El informe de los fiscales del Supremo sobre 'Tsunami' pone en un aprieto a García Ortiz
La mayoría de fiscales solicita investigar a Puigdemont por terrorismo, pero la decisión depende de Sánchez Conde
El fiscal general, a la derecha, junto al presidente del Supremo este miércoles. | Fernando Alvarado (EFE)
La teniente fiscal del Tribunal Supremo se encuentra en una encrucijada. María Ángeles Sánchez Conde tiene el encargo de emitir el informe definitivo sobre la conveniencia de investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami. Un auténtico aprieto para la número dos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La mayoría de los miembros de la Junta de fiscales señalan al expresidente catalán como el «líder absoluto» de la plataforma por «su patrocinio intelectual y ético». Sin embargo, son pesimistas sobre la decisión final de su superior.
Los fiscales del Supremo esperan el dictamen definitivo para la próxima semana. En sus conclusiones consideran que en Tsunami se cometieron delitos de terrorismo. Apuntan que Puigdemont era el precursor de las acciones violentas que surgieron como consecuencia de la sentencia del procés en octubre de 2019. Así lo recoge un informe de 14 páginas que ha remitido el fiscal de Sala Jefe de la Sala de lo Penal, Fidel Cadena, a Sánchez Conde, tal y como solicitó la semana pasada.
El documento resume el sentir de la mayoría de miembros de la Junta de fiscales. Concretamente, de los 11 representantes del Ministerio Público que el 6 de febrero apoyaron que se investigara al expresidente catalán en el Supremo. Su posición enmendaba las conclusiones del fiscal encargado, Álvaro Redondo, que rechazó imputar a Puigdemont, tal y como solicita el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.
Polémica por Tsunami
Las discrepancias entre los fiscales jefes de Sala, que son quienes debían decidir el sentido del informe, derivó en una decisión salomónica: dejar el caso en manos del superior. Una solución en la que no estuvieron de acuerdo buena parte de los fiscales, que acusaron a la Fiscalía de «reinterpretar el reglamento en su beneficio».
El artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que los fiscales adscritos a las secciones de la Fiscalía del Supremo deben celebrar juntas de sección presididas por el fiscal de Sala. En los casos que estén en contra de la opinión de la mayoría «resolverá el fiscal general del Estado, oído el Consejo Fiscal o la junta de fiscales de Sala según el ámbito propio de sus respectivas funciones».
Eso significa que García Ortíz debería haber convocado un cónclave con los compañeros de la máxima categoría para resolver el conflicto. «Está claro que Sánchez Conde va a decidir lo contrario que la mayoría de la Junta de fiscales, si no, no le habrían encomendado el caso», afirma un veterano miembro del Ministerio Público. Otro subraya que su informe irá «en consonancia» con lo que marque el fiscal general, aunque este ha afirmado que su número dos es independiente para decidir sobre el asunto.
Las fuentes fiscales consultadas por THE OBJECTIVE descartan ese escenario. Consideran que la decisión de la fiscal teniente del Supremo irá en consonancia con las conclusiones que defendió Redondo, que solo observa meros desórdenes públicos en las actuaciones de Tsunami. «Es una profesión jerarquizada. Debe modernizarse porque lo que sostiene una persona no puede pesar más que la opinión de una mayoría por el simple hecho de ocupar un cargo», insiste otro fiscal que aboga por investigar a Puigdemont.
La respuesta de Puigdemont
El informe que ha enviado Cadena señala que el expresidente catalán estaba informado de la creación de Tsunami «desde el principio» y conocía que la plataforma estaba animado «por fines de subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas». Los fiscales consideran que Puigdemont «animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento» y le acusan de ser el autor intelectual.
Entre los indicios que apuntan, una conversación que mantuvo el expresidente catalán con el empresario Josep Campmajó en la que hacían referencia a Tsunami como «una herramienta para la consecución de la independencia». Los fiscales afirman que Puigdemont brindó «apoyo público y privado y un patrocinio intelectual y ético» y que pudo evitar la lesión del bien jurídico «retirando su apoyó carismático».
El líder de Junts ha respondido a estas acusaciones a través de su perfil en la red social X, donde ha afirmado que esa tesis es «delirante». Puigdemont sostiene que la información está manipulada y acusa a los fiscales de esconder «un propósito puramente político». El expresidente catalán, ahora eurodiputado y por tanto aforado, también pide que estas conductas «claramente delictivas» sean perseguidas.
La polémica en torno al informe de la Fiscalía por el caso Tsunami comenzó días antes a que Redondo llevara sus conclusiones ante la Junta de fiscales. El Mundo reveló que había preparado dos informes distintos y que optó por dar un giro a sus planteamientos tras reunirse con García Ortiz, un extremo que ambos descartan.
La información periodística sostenía que el primer dictamen aseguraba que las actuaciones de la plataforma tenían encaje como delito de terrorismo. El veterano miembro del Ministerio Público alegó que se trataba de «un borrador interno» sin valor procesal y que mudó de parecer al trabajar el texto.
