La deuda de España por las renovables alcanza los 1.800 millones tras una nueva sentencia
Un tribunal internacional ratifica una condena que obliga a pagar 28 millones a la empresa alemana RWE
Aerogeneradores de energía renovable en Estados Unidos. | Karen Focht (Zuma Press)
Nuevo revés para España por retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. Un tribunal internacional ha ratificado una condena de 28 millones de euros. La deuda de nuestro país con las empresas del sector tras una veintena de laudos condenatorios alcanza ya los 1.800 millones, cifra que incluye los honorarios de los abogados y los intereses de demora.
El arbitraje del caso RWE arrancó en diciembre de 2014. La decisión original se publicó en 2019 y exigió a España una serie de compensaciones en relación con siete plantas de energía renovable que vieron alteradas sus condiciones financieras a raíz de la retirada retroactiva de las primas renovables un año antes. La condena impuso a España un pago de 28 millones de euros a la empresa alemana.
Hace unas semanas, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo vinculado al Banco Mundial, tumbó el recurso del Gobierno de Pedro Sánchez, que solicitaba dejar sin efecto la condena impuesta por el caso que afecta a RWE. Los juristas acordaron pronunciarse a favor de la compañía, rechazando las razones de la Abogacía General del Estado, que consideraba que el tribunal se extralimitó en sus facultades al condenar a España.
La batalla de las renovables
Los juristas que tomaron la decisión fueron la finlandesa Carita Wallgren-Lindholm (presidenta), el guatemalteco Álvaro Rodrigo Castellanos Howell y el irlandés Colm O’Hoisin. El tribunal valida la sentencia original del CIADI, en la que se indicaba a España que no puede invocar el Derecho de la UE para eludir sus compromisos en materia de derecho internacional como país firmante del Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
La resolución sostiene que no hubo ninguna «extralimitación de facultades o manifiesta» en el procedimiento original, que condenó a España. La decisión niega que, por existir un marco regulatorio común en el seno del sector energético europeo, se pueda alegar que existe «alguna incompatibilidad con el TCE o su aplicación».
Las empresas de energías renovables perjudicadas han conseguido 26 victorias en el Ciadi, más de la mitad de los procesos que se elevaron ante este tribunal. No obstante, aún queda una docena de laudos por dirimir. España ha sido condenada por el momento a abonar 1.600 millones, cifra a la que hay que sumar al menos otros 200 en concepto de indemnizaciones, condenas en costas, honorarios de abogados y consultores e intereses de demora.
El Gobierno se niega a hacer frente a los pagos. Esa posición ha llevado a muchas compañías a elevar las cuestiones a tribunales ordinarios, que ya han abierto la puerta a embargar activos españoles en esos territorios. Reino Unido y Australia decidieron embargar activos españoles para contrarrestar los impagos. Entre los inmuebles más relevantes destaca el Instituto Cervantes de Reino Unido o la sede del Instituto Vicente Cañada Blanch en Londres. A eso hay que añadir el daño a la reputación del país.
Carta de la Energía
El origen de la situación se remonta a 2007, cuando el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un ambicioso programa de ayudas para apoyar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Seis años más tarde, Mariano Rajoy decidió retirarlas con carácter retroactivo y comenzaron a acumularse los litigios. Las compañías alegaban que la reforma legislativa del gobierno del PP reducía la rentabilidad prevista por numerosas instalaciones renovables.
Los inversores acudieron a la corte de arbitraje reclamando pérdidas superiores a los 10.000 millones. Para no pagar, el Gobierno apela a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que data de septiembre de 2021. La resolución limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria al entender que las cláusulas de arbitrajes internacionales son incompatibles con el derecho de la UE. La Comisión Europea anunció en julio su intención de abandonar el TCE, un acuerdo multilateral que ofrece seguridad jurídica a los inversores del sector energético.
