El CGPJ declara que la amnistía es inconstitucional porque vulnera la igualdad
Los vocales se han decantado por el texto de Wenceslao Olea, uno de los dos que se han presentado al Pleno
Los vocales del CGPJ en una imagen de archivo. | Europa Press
Era un secreto a voces. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves por mayoría un informe no vinculante que considera que la ley de amnistía es inconstitucional. Se suman a las críticas de los letrados de las Cortes y de la Comisión de Venecia. Los miembros del órgano de gobierno de los jueces consideran que la norma vulnera el derecho a la igualdad y el principio de separación de poderes. También ponen en duda la indeterminación de la norma y su ámbito temporal. Los vocales se han decantado por el texto de Wenceslao Olea, uno de los dos que se han presentado al Pleno.
El texto de Olea ha obtenido el respaldo de nueve de los 16 vocales. El informe de Cabrejas, que considera que la ley de amnistía tiene encaje en la Constitución, ha obtenido cinco apoyos. El vocal Enrique Lucas y el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, han votado en blanco. Cabrejas ha anunciado que presentará su texto como voto particular, al que se adhieren los vocales progresistas Roser Bach, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda.
El informe aprobado incide en que la proposición de ley de amnistía no justifica su adecuación a los valores, principios y condiciones de la Constitución. Defiende que ninguno de los preceptos legales vigentes, ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo, permiten concluir que la amnistía esté reconocida en el ordenamiento jurídico español.
«La amnistía discrimina»
El informe de Olea insiste en que la proposición socava el derecho a la igualdad, ya que el fundamento de la ley que podría justificar el trato discriminatorio es insuficiente y arbitrario. Tampoco ve admisible que el Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales, salvo en los supuestos autorizados por la Constitución, como ocurre con los indultos particulares acordados por el Gobierno, por lo que vulnera el principio de separación de poderes.
Por lo que respecta a la tramitación parlamentaria elegida, el informe de Olea aprobado por la mayoría conservadora del CGPJ sostiene que es arbitraria y que no se motiva su urgencia. El ponente entiende que tampoco supera el juicio de constitucionalidad atendida su naturaleza de ley singular y no cumple la exigencia de que las causas que la motivan no sean arbitrarias.
La propuesta de Cabrejas, en cambio, sostiene que «el silencio constitucional respecto de la amnistía no significa que exista un vacío jurídico». La vocal progresista defiende que la norma no supone una intromisión en la actuación de los jueces, pues, como toda ley, presupone necesariamente su aplicación por los tribunales en el ejercicio de la función jurisdiccional.
En su opinión, la constitucionalidad de la ley de amnistía pasa por acreditar que se persigue un fin legítimo que justifica de forma objetiva y razonable la diferencia de trato dispensada a las conductas delictivas amnistiadas respecto de aquellas otras que no lo son. No obstante, ambas propuestas ven inconcreciones en la ley. Concretamente, en lo relativo al espacio temporal de los actos amnistiados, que se adelantó al 1 de noviembre de 2011, y a los actos que puede ser calificados como terrorismo, por los que se investiga al expresidente Carles Puigdemont.
El CGPJ designó el 13 de diciembre al conservador Olea y a la progresista Cabrejas como ponentes de la propuesta de informe a la ley de amnistía que solicitó el Senado. Ambos vocales trasladaron las conclusiones a sus compañeros hace nueve días. Un escenario sin precedentes: aunque ya se habían designado dos ponentes en otras ocasiones, es la primera vez que se presentan dos informes distintos. Otras veces, ante la falta de acuerdo, se optó por encargar la tarea a un tercero.
Sin consenso posible
En las últimos días se había especulado con la posibilidad de que ambas sensibilidades llegaran a un consenso, algo que fuentes del sector conservador descartaron a THE OBJECTIVE. «Veo muy difícil, casi imposible, que haya consenso. Partimos de principios de base muy distintos, postulados muy lejanos», explicaron varios vocales del CGPJ.
No es la primera vez que el CGPJ se pronuncia sobre la amnistía. El pasado 6 de noviembre, antes de que el PSOE registrara la proposición de ley y de que el Senado reclamase informe al órgano de gobierno de los jueces, los vocales se pronunciaron a través de una declaración institucional aprobada por su Pleno. En aquella declaración, el Consejo advertía de que, si se aprobaba una norma en ese sentido, supondría la «abolición» del Estado de derecho, lo que provocó una división interna entre los bloques.
