El 'Pegasus' de Marlaska no logró acceder al móvil de varios investigados en 'Tsunami'
Informes de la Guardia Civil revelan problemas técnicos con el ‘software’ usado para infiltrarse a distancia en sus teléfonos
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | Europa Press
La Guardia Civil no pudo acceder a los móviles de al menos cuatro de los investigados en el caso Tsunami por «cuestiones técnicas e informáticas» relacionadas con el software DARS-SILC. Se trata de la aplicación adquirida a finales de octubre de 2018 por el Ministerio del Interior, con Fernando Grande-Marlaska al frente de esa cartera, para poder acceder de forma remota y telemática al contenido íntegro de los dispositivos de personas investigadas por delitos de terrorismo. Los informes policiales de una pieza separada del caso Tsunami, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, revelan deficiencias en ese software ‘espía’ utilizado por los investigadores siempre con autorización previa de la Audiencia Nacional.
El juez Alejandro Abascal llegó a autorizar en varias ocasiones (entre diciembre de 2019 y junio de 2020) el uso de este software en los móviles de seis de los casi 20 investigados en esta pieza separada. Sin embargo, la Guardia Civil solo logró acceder en una ocasión a los dispositivos de dos de ellos, el ingeniero Jordi Baylina y el activista de Fem Consell Jordi Milla. Por el contrario, según un informe policial de junio de 2020, respecto de otros cuatro investigados «había resultado imposible materializar el acceso remoto a los mismos por cuestiones técnicas informáticas».
«No pudiendo por tanto efectuar labores de análisis y elaboración de la información contenido en los dispositivos de los investigados en cuestión, que pudieran aportar evidencias sobre el grado de participación de los encartados en las actividades delictivas investigadas», añadían los investigadores. Entre las personas a las que nunca se logró introducir el software desarrollado por DARS Telecom para el Sistema de Interceptación Legal de las Comunicaciones (SILC), se encuentran el exdiputado de la CUP en el Parlament de Cataluña David Fernández, el empresario Joan Matamala, el activista Martí Olivella y el informático David Franquet.
El ‘software’ de Marlaska
La infiltración mediante el software DARS-SILC por parte de la Guardia Civil en el móvil de Jordi Baylina, uno de los presuntos ideólogos e impulsores del proyecto Vocdoni para la creación de una «república digital», permitió a los investigadores confirmar sus sospechas y acreditar comunicaciones en aplicaciones de mensajería instantánea encriptada con el entorno de Carles Puigdemont en Bruselas. La instalación remota de ese software en el móvil de Baylina se produjo entre los días 17 y 20 de marzo de 2020, y permitió descargar de su teléfono chats, documentos y correos electrónicos que permitieron avanzar en la investigación e identificación de otros presuntos implicados.
Gracias a aquella acción, la Guardia Civil pudo obtener una pormenorizada descripción de los planes del entorno de Puigdemont y de los investigados en esta pieza separada del caso Tsunami para instaurar una criptomoneda que sirviese como «estructura de Estado» para la futura república catalana y cuyo nombre inicialmente iba a ser ‘Geneba’. Esa iniciativa formaba parte del proyecto Vocdoni, supuestamente financiado a través de un entramado empresarial en Estonia y que tendría por objetivo crear los cimientos de una ‘república digital’ que permitirían la futura ‘desconexión’ o declaración unilateral de independencia de Cataluña.
«El desarrollo de esta criptomoneda, a la que califican como la ‘moneda de la república catalana‘, llevaría implícito otro tipo de funcionalidades como la construcción de un sistema financiero digital desde el que poder realizar transacciones pecuniarias fuera del circuito establecido y, por supuesto, sin la fiscalización del Estado», añaden los investigadores en un informe fechado en abril de 2020.
Problemas técnicos
Sin embargo, según la Guardia Civil y a pesar de contar con autorización judicial para prorrogar la intervención remota del contenido de ese teléfono, «desde entonces no fue posible volver a instalar el software en el terminal de Baylina» para tener acceso al contenido de sus comunicaciones y documentos. «No se ha podido materializar la medida nuevamente debido a que por cuestiones técnicas no se ha instalado el software remoto», añadían los investigadores.
En aquellas fechas, la Guardia Civil tampoco había «logrado llevar a cabo la instalación del software» en los terminales de Joan Matamala y Martí Olivella debido a que «había resultado imposible materializar dicha medida investigativa por cuestiones técnicas informáticas». El 16 de diciembre de 2019 habían sido autorizadas por el juez Abascal la intervención de las comunicaciones telefónicas de ambos y también la instalación del «software remoto y telemático», adquirido por Interior un año antes, para acceder al contenido íntegro de los datos y documentos almacenados en los teléfonos de Baylina, David Franquet y el exdiputado autonómico de la CUP David Fernández.
