El PP se querella contra el fiscal general por prevaricación en el ascenso de Delgado

El PP se querella contra el fiscal general del Estado por una posible prevaricación en el ascenso de Dolores Delgado. Álvaro García Ortiz se estrenó en el cargo promocionando a su predecesora a la máxima categoría de la carrera en septiembre de 2022, pese a que no contaba con el respaldo del Consejo Fiscal, que abogaba por Luis Rueda. Este candidato elevó el caso al Tribunal Supremo, que en noviembre dictaminó que el nombramiento no atendió a razones de mérito. Además, acusó al actual jefe del Ministerio Público de cometer «desviación de poder». El alto tribunal también debe pronunciarse el 12 de marzo sobre la designación de la exministra socialista como fiscal de Sala de Memoria Democrática.

Los populares presentarán el escrito a lo largo de esta semana ante la Sala de lo Penal del Supremo. Acusan a García Ortiz de proponer a Delgado, su anterior jefa, como fiscal de Sala de lo Militar y, por tanto, ascenderla a la máxima categoría de la carrera, en contra de la ley vigente y del criterio del Consejo Fiscal, órgano meramente consultivo. El PP denuncia que la convocatoria se gestó mientras la exministra ostentaba el cargo de fiscal general, aunque la ejecutó su sucesor en base a «promesas anteriormente hechas».

El texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, subraya que los hechos que motivan la querella ya fueron enjuiciados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en noviembre. El PP da ahora un paso más y aboga por llevar el caso por la vía penal, ya que sospecha que pudo existir prevaricación en el ascenso de Delgado. La sentencia de noviembre concluyó que existió una «desviación de poder» en la propuesta de García Ortiz. Delgado presentó un incidente de nulidad, pero el alto tribunal ratificó el fallo y afeó «el carácter francamente irrespetuoso» que utilizó la recurrente.

En contra del Consejo Fiscal

El PP expone en su querella que la propuesta del fiscal general fue «arbitraria» y que «reviste la apariencia de un delito de prevaricación», que recoge el artículo 404 del Código Penal. Según este precepto, la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictase una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a 15 años.

«De las declaraciones de García Ortiz no cabe ninguna duda (el mismo lo reconoció así ante el Consejo Fiscal) que conocía cuando propuso a Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Supremo que dicho nombramiento carecía de respaldo legal. Aunque la designación fue hecha por el Consejo de Ministros, no cabe ninguna duda de que la proposición de García Ortiz tenía carácter decisivo», insiste la querella.

Los populares afirman que ese escenario confirma «la arbitrariedad» de la propuesta de García Ortiz, que se apartó del parecer mayoritario del Consejo Fiscal «sin ningún esfuerzo argumentativo, sin respaldo normativo y sobre la base de unos argumentos ajenos a la jurisdicción correspondiente basados exclusivamente en su obstinación personal». El órgano consultivo, compuesto por 12 miembros, respaldó con seis votos a Rueda, mientras que Delgado solo obtuvo cuatro.

La querella sostiene que el fiscal general debió abstenerse de promocionar a Delgado ya que, tal y como reconoció ante el Consejo Fiscal, le unía a Delgado «una relación de afecto, pasión, así como que tenía muchas deudas con ella en todos los sentidos». De hecho, fue la exministra quien propuso a García Ortiz para sustituirle. En 2021 ya le promovió a la categoría de fiscal de Sala y le nombró fiscal jefe de la Secretaría Técnica, en la práctica número dos de la Fiscalía General del Estado.

«Una deuda de gratitud»

El PP sostiene que la proposición dirigida por García Ortiz es «un acto susceptible de ser calificado en sí constitutivo de delito de prevaricación». Entiende que la propuesta tenía como objeto pagar una deuda de gratitud y propiciar que la anterior fiscal general del Estado se reincorporará a la carrera fiscal en la más elevada categoría aunque no exige previsión legal para ello».

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no prevé dicho ascenso al máximo escalafón. Una vía que intentó garantizar el PSOE meses antes mediante una enmienda incluida en la Ley Concursal. Esa fórmula habría supuesto que tanto ella como sus sucesores al frente de la Fiscalía General del Estado fuesen promovidos a fiscal de Sala del Supremo al abandonar sus cargos. Los socialistas acabaron retirando la propuesta tras las críticas recibidas. La promoción acabó realizándose, pero la anuló hace tres meses el alto tribunal.

La resolución, acordada por unanimidad de la Sala, consideraba acreditado que el fiscal general buscaba promocionar a la máxima categoría de la carrera fiscal a su predecesora pese a la ausencia de legislación. Los magistrados entendieron que esa actuación se aparta de la finalidad de la convocatoria de plazas del Ministerio Fiscal, cuyas vacantes deben proveerse con arreglo del mérito. En su opinión, la finalidad de García Ortiz era remediar que una persona que había sido ministra y fiscal general no alcanzara el máximo escalafón de la carrera fiscal una vez abandonado esos cargos.

Para los magistrados, esa promoción podría «traer consecuencias perversas, en forma de clientelismo, erosión de la meritocracia y frustración legítima» de otros compañeros. El ascenso allanó el nombramiento de Delgado como Fiscal de Sala de Memoria Democrática el pasado junio, ya que sin haber sido promocionada al máximo escalafón no habría podido optar al puesto. El Supremo debe pronunciarse sobre esa designación el 12 de marzo, después de que dos asociaciones de fiscales y un aspirante denunciaran el caso.

Los fiscales más críticos sostienen que si el alto tribunal da un nuevo revolcón a García Ortiz, como esperan, el Gobierno no tendría más remedio que cesarle, a pesar de que le renovó su confianza en diciembre. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) recurrió la semana pasada su nombramiento ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo al considerar que había dejado de ser un jurista de reconocido prestigio, requisito necesario, y que su designación no fue motivada. La denuncia recordaba que, por primera vez en la historia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya censuró su designación.