasada al entender que el nuevo secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ya conocía el conflicto.
De hecho, fue el alto cargo del Gobierno que negoció con ellos en la pasada legislatura. Este miércoles ha vuelto a sentarse con los sindicatos, pero en esta ocasión como número dos del ministerio tras ser ascendido por Bolaños. Los representantes de los trabajadores han valorado de forma positiva los encuentros, a los que también han asistido la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, y la directora General para el Servicio Público de Justicia, Maria dels Àngels Garcia Vidal.
El negociador de Bolaños
«Se ha plasmado un acuerdo de negociación en enero. Es muy importante que se haya pasado de la buena voluntad al compromiso», subraya Javier Jordán, portavoz de CSIF. Su sindicato, mayoritario, resalta que este escenario ratifica la intención que comunicó Olmedo a los representantes de los trabajadores por vía telefónica hace dos meses y que reiteró el 29 de noviembre, tras ser nombrado secretario de Estado de Justicia.
Jordán subraya que ha sido el propio Olmedo quien ha puesto sobre la mesa las cuestiones: «No ha habido que interpelarle». El compromiso llega apenas un día después de que el Consejo de Ministros aprobara un real decreto ley que recoge en su disposición novena la necesidad de reconocer las funciones que realizan los Cuerpos Generales y Especiales y la incidencia que tendrá la transformación tecnológica de la Administración de la Justicia.
UGT explica que la reunión ha sido «una toma de contacto» para conocer la hoja de ruta del Ministerio de Justicia. Su portavoz, Antonio Lozano, destaca que ha visto predisposición a escuchar, aunque de momento no se ha concretado ningún compromiso más allá de crear equipos de trabajo a partir de enero. «Este encuentro sirve para ir aclarando la desconfianza que se había instalado. Iniciar las conversaciones ya es positivo», reconoce a THE OBJECTIVE por teléfono.
«Esperamos que el ministerio cumpla su compromiso y que se recojan todas nuestras reivindicaciones», afirma José Luis Fernández Alaya, de STAJ. En la reunión con el equipo de Bolaños ha pedido que la negociación no se demore. Es optimista con las reuniones que se van a producir a principios del próximo año, aunque no se hayan cerrado aún el número de encuentros. «Deben ser pocos. Hay mucho trabajo previo, pero hay que pulirlo», insiste el sindicalista.
Compromiso «insuficiente»
El compromiso de Olmedo también afecta al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que será el último responsable de cerrar cualquier acuerdo con los sindicatos. Una condición que no termina de convencer a CCOO, la organización más beligerante. En su opinión, y así se lo ha trasladado al secretario de Estado de Justicia, la propuesta es «insuficiente», ya que la primera fase de la negociación que comenzará en enero solo incluye «los puntos que generaron el conflicto».
La idea del departamento liderado por Bolaños es llegar a un acuerdo de legislatura que incluya, además de las demandas de los sindicatos, otros asuntos vitales como las mejoras en el Registro Civil, las sustituciones de la plantilla, el teletrabajo y las leyes de eficiencia organizativa que quedaron aparcadas en la anterior legislatura y que soliviantó a los funcionarios, que se sintieron desplazados en la negociación colectiva del proyecto.
Los funcionarios de Justicia reclaman desde abril un aumento salarial de entre 350 y 430 euros al mes, «en concordancia» con el incremento pactado con los letrados apenas unas semanas antes, la clarificación de sus funciones y cambios en las futuras leyes de eficiencia organizativa. Los paros parciales se convirtieron en una huelga indefinida el 22 de mayo, días después de que el Gobierno aceptara subir los sueldos de jueces y fiscales, que amenazaron con la huelga. El conflicto se aparcó por la convocatoria de elecciones generales.
