Ciudadanos pide a Bruselas que impida ceder a Guinea la investigación del hijo de Obiang
El juez Santiago Pedraz acordó transferir la causa tras recibir una comisión rogatoria del país africano
El eurodiputado Jordi Cañas. | Ciudadanos
La decisión de ceder la investigación del hijo de Teodoro Obiang a Guinea Ecuatorial sigue levantando ampollas. El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha preguntado a la Comisión Europea si considera que el proceder del juez Santiago Pedraz vulnera la legislación europea. El descendiente del dictador guineano, responsable del espionaje internacional, está acusado junto a otros dos altos cargos del régimen por secuestro, torturas y desaparición con finalidad terrorista de cuatro opositores al régimen. Cañas también ha solicitado a Bruselas acciones para garantizar que España cumple la normativa comunitaria.
Pedraz acordó la semana pasada ceder a Guinea Ecuatorial la jurisdicción para investigar el presunto secuestro y desaparición de cuatro miembros de la oposición, uno muerto en circunstancias desconocidas. El magistrado aludía en el texto que había recibido una comisión rogatoria en la que se informaba que la Corte Suprema de Justicia del país africano ya había abierto un procedimiento por los mismos hechos y contra las mismas personas, por lo que «no puedan perseguirse los delitos investigados en España».
Ese mismo día, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional emitió otro auto que obliga a Pedraz a abrir un sumario en lugar de un procedimiento abreviado para investigar el papel de Carmelo Ovono, secretario de Estado de la Presidencia de Guinea Ecuatorial e hijo de Obiang, y el de otros dos miembros del Gobierno en el secuestro de los cuatro opositores. La petición llega después de que la familia de los afectadas recurrieran.
La denuncia de Ciudadanos
Cañas ha denunciado que se pueda producir esta cesión sobre una causa que investiga la Audiencia Nacional desde 2020 por secuestro terrorista de dos personas con nacionalidad española y otras dos que residían en España. Uno de estos cuatro opositores al régimen, Julio Obama Mefuman, falleció hace un año en circunstancias no aclaradas. El Parlamento Europeo, a instancias de Ciudadanos, apoyó casi por unanimidad en febrero una resolución de condena por persecución política sistemática.
El eurodiputado rechaza que se pueda ceder la investigación a un país «conocido por la inexistencia de independencia judicial e imparcialidad» y «por impedir la asistencia consular española» a las víctimas de este caso. A todo ello se suma el hecho de que uno de los investigados es el hijo del presidente del país, el dictador Teodoro Obiang.
«La Directiva 2017/541, relativa a la lucha contra el terrorismo, impone en su artículo 19 la obligación de que los Estados miembros ejerzan su jurisdicción en casos de terrorismo cuando los delitos afecten a ciudadanos europeos», recuerda Cañas en una pregunta escrita a la Comisión Europea a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El eurodiputado solicita al Ejecutivo comunitario que explique «si una cesión de jurisdicción en este caso viola dicha directiva» y plantea que tomen acciones para garantizar que nuestro país la cumpla.
Tras el tirón de orejas de la Sala de lo Penal, Pedraz dictó un nuevo auto en el que acata la decisión y convierte la investigación en sumario. La maniobra es importante, ya que modifica la situación procesal. A partir de ahora, las diligencias pasan de ser un procedimiento abreviado a un sumario (para delitos con penas de prisión de más de nueve años), por lo que será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la única que podrá decidir su archivo.
Busca y captura
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también deberá pronunciarse en las próximas sobre la negativa de Pedraz a dictar orden de búsqueda y captura contra los tres investigados, todos ellos altos cargos en el régimen de Guinea Ecuatorial (el hijo de Obiang es el responsable del espionaje internacional). La Fiscalía ya solicitó en diciembre la captura del dictador, tras no comparecer en la Audiencia Nacional.
El origen del caso se remonta a noviembre de 2019. Las presuntas víctimas viajaron a Juba, capital de Sudán del Sur, para reunirse con otros movimientos políticos de oposición al régimen de Obiang, que rige los destinos de su país desde 1979, tras un golpe de Estado contra su tío, Francisco Macías Nguema. Allí habrían sido engañados y apresados por el hijo del dictador, responsable del espionaje exterior, que los trasladó a Guinea para ser interrogados.
