Los abogados mutualistas exigen al Gobierno un cambio legal que mejore sus pensiones
Los perjudicados reclaman una pasarela para trasladar sus cotizaciones a la Seguridad Social
Un abogado muestra un cartel de apoyo a sus compañeros. | Movimiento J2
Pensiones de apenas 300 euros tras toda una vida trabajando. Esa es la encrucijada en la que se encuentran más de 100.000 abogados en España tras cotizar durante décadas a la Mutualidad, un sistema obligatorio para cualquier letrado hasta 1995, cuando les ofrecieron pasar al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). La mayoría desistió porque el cambio conllevaba perder todo el dinero depositado. Reclaman al Gobierno una ley que les sirva para traspasar ese montante al sistema público y disfrutar de «una pensión digna».
«Ni siquiera nos garantizan que lleguemos a cobrar. Nuestra jubilación pende de un hilo», se desespera Begoña Gutiérrez. Como miles de afectados, acudirá a Madrid el próximo 3 de febrero para formar parte de la primera protesta nacional, convocado por el Movimiento J2. El malestar lleva meses cociéndose en las regiones. En 14 de ellas los parlamentos autonómicos han aprobado proposiciones no de ley para instar al Gobierno a dar una solución.
Los afectados pretenden un cambio legislativo que les permita trasladar los fondos que han pagado a las mutuas durante décadas sin tener que empezar de cero. Todo ello, computando según las exigencias de la Seguridad Social. «No queremos nada que no nos pertenezca», insiste Gutiérrez. Los abogados como ella que han trabajado por cuenta propia no podían darse de alta como autónomos, pero estaban obligados a registrarse a una mutua desde los años cuarenta, en pleno franquismo.
«Pensiones dignas»
La Seguridad Social absorbió la mayoría de las mutualidades en los años ochenta, pero en el caso de la abogacía continuó siendo obligatorio hasta 1995. Peor les fue a los procuradores, que arrastraron el sistema hasta 2001. Les dieron la oportunidad de pasar al RETA, pero perdiendo el dinero cotizado. «Muchos compañeros alargan la edad de jubilación», reconoce Gutiérrez, que lleva décadas pagando una cuota mensual, como cualquier autónomo, aunque según las previsiones su pensión apenas alcanzará los 600 euros. Algunos incluso están pensando optar por una no contributiva en el futuro.
«Las cantidades varía en función de tus aportaciones», insiste la abogada. No obstante, la mayoría de los perjudicados no sobrepasarán los 400 euros de pensión al mes. El problema se agravó en 2005 cuando las mutuas pasaron de ser un fondo de provisión a un fondo de inversión. «Son fondos cautivos. En lugar de jubilaciones se tratan de rentas vitalicias que ni siquiera se actualizan anualmente con el IPC», se lamenta Gutiérrez.
Otra opción es recuperar el dinero que se ha ido depositando en el momento de la jubilación. Hacerlo obliga a tributar como si de un fondo de pensiones se tratara, por lo que «ni siquiera recuperas lo que has ido acumulado». Gutiérrez considera que el Estado es responsable, ya que permitió el sistema, al que les instaba los colegios profesionales para auxiliar a los compañeros que se iban jubilando.
«Es un problema de abandono. Necesitamos cambios legislativos porque son los sucesivos gobiernos los que han propiciado esta situación. ¿Por qué ahora? Porque es justo ahora cuando comienzan a producirse las jubilaciones en masa de la generación del baby boom (nacidos en los años cincuenta y sesenta)», reconoce Gutiérrez. La única solución que les queda es que el Ejecutivo apruebe una ley que sirva de trampolín para pasar sus reservas a la Seguridad Social.
Acceso a la sanidad pública
La cuestión no es sencilla, pues requiere de una arquitectura que necesita de la coordinación de varios ministerios. Los perjudicados se reunieron en la pasada legislatura con representantes del Ministerio de Justicia y con el departamento de Hacienda, pero la cuestión quedó sobre la mesa. No obstante, todas las formaciones han mostrado su respaldo a estas reivindicaciones que «van más allá de las pensiones para centrarse también en otras prestaciones».
«Toda una vida trabajando y no hemos tenido sanidad pública hasta 2012. Hemos pagado aparte nuestra sanidad y la de nuestros hijos», se queja Raquel Rico, una madrileña de 51 años que lleva desde los 23 cotizando a la mutua. La abogada reconoce que su lucha trasciende la creación de una pasarela para mantener los derechos adquiridos durante décadas a la hora de jubilarse. También buscan que les reconozcan pensiones de viudedad y de orfandad o poder cobrar mientras están de baja por enfermedad.
Rico sostiene que han sido víctimas de una triquiñuela: «Los políticos han mirado siempre para otro lado». Para que no sigan haciéndolo, han convocado una protesta en Madrid el 3 de febrero bajo el lema «Pasarela al RETA ya». El Movimiento J2 ha conseguido que 14 parlamentos autonómicos haya aprobado proposiciones no de ley, que instan al Gobierno a tomar cartas en el asunto y evitar que miles de abogados tengan «unas pensiones precarias».
Sus representantes ya se han reunido con diferentes partidos, pero aún no existe ningún avance y temen que la cuestión se alargue demasiado en el tiempo. Su reto es que se creen grupos de trabajo con expertos que diseñen una hoja de ruta para pasar de las mutuas al régimen de la Seguridad Social sin salir damnificados. «El Defensor del Pueblo conoce nuestro problema, pero no puede hacer nada porque se incumple la ley», lamenta Gutiérrez.
