Tres años de cárcel para la exdirigente socialista que se coló en la vacuna de la covid

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a la exgerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) en Badajoz, la socialista Montserrat Rincón, a tres años de prisión por vacunarse contra la covid-19 antes de que le correspondiese. La sentencia no es firme, pues cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha informado este lunes en una nota de que el pasado 22 de febrero se celebró la vista por estos hechos, por los que Rincón ha sido condenada por un delito de falsedad en documento oficial, mientras que ha sido absuelta del delito leve de estafa del que también se le acusaba.

Según recoge la sentencia, sirviéndose de su cargo y de su acceso directo a la elaboración y contenido de los listados oficiales de personal y residentes en centros residenciales dependientes del SEPAD, la acusada, pese a conocer que no tenía por entonces derecho a ello al no formar parte de los colectivos prioritarios, decidió «unilateralmente» incluirse en el listado oficial de personas a vacunar en una residencia de mayores de Badajoz.

De este modo -continúa la sentencia-, en aquellas primeras fechas de vacunación contra la pandemia, con escasez todavía de las vacunas y falta de acceso a ellas para la población en general fuera de la programación, llamamientos y cauce oficial, la acusada consiguió vacunarse con una de las primeras dosis en Badajoz.

Rincón, por sí misma o a través de un tercero, pero en todo caso bajo su supervisión y control, alteró el listado de vacunaciones de la residencia y se incluyó en él para ser vacunada, lo que efectivamente consiguió el 4 de enero de 2021, señala la resolución judicial.

La exgerente, además, ha sido condenada al pago de una multa de seis meses con cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, para el ejercicio de funciones públicas por dos años y de profesiones vinculadas al ámbito sociosanitario durante el tiempo de la condena.