García Ortiz apunta a los jueces del Supremo para ganar tiempo: «Busca ir al Constitucional»

El último movimiento de Álvaro García Ortiz ha generado un terremoto. El fiscal general del Estado ha recusado a cuatro magistrados del Tribunal Supremo que deben decidir sobre su continuidad al dudar de su objetividad por ser los mismos que le condenaron por promocionar a la máxima categoría a su antecesora, Dolores Delgado. Los fiscales consultados por THE OBJECTIVE afirman que esa estrategia le garantiza dilatar los plazos del recurso que presentó una asociación y le facilita acudir al Tribunal Constitucional en caso de que la sentencia sea negativa. Su decisión también ha soliviantado a los jueces.

García Ortiz ha presentado un incidente de recusación contra cuatro de los cinco magistrados que conforman la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Estos jueces deben resolver el recurso que presentó la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en febrero contra su nombramiento. Son los mismos que advirtieron en noviembre que había incurrido en una «desviación de poder» al proponer el ascenso de Delgado como fiscal de la Sala de lo Militar del alto tribunal.

Los fiscales muestran su estupor por la decisión. «No tiene sentido. Te pueden condenar por desviación y, sin embargo, no existir causa para anular su nombramiento», defienden los miembros de la carrera. En su opinión, se trata de «una jugada procesal poco inteligente», ya que están convencidos que de que la Sala del 61 del Supremo, de quien depende la decisión sobre las recusaciones solicitadas, no las atenderá.

La ‘jugada’ de García Ortiz

Los miembros de la carrera fiscal consideran que la intención de García Ortiz es ganar tiempo ahora que le cercan los reveses judiciales por beneficiar a su antecesora en el cargo y por la filtración del caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Aun así, sus subordinados califican la jugada de «arriesgada» y como «una auténtica temeridad».

En caso de un nuevo revés, la reputación del fiscal general quedará muy tocada, sostienen sus subordinados. Además, tendrá que hacer frente a las costas del proceso, que podrían superar los 5.000 euros. Los fiscales reconocen que García Ortiz está en su derecho activar los mecanismos que considere necesarios para seguir en el cargo. APIF recurrió en febrero su designación al considerar que no era idóneo para el puesto, tal y como ya había concluido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«El incidente paraliza la tramitación (del recurso de APIF), pero no lo suspende. García Ortiz gana tiempo, pero da igual que el Supremo emita una sentencia en octubre que en diciembre. Al final, va a salir», explican los miembros de la carrera fiscal. Creen que se trata de una estrategia para ganar tiempo, pero también una treta para guardarse las espaldas en caso de que la resolución del alto tribunal sea negativa para sus intereses: la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional, con mayoría progresista.

García Ortiz podría alegar que se ha vulnerado su derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, como establece el artículo 24 de la Constitución. En ese caso, puede presentar un recurso de amparo ante la corte de garantías contra una decisión judicial. Una fórmula recogida en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Para que esa maniobra sea posible, explican los expertos, es necesario que el fiscal general muestre su desacuerdo con las decisiones del Supremo. «Debe denunciar el defecto».

La Sala del 61 a escena

El fiscal general duda de que los jueces que deben decidir sobre su continuidad sean objetivos. En el escrito de recusación hace diversas referencias, entre ellas al magistrado José Luis Requero, que al día siguiente de la sentencia que anuló el dedazo contra Delgado firmó un artículo en el que decía que «basta fijarse en lo que ya es un Tribunal Constitucional y una Fiscalía General del Estado apesebrados».

Los fiscales consultados reconocen que este tipo de alegaciones son insuficientes, ya que las causas para recusar a los magistrados deben estar fundamentadas en la ley, requisito que no cumplirían las quejas de García Ortiz. No creen que su treta salga adelante, pero reconocen que en cuestiones judiciales nunca se sabe. La pelota ahora está en el tejado de la Sala Especial del 61 del Supremo, cuyo nombre proviene del artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece su creación.

Entre sus competencias figura la de estudiar «los incidentes de recusación del presidente del Supremo o de los presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una Sala», como sucede en este caso. La Sala del 61 está formada por el presidente del Supremo, Francisco Marín Castán, cada uno de los presidentes de las salas del alto tribunal y por el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas.

El Supremo debe dar traslado a las partes (APIF y Abogacía del Estado) para que se pronuncien sobre la petición de García Ortiz. En caso de que los magistrados se abstengan, quedarían al margen del recurso que debe decidir su continuidad. Si no lo hacen se activa un expediente y decide la citada Sala del 61.

Acusaciones de ‘lawfare’

La maniobra de García Ortiz ha soliviantado a los jueces, que consideran que poner en solfa el trabajo de unos magistrados raya la acusación de lawfare. «Esta decisión no genera confianza en la ciudadanía. Que se dude de la imparcialidad de los magistrados, especialmente cuando es el propio fiscal general del Estado, profundiza en la polarización y causa un perjuicio importante a las instituciones», señala una voz judicial autorizada.

«Es inusual que el fiscal general recuse a cuatro magistrados del Supremo. Es como el típico justiciable que acusa a los jueces porque no le dan la razón y cree que eso ya les dispone contra él», advierte otro importante juez. Un magistrado con galones profundiza en esa tesis y subraya que los profesionales «resuelven con independencia de quienes sean los sujetos implicados». E insiste: «La sentencia por desviación de poder no supone necesariamente una valoración en contra de su idoneidad. Sería lo mismo que afirmar que si has condenado a un sujeto vas a volverlo a condenar siempre».

 La APIF interpuso en febrero un recurso contencioso-administrativo en el Supremo contra la designación de García Ortiz al considerar que su actuación y su «parcialidad» en favor del Gobierno muestran que su nombramiento no se ajusta a la ley, ya que no sería un jurista de reconocido prestigio la sentencia del alto tribunal que le condenó por desviación de poder. El CGPJ concluyó a finales de noviembre, y por primera vez en su historia, que el fiscal general no era idóneo para el cargo.

Unas horas después de hacerse pública la última resolución contra Delgado, García Ortiz señaló en una entrevista que su figura como fiscal general «está blindada», ya que el Gobierno solo puede cesarlo por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, según establece el artículo 31.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. «Si se tiene que ir, no será por esto. Tiene un follón en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Van a abrir una investigación penal y todo apunta a que la filtración del tema de la pareja de Ayuso vino de arriba», subraya un veterano fiscal.