La Comisión de Venecia pide que los jueces no acudan a las comisiones de investigación
La institución europea critica que la amnistía se haya adelantado a finales de 2011 «sin ninguna justificación»
El juez Manuel García Castellón llega a la Audiencia Nacional. | EP
La Comisión de Venecia ha pedido este lunes en su informe final sobre la ley de amnistía que no se llame a las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados a ninguno de los jueces implicados en las causas relativas al procés o cualquier otro proceso, ya que «representa una interferencia política en la administración de justicia». Además, ha resaltado que el Gobierno debe acotar el período de tiempo en el que se aplicará la norma después de constatar que «no hay ningún vínculo causal entre el fundamento de la amnistía y estas fechas –noviembre de 2011 y noviembre de 2023–».
El organismo ha querido ser claro en lo referente a los jueces que han sido participes en las investigaciones de las causas que abarcan el procés independentista –y cualquier otro proceso–: los magistrados no deben acudir a las comisiones del Congreso de los Diputados. Los miembros de la Comisión de Venecia concluyen que llamar a un juez a rendir cuentas a los miembros del Poder Legislativo «representa una interferencia política en la administración de justicia».
«La Comisión considera que para cumplir con los principios de separación de poderes y de independencia del Poder Judicial, las comisiones de investigación creadas por el Congreso de los Diputados no deberían recibir el mandato de convocar, ni siquiera de invitar, a los jueces para que les informen, en particular, sobre el fondo de los asuntos que hayan decidido», especifican en su informe.
Es por ello que subrayan que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ofrece los mecanismos necesarios para denunciar aquellas actuaciones de los jueces que puedan considerarse irregulares y aclaran que las comisiones son un órgano de «control del Poder Ejecutivo». «El objetivo de las comisiones de investigación es supervisar y controlar el trabajo del Poder Ejecutivo, a fin de garantizar la responsabilidad política democrática, mejorar la transparencia y la eficiencia del Gobierno y la administración», inciden, reiterando su rechazo a que los jueces deban acudir a las mismas.
Otro de los aspectos en los que incide la Comisión es la escasa aprobación que tiene la ley de amnistía entre los distintos estamentos de la sociedad. La forma en la que se ha tramitado en el Congreso de los Diputados «ha ahondado en una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el Poder Judicial, en el mundo académico y en la sociedad española», por lo que piden que «las autoridades y fuerzas políticas españolas se tomen el tiempo necesario para un crear un diálogo significativo en el espíritu de cooperación leal entre las instituciones del Estado» que redunde en un mayor apoyo social a la norma que logre «la reconciliación social y política».
Alcance temporal «muy largo»
El organismo dependiente del Consejo de Europa opina que el alcance temporal que tendrá la ley de amnistía, entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, es un período «muy largo» al que no encuentra una relación «causal» para su elección, por ello piden «reducir el ámbito temporal de aplicación de la amnistía».
Los miembros de la Comisión de Venecia demandan que se acote el espacio temporal para «que los efectos de la ley sean más previsibles», ya que «de lo contrario socavaría la confianza pública en la observancia y el respeto de la Constitución y la ley». El organismo, que cree que el Congreso no ha dado razones suficientes para justificar por qué estas fechas son las «adecuadas», destaca que «la falta de claridad y determinación de su ámbito» conlleva el riesgo de generar suficientes situaciones «controvertidas» a la hora de aplicar la norma, trasladando los conflictos «del nivel político al judicial». «Este resultado no sería coherente con el propósito de la amnistía como tal», insisten.
Asimismo, en las conclusiones, la Comisión destaca que no encuentran «ninguna justificación» para que el espacio temporal en el que se va a aplicar la amnistía se haya adelantado dos meses, hasta el noviembre de 2011, cuando en la primera votación fallida en el Congreso el proyecto hablaba que la aplicación de la norma comenzaría en enero del 2012. «La
reciente ampliación del ámbito temporal de aplicación en dos meses, sin ninguna justificación, suscita inquietud en cuanto al carácter general de la amnistía», determina el informe.
Terrorismo
Respecto al terrorismo, reitera que el principio rector debería ser que las amnistías sólo son compatibles con las normas internacionales si las violaciones graves de los derechos humanos quedan excluidas de su ámbito de aplicación y hace alusión a los últimos cambios introducidos en la norma.
Modificaciones que delimitan los delitos que no son amnistiables, aquellos que hayan causado intencionadamente una violación grave de los derechos humanos, tal y como vienen recogidos en la normativa europea y en el Convenio europeo de Derechos Humanos.
Además de esta recomendación referida al terrorismo, el informe aconseja delimitar desde el punto de vista temporal y material qué es lo que está cubierto por la amnistía y establecer una relación más directa entre los preparativos de las consultas independentistas de 2014 y 2017 y los actos de malversación y corrupción que quedarían amnistiados.
