El juez deniega al Gobierno balear del PP personarse en el 'caso Koldo'
El juez interpreta que, al haberse pagado esos contratos con fondos europeos, el Gobierno balear no está afectado
La presidenta de Baleares, Marga Prohens. | Europa Press
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha denegado al Gobierno balear que dirige la popular Marga Prohens la personación como afectados en el caso Koldo, donde se investiga la adjudicación de contratos de material sanitario en los que pudo haber comisiones ilícitas que beneficiaron a Koldo García Izaguirre, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, y otras personas vinculadas con la trama que afecta sobre todo al PSOE. En concreto, el juez interpreta que, al haberse pagado esos contratos con fondos europeos, el Gobierno balear no está afectado por los posibles desvíos de dinero.
«No procede aceptar la personación de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears como acusación particular, hasta en tanto acredite el eventual perjuicio irrogado en los hechos que son objeto de investigación en el presente procedimiento», se puede leer en el auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
La presidenta de Baleares, Marga Prohens, declaró hace una semana la intención de incorporar a su Gobierno como parte acusadora al proceso judicial en curso en la Audiencia Nacional por el caso Koldo. Un proceso en el que se investigan presuntas comisiones ilegales relacionadas con la compra de mascarillas durante la pandemia y en el que uno de los investigados es, Koldo García, un exasesor del exministro José Luis Ábalos.
En este sentido, el Gobierno balear pretende retirar la certificación europea al expediente de 3,7 millones de euros pagado en 2020 por el Govern por las mascarillas defectuosas. En concreto, el actual Ejecutivo autonómico ha dado instrucciones internas para poner en cuarentena aquel pago, que acabó siendo endosado por el gobierno de Armengol a la Unión Europea sin informarle de que la compra de mascarillas que se sufragó con aquellos fondos había resultado ser un fiasco.
Según apunta Servimedia, Francina Armengol, quien por ese entonces era la presidenta insular perteneciente al partido socialista, formalizó un acuerdo por valor de 3,7 millones de euros con una de estas empresas, Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas. Un contrato que se materializó durante el punto más crítico de la crisis sanitaria, en abril de 2020, y se efectuó mediante un procedimiento negociado sin convocatoria pública. Los miembros del partido socialista sostienen que la propuesta para la compra de las mascarillas les fue presentada durante el estado de alarma a través de Fomento, ministerio que les informó sobre la disponibilidad de este material.
Sin embargo, ningún miembro del PSOE ha especificado aún la identidad de la persona que realizó la propuesta ni quién fue el representante en las Islas Baleares. Ante esta situación, Prohens ha solicitado cautela y prudencia, a la par que declara que el Gobierno que preside tiene argumentos más que convincentes para presentarse como parte acusadora en el caso.
«Nos corresponde la obligación y el compromiso de examinar cada detalle y de colaborar con el sistema judicial para responder a todas las inquietudes que tienen los ciudadanos», sostiene, añadiendo que reclamará los 3,7 millones de euros totales abonados por las mascarillas. Tras la llegada del material sanitario, el gobierno socialista observó que la mercancía entregada no cumplía con las especificaciones técnicas requeridas y, por tanto, se quedaron sin utilizar. Cada una de estas mascarillas, adquiridas a un precio de 2,5 euros, resultó ser de una calidad inferior a la esperada. Según Armengol, fue su entonces gobierno el que comenzó el proceso de reclamación.
