El fiscal general justifica la recusación a cuatro magistrados del Tribunal Supremo
Denuncia una «identidad de objetivos» dentro de las asociaciones de jueces y fiscales con «determinados partidos políticos»
El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz | M. Dylan - Europa Press
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha justificado la recusación en la que solicita que cuatro magistrados del Tribunal Supremo no se hagan cargo del recurso contra su renovación y decidir si continúa o no en el cargo alegando que «es más sano» que «otros ojos» examinen la alegación y no lo hagan quienes le han acusado de haber incurrido en una desviación de poder. Además, ha reivindicado su «legítimo derecho» a defenderse.
En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, García Ortiz ha defendido que es «bastante sensato» que sean otras personas quienes estudien el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su renovación, dado que los cuatro magistrados que pide apartar son los mismos que esta semana han acordado anular el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
«Si la base argumental de esa demanda es que yo he incurrido en desviación de poder, que los mismos magistrados que han dicho que yo he incurrido en desviación de poder tengan que juzgarse a sí mismos, a mí no me parece lo más conveniente. Es más sano que otros ojos examinen si esa alegación puede ser rebatida o no», ha explicado el fiscal general, ironizando con que en estos días le han llegado a comparar «hasta con (Carles) Puigdemont».
Eso sí, ha incidido en que si la ‘Sala 61’ no acepta su recusación «tendrá sus motivos» y será «tan perfectamente legal y legítimo plantear la recusación como sea resuelta ir a ese pleito» y ejercer sus derechos a defenderse. «Ejercer lo que dice la norma, lo que dice la ley, para defenderte o para defender una tesis o una pretensión, no puede ser nunca objeto de manipulación o de discusión», ha agregado.
Preguntado sobre si se siente perseguido por el Tribunal Supremo tras la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, ha indicado que «nadie se puede sentir perseguido» por el TS, ya que un fiscal general «no puede sentir que es perseguido en absoluto.
Asociaciones de jueces y fiscales
Por otra parte, el fiscal general del Estado se ha pronunciado sobre la politización de la justicia y ha asegurado que si bien no cree que se pueda decir que haya «complicidad» entre la judicatura y partidos políticos, sí hay una «identidad de objetivos» dentro de las asociaciones judiciales con «determinados partidos políticos».
«Yo no puedo decir que en el ejercicio de su profesión los miembros de la Judicatura y los partidos políticos estén combinados. Lo que sí que creo es que hay una identidad de objetivos a veces entre elementos corporativos dentro de las asociaciones judiciales y fiscales, hay objetivos idénticos que los que tienen determinados partidos políticos», ha expresado.
García Ortiz ha admitido que hay «un debate de fondo muy interesante» sobre si sería mejor que las asociaciones de jueces y fiscales no manifestaran públicamente su identificación ideológica, ya que la ley les prohíbe «formar parte de los partidos políticos o de los sindicatos». «Cuando se funden, a lo mejor estamos confundiendo un poco el foco», ha agregado.
No obstante, confía en que la sociedad «ha evolucionado» y que la libertad de expresión «es un tesoro que todos tenemos», por lo que cree que las instituciones «tienen que dar otro tipo de soluciones que no son específicamente jurisprudenciales» y que en todo caso debe ser «el legislador» quien ponga esa reflexión «en la norma».
«Error de concepción» del Senado
Por otra parte, ha asegurado que la reprobación del Senado en su contra es «un error de concepción» de la Cámara Alta de lo que es el Ministerio Fiscal y el fiscal general del Estado es una democracia, porque no se le ve como «un actor político». «El hecho de que el Senado vea al fiscal general como un actor político, la verdad es que le da la vuelta a toda la consideración que ellos mismos argumentan, de que el fiscal general del Estado no es un actor político y que no puede ser cesado por el Gobierno. Realmente, ese es el problema», ha argumentado García Ortiz.
En este sentido, ha indicado que la reprobación del Senado no le hace plantearse su dimisión porque es el fiscal general del Estado «del PP, de Vox, del PSOE, de Junts, de ERC y de cualquier ciudadano de este país».