Infiltraciones fallidas
La Guardia Civil nunca logró infiltrarse con este software ‘espía’ en los dispositivos de Fernández y Franquet pese a intentarlo durante tres meses. En marzo de 2020, el juez denegó una nueva prórroga para usar el sistema DARS-SILC en el móvil de estos dos últimos al considerar que mediante las escuchas telefónicas efectuadas en paralelo con el Sistema Integrado de Telecomunicaciones (Sitel), no habían quedado acreditados indicios que justificasen un nuevo intento de intentar acceder al móvil del exdiputado de la CUP y del informático Franquet.
La instalación remota de ese software en los móviles de los investigados, según consta en los autos del caso Tsunami y en los contratos adjudicados por Interior a DARS Telecom, tenía como objetivo acceder a más información de la que proporcionaban hasta entonces las escuchas realizadas con Sitel. Mientras este último sistema solo permite -con autorización judicial- intervenir las llamadas telefónicas, SMS y datos de geolocalización de cualquier persona sospechosa de delitos graves como el terrorismo, el software adquirido a DARS en 2018 por Interior para la plataforma SILC daba a los investigadores la posibilidad de acceder de forma remota y discreta a una mayor cantidad de información contenida en los dispositivos de los investigados sin que estos pudiesen ser conscientes de ellos.
Entre otras funciones que no pueden ser cubiertas por Sitel, según explican fuentes policiales, esta aplicación permite el acceso y descargas de las comunicaciones realizadas en aplicaciones de mensajería instantánea encriptada, como Signal, Wire o Telègram, así como a los correos electrónicos y todos los archivos almacenados en el terminal del sospechoso. Además, y según confirman los autos de la pieza separada del caso Tsunami, el sistema utilizado por la Policía Nacional y la Guardia Civil en casos de terrorismo permite activar el micrófono del investigado -sin que este lo sepa- para poder captar el contenido de reuniones presenciales o conversaciones orales sin necesidad de que se esté produciendo una llamada telefónica.
Financiación de Waterloo
Sin embargo, el software de DARS-SILC tampoco logró acceder a los dispositivos del empresario Joan Matamala, a quien la Guardia Civil señalaba por su presunta participación en la financiación del Consell per la República de Puigdemont e impulsor, junto a Baylina, de la creación de una fundación con sede en Girona y dedicada al desarrollo de nuevas tecnologías digitales para la futura ‘república digital’. De las escuchas practicadas por los investigadores en los teléfonos de otros sospechosos, la Guardia Civil había acreditado que la única aplicación que Matamala usaba para comunicarse era Signal. Una ‘app’ de mensajería instantánea encriptada a la que los investigadores solo podrían acceder con el software de DARS-SILC, pero no con Sitel.
Esta herramienta a distancia que no pudo ser instalada por cuestiones técnicas en los móviles de Matamala, Fernández, Franquet y Olivella, entre otros, sí logró dar acceso al teléfono de un segundo investigado además de Baylina. Se trata de Jordi Milla, exsecretario general del Círculo Catalán de Negocios (CCN) supuesto intermediario entre los impulsores del proyecto Vocdoni y el Consell per la República de Puigdemont, según la Guardia Civil.
Después de varios intentos fallidos, los investigadores lograron «la instalación del software» en su teléfono entre el 4 y el 6 de junio de 2020. En un informe remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, la Guardia Civil detalló algunas de las conversaciones mantenidas por Milla en la aplicación de mensajería instantánea Telegram con miembros de la coordinadora Fem Consell, desde la que se organizaban diversas actividades para la instauración de Consells locals per la República por todo el territorio catalán.
Cámara de Comercio de Barcelona
Esa infiltración y descarga de datos, mediante el software adquirido por Marlaska en octubre de 2018, también dio acceso a las conversaciones mantenidas en Telegram entre Milla y «figuras relevantes» del entorno de Puigdemont en Waterloo, como el entonces jefe de la oficina del expresident de la Generalitat en Bruselas, Sergi Miquel, o el exconsejero fugado Toni Comín. En algunas de ellas, se hablaba de poner en marcha diferentes proyectos para crear las «estructuras de Estado» necesarias para lograr la independencia unilateral de Cataluña a nivel tecnológico, económico y sanitario.
Además, los investigadores descubrieron que Milla formaba parte en Signal de varios grupos relacionados con proyectos de consumo de proximidad impulsados por la Cámara de Comercio de Barcelona en connivencia con el Consell de Puigdemont. También en Signal había varias conversaciones entre Milla y el empresario Joan Matamala, uno de los investigados a los que la Guardia Civil no logró acceder a su móvil por cuestiones técnicas. La mayoría de las conversaciones entre ambos demostraban la preocupación de Matamala para que Milla borrase aquellas conversaciones o documentos que consideraba sensibles.
