Óscar Puente logra que la Fiscalía investigue el patrimonio de tres periodistas por unas injurias
El Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid investiga las cuentas de un redactor y un medio digital a instancias del ministro
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante un desayuno informativo. | Alberto Ortega (Europa Press)
La Fiscalía de Valladolid ha investigado el patrimonio de tres periodistas y responsables de medios digitales imputados a raíz de la denuncia que el ministro Óscar Puente envió desde su correo electrónico oficial al Ministerio Público por la publicación de un supuesto «bulo» sobre sus finanzas. Según documentos del caso, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, además de admitir a trámite la denuncia presentada a instancias de Puente y otros dos magistrados por presuntos delitos de injurias, estafa y falsedad en documento mercantil, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid acordaba el pasado mes de septiembre recabar una «investigación patrimonial» respecto de dos de los investigados.
Se trata del periodista y el diario digital que publicaron la noticia que motivó la denuncia remitida por Puente a la Fiscalía, el 9 de enero de 2023, desde su correo de la Alcaldía de Valladolid. En un auto fechado el 19 de septiembre pasado, cuando la causa había cumplido ya ocho meses bajo secreto de sumario pese a tratarse de un delito leve de injurias, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de esa ciudad acordó gran parte de las diligencias solicitadas por la Fiscalía meses antes a instancias de la denuncia efectuada por el ahora ministro de Transportes. Entre otras, «recabar del punto neutro judicial la investigación patrimonial de Salvador Giménez y de Impacto España Noticias».
Tras recibir varios informes de identificación y filiación efectuados por la Brigada Provincial de Policía Judicial y el Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, el juez acordó llamar a declarar como investigados a cuatro de los periodistas y tuiteros denunciados por Puente y los magistrados Emilio Vega y Soledad Ortega, decano de los juzgados de Valladolid y titular del Juzgado de Instrucción número 5 de esa ciudad, respectivamente.
Puente declaró como perjudicado
También citó en calidad de perjudicados al ahora ministro y al resto de denunciantes, entre los que se encontraban ambos jueces y otra funcionaria de sus juzgados. Todos ellos, incluido Óscar Puente, declararon el pasado 16 de octubre ante el juez y se personaron como acusación particular en una causa que había permanecido bajo secreto de sumario hasta entonces, según documentos del caso. Por último, el juez ordenó solicitar los antecedentes penales de todos los investigados. Pese a tratarse de una causa por injurias, sin conexión con delitos de carácter económico, se abría además una investigación patrimonial en la que se han indagado las cuentas bancarias, los vehículos y los ingresos del mencionado periodista, según fuentes jurídicas, apareciendo en los atestados incluso datos médicos del periodista investigado.
Sin embargo, añaden otras fuentes, no fue la única investigación patrimonial practicada en este caso. Antes de poner los hechos en conocimiento del magistrado, la Fiscalía ya había efectuado averiguaciones patrimoniales también sobre el periodista y director de Estado de Alarma TV, Javier Negre, y el abogado y padre de tres hijos Pablo Martínez. Contra este último, que había denunciado en sus redes sociales una presunta trama de corrupción vinculada a su proceso de divorcio, era contra quien dirigían inicialmente sus denuncias de los magistrados Vega y Ortega. La Fiscalía indagó en el patrimonio de todos ellos, incluido el abogado, a pesar de que Puente en su denuncia solo sembraba la sospecha sobre los fondos que recibía uno de los medios digitales denunciados y de que se trataba de un mero asunto de injurias.
Ante las aparentes dificultades para identificar y localizar a los responsables de otras páginas web que se hicieron eco de las informaciones publicadas -con el objetivo de notificarles su citación a declarar como imputados-, el propio juez llegaría a preguntar en un auto posterior a la Fiscalía si procedía o no dictar orden de búsqueda y captura contra el presunto administrador único de otro medio digital llamado El Diestro. No había sido posible localizar su lugar de residencia actual.
En su caso, a diferencia de EDATV, el responsable del digital El Diestro no había replicado en su web las noticias de Impacto España Noticias, sino que había publicado una entrevista con el abogado Pablo Martínez, quien dice ser víctima de una presunta trama judicial para separarle de sus hijos, a quienes considera en «secuestro administrativo» desde hace dos años.
La instrucción del caso en relación a la custodia de los pequeños lo instruyó inicialmente el juez decano de Valladolid, Emilio Vega, quien se acabó apartando ante las denuncias en su contra de Martínez. El responsable del digital El Diestro, según explican fuentes jurídicas, lleva años sin poder ver a sus hijos por un pleito con su exmujer y entrevista en su web a padres que se encuentran en una situación similar.
Investigación patrimonial
El motivo por el que el juez decidió interesar una investigación patrimonial respecto de uno de los periodistas y medios de comunicación señalados en su denuncia por Óscar Puente, algo nada habitual en causas por delitos de injurias, tiene su origen precisamente en el escrito que el ahora ministro de Transportes envió a la Fiscalía provincial, desde su mail de la Alcaldía de Valladolid, por la publicación de una información en Impacto España Noticias sobre presuntas cuentas bancarias del ahora ministro en el extranjero. Una información que Puente calificó como falsa y presuntamente constitutiva de delito.
Como adelantó este diario, apenas 30 días después de recibir la denuncia del entonces alcalde y sin investigar antes la veracidad de la información y los documentos bancarios publicados sobre Puente y los funcionarios judiciales antes mencionados, la fiscal jefe de Valladolid solicitó la apertura de una investigación judicial contra una serie de personas investigados por publicar, compartir o difundir en medios digitales y redes sociales esas presuntas noticias falsas sobre el ahora ministro y funcionarios de los juzgados vallisoletanos.
El exalcalde denunció también presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y estafa. El primero de ellos, alegaba el ministro, porque la noticia venía acompañada de unos documentos bancarios que Puente calificó como ficticios, negando rotundamente en su denuncia tener cuentas en el extranjero. En el segundo caso, el entonces alcalde apuntaba a que en la web del medio digital que publicó originalmente el presunto «bulo» había un apartado dedicado a donaciones, algo habitual en las webs de noticias que no disponen de suscriptores.
El exalcalde apuntó a las cuentas
«Por medio de engaño se está induciendo a terceros de buena fe a llevar a cabo contribuciones económicas en la creencia de que las mismas sirven para perseguir una corrupción que es puramente inventada», señalaba el ministro en su denuncia, remitida desde su correo electrónico oficial a la Fiscalía y cuyas manifestaciones fueron dadas por buenas por el Ministerio Público y el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid sin investigar antes la veracidad de la información y los documentos publicados en la información tachada por Puente como «bulo».
«No podemos pasar por alto la finalidad lucrativa que persigue la difusión de estas falsedades, pues en el cuerpo de la noticia en su apartado final se consigna una cuenta bancaria para que los lectores que quieran ayudar a estos medios a ‘luchar contra la corrupción’ efectúen sus donaciones. Es decir, se formula una acusación falsa, con pruebas falsas, en la que abiertamente se afirma la existencia de una corrupción ficticia, presentándose los difusores de la misma como paladines de una lucha contra la corrupción que precisa de la contribución económica de terceros», apostillaba el ministro de Transportes.
Según documentos del caso, ninguno de los imputados ha prestado declaración aún en una causa que se mantuvo durante nueve meses bajo secreto de sumario, una medida cautelar no contemplada en la ley para causas por delitos relacionados con injurias. La reserva de las actuaciones se levantó después de que el juez tomase declaración en calidad de perjudicados al propio Óscar Puente y a los funcionarios judiciales que figuran como acusación particular.
