Las asociaciones de jueces reclaman a Bolaños que aumente las plazas de las oposiciones

El déficit de jueces es un problema que trasciende al Ministerio de Justicia. Esa es la conclusión de las asociaciones profesionales, que han solicitado esta semana en privado al ministro, Félix Bolaños, un esfuerzo extra para crear más plazas y aproximarse a la media europea. Es la única forma, dicen, para superar el retraso en los procedimientos y no poner en riesgo el derecho a una tutela efectiva. Le piden que «apriete» al departamento que lidera María Jesús Montero, encargada de liberar los fondos necesarios.

«Es un problema de voluntad política», resume a THE OBJECTIVE uno de los dirigentes con los que se ha reunido Bolaños esta semana. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes recibió entre el miércoles y el jueves a los cuatro representantes de las asociaciones de jueces en una ronda de contactos que todas las partes califican de «cordial y constructiva».

Las reclamaciones que han efectuado las asociaciones a Bolaños se han centrado en cuidar la salud laboral de los jueces, implementar fórmulas que reduzcan la litigiosidad creciente, poner en marcha de forma eficiente las medidas para conseguir la transformación digital y procesal recientemente aprobadas y, especialmente, el aumento de plazas de jueces. En España existen 5.521, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a los que hay que sumar otros 1.010 interinos.

Las promesas de Bolaños

Los profesionales demandan más plazas porque las convocatorias actuales son «insuficientes» para atajar el problema. En junio, el órgano de gobierno de los jueces publicó su plan estratégico y concluyó que es imprescindible incorporar 6.500 nuevos profesionales en la próxima década, lo que supondría ofertar unas 320 plazas anuales. «Bolaños acaba de llegar y no se le pueden achacar estos déficits. Es consciente del problema y hay que darle tiempo», subraya una de las fuentes consultadas.

El Ministerio de Justicia se comprometió a hacerlo al menos durante dos años, pero las asociaciones denuncian que el Gobierno incumple el incremento de 100 plazas al año pactado. La última convocatoria, publicada el 2 de noviembre, era similar a la del curso anterior: 120 plazas de acceso a la carrera judicial y otras 80 para los aspirantes a fiscal. Eso supone que miren con recelo a sus vecinos. Mientras en Europa existe una media de 21 jueces por cada 100.000 habitantes en España esa cantidad baja hasta 11.

«La tasa de reposición no basta para hacer frente al problema», reconoce Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). En su opinión, existe un peligro para el sistema: las jubilaciones masivas que se van a dar en los próximos años. Un estudio reciente de su organización advierte de un alud de retiros en la próxima década, ya que 1.243 magistrados de la generación baby boom cumplirán los 70 años, edad de jubilación obligatoria.

La cifra representa el 23% del total de la plantilla, pero podría ascender hasta un tercio si se mantiene la tendencia actual de jubilaciones anticipadas. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 386 que la edad de jubilación puede prorrogarse dos años, hasta los 72, pero pocos jueces lo solicitan porque «están hastiados con la situación de la justicia», advierte un representante de estas asociaciones que prefiere mantener el anonimato. No es para menos, ya que el atasco en los tribunales se ha disparado.

Jubilaciones masivas

El año pasado cerraron con 4,1 millones de asuntos pendientes, un 29,6% más que el curso anterior, según datos del CGPJ. El número de sentencias emitidas descendió un 11,2%, hasta las 1,4 millones de resoluciones. Es cierto que se produjeron diferentes huelgas (letrados y funcionarios de la Administración de Justicia) y que hasta jueces y fiscales amenazaron con parar. Sin embargo, las asociaciones consideran que el problema es estructural, por lo que insisten en realizar reformas procesales, planes de acción específicos y, sobre todo, más plazas de jueces.

Oliva insiste en que salió de la reunión con Bolaños con la impresión de que el ministro es consciente del problema y de «que va a hacer un esfuerzo para incrementar la plantilla». Para eso hace falta que el Ministerio de Hacienda ponga los fondos necesarios, ya que es el encargado de la política económica del Gobierno. Representantes de otras asociaciones cifran en 9.000 los jueces que debería tener nuestro país para alcanzar los estándares europeos, lo que supondría convocar un mínimo de 500 plazas cada año. Ahora, lamentan, solo se repone el número de jubilaciones.

«Eso supone una inversión económica importante y una visión a medio-largo plazo que no tiene este Gobierno. El Ministerio de Hacienda debe soltar más dinero, no solo depende de Bolaños», insiste otro representante de las asociaciones. Ascensión Martín, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que se reunió el jueves con el ministro, reconoce que el encuentro se desarrolló en «un ambiente de total cordialidad», pero que eso no fue óbice para que relata las necesidades que tiene la carrera judicial.

Martín considera que la plantilla de jueces debe aumentar. Se muestra especialmente preocupada por el número de jubilaciones de los próximos años. En estos momentos más de mil profesionales son interinos, una situación que, en su opinión, debe solucionarse porque «es mejor que una justicia de titulares que de sustitutos». Otro de sus desvelos, insiste, pasa por evitar una brecha digital en España tras la aprobación en diciembre del decreto de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.