Marlaska ordenó comprar el software con el que se espiaron los móviles de los 'indepes'

No es Pegasus, tampoco es ilegal y fue el Gobierno de Pedro Sánchez (no el de Mariano Rajoy) quien ordenó su compra, por primera vez, a finales de 2018. El sumario de Tsunami Democràtic revela que la Guardia Civil usó el software DARS-SILC, siempre con autorización de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía, para intentar acceder de forma remota al contenido íntegro de los teléfonos de varios de los separatistas investigados por presuntos delitos de terrorismo en una pieza separada del caso. No obstante, y en contra de lo afirmado en diferentes ocaciones por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, se trata de un sistema de interceptación de las comunicaciones distinto -pero análogo- al Sistema Integrado de Telecomunicaciones (Sitel).

Los informes policiales y judiciales del caso Tsunami, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, desmontan el supuesto espionaje masivo con Pegasus denunciado por los independentistas catalanes tras la publicación del informe de CitizenLab en 2022. El software utilizado por la Guardia Civil y la Policía Nacional para poder acceder a los teléfonos de los investigados por presuntos delitos de terrorismo, de forma remota y sin conocimiento de su titular o usuario, ni es israelí ni fue puesto en marcha por las cloacas del Estado. Se utilizó de forma selectiva y meticulosa, autorizándose solo contra siete de las casi 20 personas investigadas en la pieza separada del caso Tsunami.

Durante la crisis con los socios separatistas del Gobierno por el estallido del caso Pegasus, Marlaska aseguró que todas las escuchas realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a activistas, empresarios o políticos independentistas contaron con autorización judicial y se realizaron a través de Sitel. No obstante, a petición de la Guardia Civil y siempre con el respaldo de la Fiscalía, el juez Alejandro Abascal autorizó en varias ocasiones (entre octubre de 2019 y junio de 2020) la instalación, a través del Sistema de Interceptación Legal de las Comunicaciones (SILC), de un software que permitiese acceder a distancia a los móviles de varios de los independentistas investigados como presuntos cabecillas de Tsunami Democràtic.

El ‘Pegasus’ de Marlaska

Se trata de una aplicación adquirida por primera vez a finales de 2018, ya con Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior, a la empresa italo-española DARS Telecom a cambio de 6,2 millones de euros, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público. «La adquisición de dicho equipamiento está orientada para hacer una lucha más eficiente contra el terrorismo y el crimen organizado», añadía la Secretaría de Estado de Seguridad en los pliegos de la adjudicación.

La instalación remota de ese software en los móviles de los investigados, según consta en los autos del caso Tsunami y en los contratos adjudicados por Interior a DARS Telecom, permite acceder a más información de la que proporcionaba hasta entonces Sitel. Mientras este último solo permite -con autorización judicial- intervenir las llamadas telefónicas, SMS y datos de geolocalización de cualquier persona sospechosa de delitos graves como el terrorismo, el software adquirido a DARS en 2018 para la plataforma SILC da a los investigadores acceso remoto a una mayor cantidad de información contenida en los dispositivos de los investigados.

Entre otras funciones que no pueden ser cubiertas por Sitel, según explican fuentes policiales, esta aplicación permite el acceso a las comunicaciones en aplicaciones de mensajería instantánea encriptada, como Signal, Wire o Telègram, así como a los correos electrónicos y todos los archivos almacenados en el terminal del sospechoso. Además, y según confirman los autos de la pieza separada del caso Tsunami, el sistema utilizado por la Policía Nacional y la Guardia Civil en casos de terrorismo permite activar el micrófono del investigado -sin que este lo sepa- para poder captar el contenido de reuniones presenciales o conversaciones orales sin necesidad de que se esté produciendo una llamada telefónica.

