El Gobierno reduce a la mitad los efectivos de apoyo a las víctimas del terrorismo
La oficina de la Audiencia Nacional que asiste a los damnificados adelgaza el servicio desde 2017
La exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, 'Anboto', durante un juicio en la Audiencia Nacional. | Chema Moya (EFE)
El Gobierno refuerza la asistencia a las víctimas de delitos, pero la atención a los damnificados por el terrorismo adelgaza desde 2017. Ese fue el último año que la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional (OIAVT) estuvo compuesta por cinco personas, cuatro funcionarios y una psicóloga especializada. Una cantidad que contrasta con los dos miembros con los que cuenta en la actualidad. El Ministerio de Justicia contrarrestará la rebaja con la dotación de la recién creada oficina para asistir a los perjudicados de delitos distintos al terrorismo.
El personal adscrito a la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional (OIAVT), creada en 2006, ha sido reduciéndose con el paso del tiempo. Hace una década contaba con cinco efectivos: tres funcionarias de la Administradora de Justicia, una profesional contratada por la Consejería de Justicia y Administración Pública del País Vasco y una psicóloga especializada para atender a los afectados que se incorporó en enero de 2013.
Cuatro años después, en 2017, el cese de una funcionaria hizo que la plantilla de la OIAVT se redujera a cuatro: tres miembros de la Administración de Justicia y una psicóloga, según consta en la memoria anual de la Audiencia Nacional. Los profesionales para asistir a las víctimas del terrorismo siguieron menguando y se convirtieron en tres en 2020. En buena medida porque los asuntos disminuyen cada año. Si en 2019 se alcanzaron los 574 expedientes, un año más tarde descendió a 466, en 2021 a 427 y, el año pasado, a 409.
Delitos distintos al terrorismo
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha congratulado de haber duplicado los efectivos dedicados a asistir a las víctimas de delitos, que pasarán de 29 a 57 tras la orden ministerial publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Un salto cuantitativo gracias al refuerzo en 26 ciudades y la creación de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD), que contará con una plantilla de tres personas, entre funcionarios y profesionales especializados.
Las oficinas de asistencia repartidas por el territorio nacional se configuran como un servicio multidisciplinar de atención a las víctimas en aquellos procedimientos que afecten a delitos distintos al terrorismo. Tendrán un carácter público y gratuito, según la normativa europea y el Estatuto de la víctima del delito. Son unidades dependientes del Ministerio de Justicia que, además del personal adscrito a la Administración de Justicia, contará con profesionales de la psicología o cualquier técnico que sea necesario.
La nueva oficina de la Audiencia Nacional está especialmente diseñada para macrocausas con un gran número de damnificados. El artículo 3 de la orden ministerio establece que su competencia es nacional, aunque «sin perjuicio de que las víctimas por razones de urgencia o de cercanía puedan acudir a la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito de su provincia, debiendo las oficinas afectadas coordinarse entre sí».
Entre sus funciones, asesorar a los damnificados, ofrecerles apoyo emocional y terapéutico, acompañarlas en los juicios y derivarlas a las asociaciones específicas. Una labor similar a la que llevan desarrollando desde 2006 los profesionales adscritos a la Oficina de Asistencia e Información a las Víctimas del Terrorismo (OIAVT), que incorporó una terapeuta en enero de 2013 gracias a un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
Alza del yihadismo
A los juristas les llama la atención que el refuerzo a la asistencia de las víctimas, con 28 nuevos puestos de trabajo, no lleve aparejado un aumento de la dotación para apoyar a los damnificados por el terrorismo, especialmente tras el alza del yihadismo. El último año registró el récord de detenidos por este tipo de delitos desde el 11-M, aunque su actividad no dejaron víctimas por el camino que requieran los servicios que prestan estos órganos.
Los expertos sostienen que la creación de una nueva oficina para atender a las víctimas de diversos delitos no relacionados con el terrorismo supone un cambio de paradigma, ya que estas cuestiones descienden desde la disolución de ETA en 2011. A pesar de ello, siguen reabriéndose causas y continúan sin resolverse 379 crímenes. La intención del Gobierno es utilizar a los integrantes de la nueva oficina de delitos para apoyar la labor que realiza el ente que asiste a las víctimas del terrorismo.
El artículo 5 de la orden ministerial publicada este miércoles en el BOE subraya que las unidades administrativas correspondientes a la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito de la Audiencia Nacional y a la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional «contarán con una relación de puestos de trabajo conjunta con la finalidad de poder asignar indistintamente un determinado puesto de trabajo a cada una de ellas, en función de las necesidades del servicio que se aprecien de manera coyuntural».
