La Eurocámara podría sancionar a Puigdemont si se demuestra su conexión con el Kremlin

El Parlamento Europeo podría suspender temporalmente a Carles Puigdemont si se demuestra su conexión con el Kremlin. La Eurocámara ha aprobado una resolución que pide a las autoridades judiciales españolas seguir investigando la presunta injerencia rusa en el procés con el objetivo de desestabilizar a la UE. También solicita remitir el asunto a la comisión encargada de velar por la conducta de los diputados, la competente para proponer sanciones en caso de incumplimiento. Estas oscilan entre una simple amonestación hasta prohibir la participación en las actividades políticas entre dos y 60 días.

El Pleno de la Eurocámara aprobó este jueves por abrumadora mayoría una resolución sobre la injerencia rusa en los procesos democráticos de la UE. Solicita que se siga investigando las conexiones de Puigdemont y el independentismo catalán con Rusia en el marco del proceso soberanista. El texto muestra «la profunda preocupación» por las supuestas relaciones porque, de confirmarse, «formaría parte de una estrategia más amplia para promover la desestibilización interna y la desunión de la UE».

La resolución, que no es vinculante, incluye a petición del PP una mención a Puigdemont, que según las revelaciones periodísticas se habría reunido con el diplomático ruso Nikolái Sadovnikov en vísperas del 1-O. Otra enmienda incluida, de Ciudadanos, solicitaba investigar su presunta participación en los hechos a través del Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados. Este órgano es el responsable de interpretar y aplicar el Código de Conducta, en vigor desde 2012. El reglamento fija los principios éticos que deben seguir los representantes públicos.

Mención a Puigdemont

Esta comisión especial está formada por ocho miembros del Parlamento Europeo designados por la presidencia en función de su experiencia y del equilibrio político. Para que actúe, los miembros de la Eurocámara deben enviar una solicitud a su presidenta, la maltesa Roberta Metsola, como solicita el punto 11 de la resolución aprobada este jueves con la intención de dirimir el papel de los diputados catalanes, entre ellos Puigdemont, en las presuntas injerencias de Rusia en el procés.

El Comité consultivo asesora a la presidencia de la Eurocámara sobre la adopción de medidas. Las posibles sanciones están contempladas en el artículo 176 del Reglamento interno del Parlamento Europeo y son muy variadas. Dependen de la gravedad de la acción cometida, según fuentes comunitarias. En un caso de traición, como el que se dirime, podría suponer la pena máxima. Puigdemont ha respondido a la resolución con una carta a los eurodiputados en la que carga contra la justicia española y asegura ser víctima de una persecución que busca frustrar la amnistía.

Las sanciones oscilan desde una simple reprimenda, prohibir al diputado que represente a la institución, limitar sus derechos de acceso a información clasificada o confidencial, la pérdida del derecho a las dietas e incluso la suspensión temporal de su actividad, sin perjuicio del ejercicio del voto en el Pleno, durante un periodo de entre dos a 60 días. Una medida que podría duplicarse en caso de incumplimientos repetidos, o si el europarlamentario se negara a cumplir las medidas adoptadas.

El artículo 176 del Reglamento interno del Parlamento Europeo también establece que el presidente puede presentar una propuesta a la Conferencia de Presidentes para suspender al europarlamentario «de uno o varios de los cargos que ocupe, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21». Las sanciones solo se impondrían a Puigdemont y a otros diputados si se demuestra su participación en la injerencia rusa, pero en ningún caso implicarían a España, señalan fuentes comunitarias.

Investigación a Zdanoka

El escenario al que podría enfrentarse la eurodiputada letona Tatjana Zdanoka tras revelarse que colaboró durante dos décadas con el Kremlin. Concretamente, con el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia. Zdanoka visitó en varias ocasiones España y fue parte del grupo de europarlamentarios que fue a ver a Oriol Junqueras a la cárcel en 2017. El Parlamento Europeo ya ha abierto una investigación para dirimir su papel en una posible injerencia rusa.

Hace unas semanas, el juez que investiga la incidencia que tuvo Vladimir Putin para desestabilizar España a través del independentismo catalán prorrogó otros seis el caso Voloh. El auto implica al expresidente catalán y a dos de sus más estrechos colaboradores, que habrían establecido contactos con representantes rusos para forjar una alianza estratégica.

El sumario que instruye el magistrado Joaquín Aguirre revela que Puigdemont se reunió con Nikolái Sadovnikov el 26 de octubre de 2017, horas antes de que el Parlamento de Cataluña votara una resolución para declarar la independencia. El encuentro tuvo lugar en la Casa dels Canonges, ubicada en la sede del Gobierno catalán. El emisario ruso ofreció ayuda para el proceso independentista. Incluso se comprometió a facilitar un grupo de 10.000 soldados y una importante partida económica «a cambio de que una Cataluña independiente fuera una Suiza de las criptomonedas».

Así lo advirtió un informe que se presentó en la Eurocámara a finales de 2022. Los militares nunca aparecieron, pero el juez cree haber encontrado pruebas de que los independentistas recibieron fondos rusos para financiar el procés. Los investigadores cuentan con mensajes entre Víctor Terradellas, asesor de Puigdemont, y Jordi Sardá, un empresario catalán con fuertes vínculos en Rusia, en los que hablan de la llegada de importantes cantidades de dinero desde Rusia. Como contrapartida, se habrían comprometido a desarrollar «una legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos».

Enmiendas de la amnistía

La resolución aprobada por el Parlamento Europeo complica la introducción de enmiendas en la ley de amnistía, aún en trámite parlamentario, para beneficiar a Puigdemont. Así lo consideran los expertos consultados por THE OBJECTIVE. Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, cree que el texto pone de manifiesto un posible delito de traición y «la enorme problemática que presenta una ley de amnistía», aunque no implica que se paralice el procedimiento.

En esa línea insiste Ibor Fernandes, profesor en el CES Cardenal Cisneros, para quien «la amnistía no tiene cabida en nuestra Constitución, pero mucho menos en el ámbito de la comisión de delitos que protegen derechos fundamentales de tanta importancia como es el caso de la traición y el terrorismo». El penalista Alfredo Arrien, de Paredes & Asociados, considera que, de concretarse el delito que se imputa a Puigdemont, podría acarrearle incluso penas de prisión. Para Isaac Ibáñez, experto en Derecho comunitario, la resolución «supone un salto cualitativo desde el punto de vista europeo».