Intervención remota y discreta

La compra de este software fue adjudicada en octubre de 2018 por el procedimiento negociado y sin publicidad a la misma empresa que venía encargándose del desarrollo de la plataforma SILC desde hacía siete años. En concreto, se adquirió a DARS Telecom una actualización de ese sistema para obtener así el software que, un año más tarde, sería utilizado por la Guardia Civil para investigar a varios independentistas presuntamente vinculados con Tsunami Democràtic. Esa aplicación, según consta el expediente de la adjudicación y en los informes del caso Tsunami, «permite de forma telemática y sin intervención alguna del investigado, la monitorización y descarga remota, discreta y segura del contenido de dispositivos electrónicos o sistemas informáticos para así dar cumplimiento a los mandamientos judiciales».

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior aprobó entonces la «adquisición del equipamiento y el software necesarios para evolucionar y mejorar las capacidades avanzadas de la plataforma ‘SILC’ del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil». Desde su reforma de 2015, la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite este tipo de intervenciones para cinco supuestos muy concretos: delitos de terrorismo; delitos cometidos en el seno de alguna organización criminal; delitos contra menores o personas discapacitadas; delitos contra la Constitución, de traición y otros relativos a la defensa nacional; y delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación o servicio de comunicación.

La empresa adjudicataria, DARS Telecom, no tiene vinculaciones con la israelí NSO Group y desarrolla desde 2011 para la Policía Nacional y la Guardia Civil la plataforma SILC, una infraestructura tecnológica «de interceptación legal integral compuesto por sondas tácticas, que se ubican en las redes de los operadores de comunicaciones electrónicas (sujetos obligados) y equipamiento instalado en las sedes centrales de los sistemas de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil».

Las escuchas en el ‘caso Tsunami’

En contra de lo que afirman varios de los investigados por la Guardia Civil en esta pieza separada del caso Tsunami, que permanecía secreta hasta la pasada semana, la mayoría de las escuchas se hicieron con el sistema legal de escuchas telefónicas SITEL. Este último es el sistema puesto en marcha por el Gobierno de José María Aznar en 2001 y que permite, con autorización judicial, intervenir las llamadas telefónicas, SMS y datos de geolocalización de cualquier persona sospechosa de delitos graves como el terrorismo.

Esta herramienta legal de escuchas fue el sistema utilizado por los investigadores para poder realizar labores de contrainteligencia sobre la mayoría de los sospechosos, entre ellos los exdiputados en el Parlament de Cataluña Albano Dante Fachín y David Fernández además de otras personas, como el informático Elías Campo, que afirmaron haber sido espiados com Pegasus. Ninguno de ellos fue intervenido con el software adquirido por Marlaska a DARS para potenciar la plataforma SILC.

Sin embargo, tras detectar que los presuntos ideólogos e ingenieros de Tsunami Democràtic usaban aplicaciones de mensajería instantánea encriptadas (como Signal o Wire) para comunicarse y prevenir ser escuchados, la Guardia Civil solicitó a la Fiscalía y al juez permiso para utilizar el software avanzado DARS-SILC sobre varias personas consideradas entonces de «máxima importancia y trascendencia para la investigación» de esta pieza separada del caso Tsunami.

Las autorizaciones de intervención telefónica con este software avanzado y adquirido por Marlaska no se extendieron a todos los sospechosos del caso Tsunami, sino que se centraron en ciertas figuras concretas de la investigación. Entre otras, el ingeniero Jordi Baylina, Joan Matamala y el activista Martí Olivella. La pieza separada se abrió a raíz de la intervención realizada con este software al activista radical conocido como ‘CNI Cataluña’, Miquel Montero.

Entre otras, y gracias a la aplicación DARS-SILC, la Guardia Civil intervino en septiembre de 2019 una cadena de mensajes en Signal entre este último y el entonces president de la Generalitat Quim Torra. Una conversación privada en la que el máximo responsable del Ejecutivo autonómico manifestaba abiertamente su apoyo a Tsunami Democràtic: «Miquel, solo apoyo a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Tsunami Democràtic».