Los fiscales progresistas reprenden a Marlaska por negar la residencia a una activista saharaui
Aminatou Haidar denuncia que el Gobierno le niega un permiso que tiene desde hace 16 años por razones humanitarias
La activista saharaui Aminatou Haidar. | Equis
El caso de Aminatou Haidar señala a Fernando Grande-Marlaska. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha dirigido una carta al ministro del Interior para reprenderle por la decisión del Gobierno, que ha decidido no renovar el permiso de residencia a esta activista saharaui tras 16 años disfrutándolo. La asociación le recuerda que, cuando era magistrado de la Audiencia Nacional, dictó un auto que insistía en el papel de España como potencia administradora del Sáhara Occidental, cuestión que obliga a nuestro país a «asegurar su adelanto político, económico, social y educativo».
«Denunciamos esta indignante e injusta decisión de privar de la residencia en España por razones humanitarias a la activista saharaui Aminatou Haidar. Resulta inmoral desde todo punto de vista, razón por la que solicitamos su reconsideración y revocación», solicitan a Marlaska en la carta, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Haidar comunicó hace unos días que el Gobierno le había denegado el permiso de residencia que disfrutaba desde hace 16 años. La activista llevaba 18 meses esperando la renovación, que se concede con carácter anual. «Tenía una residencia por asuntos humanitarios para un tratamiento. La respuesta me ha sorprendido, como ha sorprendido a mi abogada», aseguró la propia perjudicada durante FISahara, el festival internacional de cine que celebra su 20 aniversario en Madrid.
Carta a Marlaska
Haidar se convirtió en una figura reconocida en 2009. Tras visitar Estados Unidos, Marruecos le denegó la entrada al territorio del Sáhara Occidental y fue devuelta, sin pasaporte, en un avión al aeropuerto de Lanzarote. La activista inició en el aeródromo canario una huelga de hambre que duró 32 días. Dos años antes ya había solicitado la residencia temporal en España por motivos humanitarios.
La UPF recuerda a Marlaska que la activista saharaui obtuvo el permiso de residencia en 2007 para recibir tratamiento médico por sus múltiples problemas de salud (fibromialgia, osteoporosis crónica, cirugías previas), «consecuencias directas de haber sufrido detenciones arbitrarias y torturas por el régimen marroquí, y una desaparición forzada durante cuatro años en una cárcel secreta cuando tan solo tenía 20 años».
«Estas razones que motivaron la concesión de residencia en España por motivos humanitarios subsisten actualmente. Haidar sigue padeciendo un delicado estado de salud. En consecuencia, forzar su expulsión hacia los territorios saharauis ocupados por Marruecos impediría seguir su tratamiento médico continuado en España y la expondría de nuevo, como activista, a las autoridades del régimen marroquí, sometiéndola de nuevo al mismo peligro», denuncian a Marlaska.
La asociación de fiscales progresistas afirman que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha publicado recientemente su segundo dictamen sobre el Grupo Gdeim Izik, confirmando las conclusiones de su dictamen de 2014. En el texto pedía la liberación inmediata de los presos políticos saharauis, tras concluir que todos ellos estaban detenidos ilegalmente. El Grupo incluye a periodistas y defensores de los derechos humanos del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, territorio pendiente de descolonización.
El auto en la Audiencia Nacional
«El Grupo de Trabajo de la ONU señaló graves violaciones cometidas por Marruecos, como la denegación del derecho de acceso a la defensa letrada, confesiones obtenidas bajo tortura y la falta de imparcialidad e independencia del tribunal que los juzgó, todo lo cual apunta a una privación arbitraria de su libertad desde que fueron detenidos en 2010. Naciones Unidas también instó a Marruecos a investigar los hechos que condujeron a la privación arbitraria de libertad y a tomar medidas contra los responsables», subraya la carta.
Los fiscales recuerdan a Marlaska que, cuando era magistrado de la Audiencia Nacional, dictó un auto, fechado el 14 de julio de 2014, en el que subrayaba que España, al ingresar en la ONU y firmar la Carta de las Naciones, reconoció el hecho colonial del Sáhara español, contrayendo una serie de obligaciones y convirtiéndose en potencia administradora. La Asamblea de Naciones Unidas aprobó una resolución en 1965 que establece que nuestro país es el garante del territorio y responsable de asegurar unas cuestiones básicas, según recoge el artículo 73 de la Carta.
«El auto del Pleno de la Audiencia Nacional incide en que España sigue siendo la potencia administradora actual del Sáhara Occidental», insisten la carta que ha enviado la UPF. Reclaman a Marlaska que el Gobierno reconsidere y revoque su decisión «indignante e injusta» de privar a Haidar de la residencia en España, especialmente cuando existen razones humanitarias que lo aconsejan.
La decisión llega casi un año después de que el presidente del Gobierno enviara una carta al rey Mohamed VI en la que reconocía que el plan de autonomía para el Sáhara Occidental planteado por Marruecos en 2007 constituye «la base más seria y realista» para lograr una solución a este conflicto. Pedro Sánchez abandonaba así la postura tradicional de nuestro país en este conflicto para alinearse con las posiciones el régimen alauí, lo que le valdría la ruptura de relaciones con el Frente Polisario y con Argelia.
