La justicia podrá impedir que Puigdemont regrese pese a las amenazas de su abogado
El letrado del expresidente catalán asegura que está dispuesto a volver porque su arresto solo sería temporal
Carles Puigdemont seguido de Toni Comín durante un acto en Francia. | Glòria Sánchez (Europa Press)
El fantasma de Carles Puigdemont sobrevuela las elecciones de Cataluña. El adelanto electoral abre la puerta a que concurra como candidato a los comicios del 12 de mayo. Junts considera que la fecha le permitiría regresar a España para la constitución del Parlament sin riesgo a ser detenido, ya que para entonces estaría en vigor la ley de amnistía. Los expertos discrepan: están convencidos de que los jueces plantearán una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que demoraría su aplicación. El abogado del expresidente catalán asegura que está dispuesto a volver porque su arresto solo sería temporal.
Con la ley en la mano, Puigdemont puede presentarse a las elecciones. Sobre el expresidente catalán no pesa inhabilitación alguna. El artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión y de terrorismo.
Puigdemont, huido en Bélgica desde 2017, tiene pendiente procesos por ambos delitos, pero no ha sido juzgado por ninguno de ellos. Sobre el expresidente catalán también pesa una orden de detención nacional, lo que dificulta la situación. El camino podría despejarse con la entrada en vigor de la amnistía, que salió adelante el pasado jueves en el Congreso tras las últimas enmiendas pactadas por PSOE, Junts y ERC.
Puigdemont en campaña
Su aprobación definitiva se espera para finales de mayo o principios de junio, ya que el PP dilatará el proceso dos meses en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta. Esa situación impediría a Puigdemont hacer campaña presencial, pero no liderar la candidatura, como ya sucedió en 2021. En esa ocasión podría volver a tiempo para la constitución del Parlament, que tendrá lugar el 7 de junio, semanas antes de la investidura.
«Cuando el presidente toma una decisión la va a llevar hasta el final. Eso significa que se va a plantar donde se tenga que plantar. Pueden hacerlo (que le detengan), pero el presidente va a asumir las consecuencias con el marco jurídico, que no era el existente hasta ahora. Los hechos atribuidos a Tsunami Democràtic están incluidos en la ley de amnistía, por lo que son hechos objeto de ser amnistiados», ha asegurado este viernes el abogado de Puigdemont en una entrevista en Rac1.
Los abogados consultados por THE OBJECTIVE sostienen que los planes de Puigdemont podrían verse alterados si el Supremo plantea una cuestión prejudicial, lo que demoraría la aplicación de ley de amnistía en lo relativo al expresidente catalán. Este mecanismo, incluido en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE, permite a los jueces de los Estados miembros dirigirse al TJUE si advierten de una posible colisión con las normas europeas.
Así lo especifica la web oficial de la UE, que subraya que «el procedimiento nacional debe suspenderse hasta que el TJUE haya emitido su fallo». Una situación que confirman los expertos, para quienes los magistrados europeos pueden demorarse siete u ocho meses en emitir su veredicto.
Limitar la presión preventiva
«El TJUE tarda en pronunciarse, pero en este caso, al ser urgente, podría hacerlo en solo dos semanas. El problema es que el escenario es nuevo para los jueces europeos, a los que nunca se les ha planteado algo semejante», advierte el penalista Alfredo Arrien, de Paredes & Asociados. En su opinión, la cuestión prejudicial dificulta las aspiraciones de Puigdemont independientemente de los plazos en la resolución, ya que demoraría la aplicación de la amnistía.
Otro abogado experto en Derecho Procesal que prefiere mantener el anonimato afirma que la vuelta de Puigdemont no supone automáticamente la detención. En su opinión, aunque esto suceda, y pese a que se plantee una cuestión prejudicial, el expresidente catalán debería ser puesto enseguida en libertad: «No puede permanecer meses en prisión preventiva porque vulneraría sus derechos».
«Puede ser que lo detengan, pero no se va a impedir que sea presidente de la Generalitat si lo quiere ser», subrayó este viernes Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont. El letrado reconoció que el expresidente catalán valora regresar a España siete años después, aunque corra el riesgo de ser detenido. En su opinión, el eurodiputado podría ser detenido si regresa, pero debería quedar en libertad si la ley de amnistía está en vigor.
Boye sostiene que «el gran nerviosismo de (Pedro) Sánchez y (Pere) Aragonès es que pueda presentarse a las elecciones, las gane y, además, sea investido presidente de Cataluña. Si la ley se interpreta correctamente, no les quepa la menor duda de que Puigdemont podrá presentarse al debate de investidura». Junts acusa a PSOE y ERC de pactar el adelanto electoral para perjudicar al expresident, pero aseguran tener previsto todos los escenarios.
Regresar como Tarradellas
Isaac Ibáñez, experto en Derecho comunitario, considera que se trata de «una bravuconada» de Puigdemont para hacerse fuerte ante los suyos, y que no volverá hasta que se resuelva la cuestión prejudicial. Está convencido de que los jueces competentes la plantearán ante el TJUE. «En Bélgica goza de inmunidad, así que no creo que venga a recoger el acta. Su intención es regresar como Josep Tarradellas», señala Ibáñez.
El Supremo no se pronunciará sobre el asunto hasta que se publique la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque todo indica que plantearán la cuestión prejudicial. La otra posibilidad con la que cuenta para impedir su aplicación es registrar un recurso de inconstitucional, aunque los expertos se decantan por la vía europea, ya que los partidos van a elevar la norma al Tribunal Constitucional.
El juez Pablo Llarena procesó a Puigdemont por delitos de sedición, malversación y desobediencia, pero el Gobierno cambió el Código Penal con el apoyo de los partidos independentistas: derogó la sedición y rebajó las penas por malversación. El Supremo decidió en febrero que investigará a Puigdemont por terrorismo, siguiendo así el criterio de García-Castellón. El expresidente catalán también podría verse implicado en el caso sobre las supuestas injerencias rusas en el procés.
