Una juez investiga el ataque a Vox que hirió a tres ertzainas durante la campaña vasca
La formación que preside Santiago Abascal denunció posible delito electoral, de odio, amenazas y coacciones graves
Agentes de la Ertzaintza impiden pasar a los manifestantes durante el ataque a los militantes de Vox en Azpeitia el pasado 14 de abril.
Las elecciones del País Vasco se convirtieron en una auténtica pesadilla para Vox. Sus miembros sufrieron diversos ataques mientras celebraban actos políticos durante la campaña. Una juez ha abierto diligencias por la agresión que padecieron los militantes que el pasado 14 de abril organizaron una mesa informativa en Azpeitia (Guipúzcoa). Los asistentes tuvieron que abandonar apresuradamente la Plaza del Mercado escoltados por la Ertzaintza. Tres agentes resultaron heridos. La formación que preside Santiago Abascal denunció delito electoral, de odio, amenazas y coacciones graves.
La magistrada Claudia Núñez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Azpeitia, ya investiga los hechos. En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, solicita a la Ertzaintza «practicar gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos investigados». También pide recopilar los vídeos que existen sobre la agresión que sufrieron los simpatizantes de Vox que acudieron el 14 de abril a una mesa informativa instalada en Azpeitia (14.700 habitantes).
La juez demanda a los agentes que identifiquen a las personas que intervinieron en «los hechos de apariencia delictiva» que denunció Vox. También les ha solicitado que le informen si existieron «llamamientos y convocatorias previas por parte de colectivos radicales con la finalidad de boicotear los actos informativos» de dicho partido en Azpeitia.
Acoso a Vox
Vox llevó a los juzgados una campaña de «acoso y hostigamiento» que, según la formación, padeció desde el inicio de la campaña electoral vasca. Sus servicios jurídicos presentaron tres denuncias por delitos de odio, amenazas, coacciones graves por impedir el ejercicio del derecho fundamental de reunión y delito electoral. A pesar de estos hechos, la formación verde logró mantener en los comicios del pasado 21 de abril el único escaño con el que contaba en el Parlamento vasco.
Los de Abascal sufrieron ataques en diversas localidades durante la campaña, como en Getxo y Mondrágon. En Azpeitia «alrededor de 300 jóvenes radicales vascos, perfectamente organizados» impidieron «con actitudes violentas» que Vox celebrara un acto de campaña. «Simpatizantes de Bildu que esperaban con antelación la llegada de cargos y afiliados (…) les han recibido con insultos y amenazas, por lo que la Ertzaintza ha considerado conveniente trasladar la mesa informativa a otro lugar».
La mesa iba a ser instalada en la Plaza de Nagusia entre las 11.00 y las 13.00 horas, según consta en la denuncia de Vox a la que ha tenido acceso este diario. A pesar del cambio de ubicación, los radicales irrumpieron en el nuevo emplazamiento a las 11.40 horas «profiriendo insultos y amenazas» contra los asistentes. La situación provocó la intervención de la Ertzaintza, que se vio obligada a establecer un cordón de seguridad. El ataque continuó, así que las autoridades recomendaron «evacuar».
La denuncia afirma que los manifestantes comenzaron entonces a «arrojar piedras y objetos de vidrio» contra los miembros y simpatizantes de Vox. Tres agentes que realizaban labores de escolta resultaron heridos. El escrito insiste en que las grabaciones que existen en las redes sociales y los medios de comunicación pueden acreditar lo sucedido. No obstante, la formación de Abascal aportó distinto material audiovisual al juzgado para demostrarlo.
Normalidad democrática
Vox alude que en el ataque pudieron haberse cometido cuatro delitos: electoral, de odio, amenazas y coacciones graves. El delito electoral está recogido en el artículo 147 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) y castiga con penas de cárcel de entre tres a 12 meses a quienes «perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral o penetren en los locales donde éstos se celebren portando armas u otros instrumentos susceptibles de ser usados como tales».
La formación verde sostiene que las acciones de los manifestantes consiguieron que el acto «no pudiera discurrir con normalidad democrática». En su opinión, esta falta de normalidad lesiona el derecho de libertad ideológica. En la denuncia se esgrimen distintas sentencias del Tribunal Constitucional que subrayan el valor del pluralismo político como requisito del funcionamiento del Estado democrático.
El escrito que Vox presentó en el juzgado también alude a un posible delito de odio, recogido en el artículo 510 del Código Penal. Este precepto castiga con una pena de prisión de uno a cuatro años o multa de seis a 12 meses a «quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada».
La formación incluye en la denuncia posibles delitos de amenazas y coacciones graves. El primero está desarrollado entre los artículos 169 y 171 del Código Penal, que establece penas de prisión de hasta dos años para quienes intenten «atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional». El delito de coacciones, recogido en el precepto 172, está castigado con penas de cárcel de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.
